MADRID.- El poder de Francisco Granados, exconsejero de Presidencia y Justicia de Esperanza Aguirre en Madrid, era tal en la trama corrupta de la Operación Púnica que forzó la dimisión de un alcalde porque se quedaba el dinero de la red y no fluía "hacia instancias superiores del partido".

En las grabaciones que constan en el sumario, queda patente que Granados utilizó a empresas privadas para transmitir sus órdenes a políticos y al resto de la trama.

Por ejemplo, en una grabación entre Juan José Moreno García, exedil de Majadahonda (Madrid), y Raúl Escribano, director general de la promotora Dico, se concluye que los directivos de esta empresa tenían tanta influencia sobre los políticos "que, además, comunican órdenes de otros políticos de rango superior, como es el caso de D. Francisco Granados, actual consejero de la Comunidad de Madrid. Órdenes tan importantes que además se cumplen, como es la de que "Willi", Guillermo Ortega preste su dimisión en la Alcaldía del Ayuntamiento de Majadahonda [Madrid], pues al parecer éste, está cortando el conducto del dinero, quedándoselo él, sin que fluya hacia instancias superiores del partido, cosa que sí hacía su antecesor, D. Ricardo Romero de Tejada”, según figura en las grabaciones que constan en el sumario de la Operación Púnica.

Guillermo Ortega está imputado en el caso Gürtel; por su parte, Ricardo Romero de Tejada está imputado en el caso sobre el uso indebido de las tarjetas black de Caja Madrid. A su vez, Moreno García ayudó a destapar la trama Gürtel.

El poder de Dico

Tanto poder tenía la empresa Dico que uno de sus directivos exigió al entonces alcalde Guillermo Ortega, Willi, su dimisión, ofreciéndole el cargo “que quiera” de la Comunidad de Madrid, “que le será concedido, pero que deje la Alcaldía y no obture el flujo de dinero” (sic).

Ortega tomó posesión como alcalde de Majadahonda en mayo de 2001 y el 3 de febrero de 2005 dimitió por "razones personales y de salud". Willi fue nombrado director del Mercado Puerta de Toledo de Madrid con un sueldo de 6.000 euros al mes con cargo a la Comunidad de Madrid.

En este detalle la investigación judicial aprecia la fuerza del Grupo Dico y la connivencia que tienen sus administradores con Romero de Tejada y el propio Granados dado que estos, “no son capaces de hacerlo dimitir, puesto que tienen lo mismo o más que ocultar que Willi”.

El grupo Dico, junto con los políticos y técnicos municipales, inició el proyecto "Carril del Tejar" de Majadahonda, "uno de los desarrollos urbanísticos que más plusvalías ha dejado a las empresas intervinientes y elegidas no solamente por afinidad, sino también por dinero o por cobrar en especie".

El agujero en Majadahonda

El nivel de cohecho era tan elevado entre los políticos, que Moreno García revela en las escuchas que habían recaudado 80.000 millones –se entiende que de pesetas- y que se habían “perdido". Lo que hace que el agujero del Consistorio del Ayuntamiento de Majadahonda se acerque a los 300 millones de euros.

Otro exdirectivo de Dico, David Merino, relató en una grabación que pagaban cohechos a alcaldes y políticos por adjudicaciones: se podía pagar con viviendas vacaciones, "se paga con obras privadas que tiene que hacer esta gente en sus casas, en sus pueblos... se paga con todo, con putas, con prostitutas con ocio, con cacerías, con grandísimas ofrendas de Navidad, viandas... Yo no conozco casi ninguna operación nuestra ni de otro grupo que no se haya hecho con esto"

La contraprestación económica por esas adjudicaciones, según la citada entrevista, se entregaba a los "políticos de turno" como Ortega y Romero de Tejada, "formando así la trama que cierra el círculo entre políticos, asesores urbanistas, técnicos municipales y empresarios", sostiene la investigación.

El pelotazo de Granados: 2,8 millones en un día

El 31 de agosto de 2007 fue un día muy lucrativo para Francisco Granados, entonces consejero de Presidencia e Interior de la Comunidad de Madrid y diputado por la Asamblea de Madrid, con una retribución de 106.000 euros.

Aquel día ganó 2,8 millones de euros en diferentes ventas de terrenos e inmuebles, según el informe de la Agencia Tributaria que analiza el movimiento económico de sus cuentas y declaraciones de renta.

Granados compró ese día un inmueble por 62.000 euros y lo vendió años más tarde por 672.000 euros. Tambien vendió ese día por 558.000 euros una vivienda que había comprado siete años antes por 53.000 euros.

La tercera operación fue la venta de diversos terrenos en Valdemoro por valor de 1.440.000 euros a la empresa Servicios Logísticos Inmobiliarios. La cuarta operación de aquel día tan redondo supuso una plusvalía de 240.000 euros.

Tres años después Granados compró Servicios Logísticos Inmobiliarios un chalet en Marbella que registró a nombre de su mujer y que le costó 300.000 euros. Dos años más tarde, el matrimonio adquirió otro chalet marbellí.

Granados, al igual que su amigo David Marjaliza, líder de la trama, se encuentra en prisión provisional desde el pasado mes de octubre por orden del instructor del caso, Eloy Velasco, titular del juzgado central de instrucción 6.

La investigación a Granados se inició a raíz de una nota remitida por las autoridades suizas que alertaron de que un político español, en ese momento senador del PP, tenía una cuenta en uno de sus bancos con un dinero de origen desconocido.