Los designios de lo privatizado son inescrutables. Por poner un ejemplo: el Ayuntamiento de A Coruña paga más a la empresa que gestiona la O.R.A. y la grúa de lo que ingresa por ambos conceptos. Es decir, que los coruñeses se verían doblemente beneficiados si el municipio arrancara los parquímetros y regresara a los tiempos edénicos del estacionamiento libre. No tendrían que pagar la ORA ni tampoco el sobrecoste de la adjudiciación.

Sólo entre 2009 y 2012, el ayuntamiento coruñés tuvo que abonarle a la adjudicataria Doal S.A. 2.272.049 euros por el presunto sobrecoste. Ahora la jueza lucense Pilar de Lara, instructora de la operación Pokemon contra la corrupción municipal en Galicia, investiga si esta empresa pudo incurrir en un delito de tráfico de influencias. De Lara ha imputado esta semana a 39 funcionarios del ayuntamiento y trabajadores y directivos de Vendex, matriz de la concesionaria Doal.

La Pokemon es la mayor trama de corrupción investigada jamás en Galicia. Propició incluso la detención de los alcaldes de Ourense (Francisco Rodríguez, PSdeG-PSOE) y Boqueixón (Adolfo Gacio, PP). También el alcalde de Lugo (Xosé López Orozco, PSdeG-PSOE) resultó imputado, y el de Santiago de Compostela (Ángel Currás, PP) se vio obligado a dimitir.

Una extensa red de concejales de los dos grandes partidos, y también del Bloque Nacionalista, han sido implicados por la juez De Lara. Presuntamente, recibían sobornos y dávidas por trampear concesiones municipales en favor de la empresa Vendex y sus filiales.

Trabajadores y directivos de la filial de Vendex, Doal, indultaban las multas a determinados infractores

En el curso de su investigación, De Lara ordenó el pinchazo de varios teléfonos, entre ellos el de José María Tutor, delegado de Vendex en Galicia. La transcripción de estas conversaciones hace evidente que trabajadores y directivos de la filial de Vendex, Doal, indultaban las multas a determinados infractores, con el consiguiente perjuicio a las arcas municipales.

Doal S.A. consiguió en 2005 la concesión por ocho años (más dos prorrogables que se cumplen ahora) de la gestión del cobro de la O.R.A. y del servicio de grúa coruñeses. Era alcalde entonces el socialista Francisco Vázquez, más tarde embajador ante la Santa Sede con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y caballero de la Orden del Imperio Británico.

Dicho acuerdo establecía un mínimo de recaudación en O.R.A. y grúas, por encima del cual el superávit se lo repartirían el Ayuntamiento (95%) y Doal (5%). Pero si el mínimo anual no se cumplía, el consistorio estaba obligado a completar las previsiones de la empresa con dinero de las arcas municipales. Y nunca se cumplió ese mínimo. Entre los años 2008 y 2012 el déficit incluso se disparó hasta una media de más de 550.000 euros anuales.

"Es una manera curiosa de privatizar, porque la empresa privada siempre garantiza sus beneficios y el ayuntamiento se la juega. Por eso, ya cuando se celebró el concurso, hubo polémica. Todo el riesgo y toda la responsabilidad los asume el Ayuntamiento. ¿Quién no aceptaría ese contrato?", señala a Público Manuel Aceña, portavoz del sindicato coruñés de Policía Local.

Entre los propios policías la forma de contratar con Doal levantaba suspicacias. Eran los trabajadores de la concesionaria los que, sin ninguna supervisión oficial, se encargaban de la recaudación. Por tanto, tenían enormes facilidades para falsear las cuentas quedándose con parte del metálico de los parquímetros y declarando ante el ayuntamiento una recaudación menor a la real.

"Quien pasa el cepillo no está tutelado. A nosotros nos extrañaba que todo eso no se fiscalizara más. Alguien tendría que fiscalizar esas cuentas. Intuíamos cosas que no nos gustaban, pero nunca tuvimos esas sospechas muy claras", recuerda el policía.

Enfrentamiento con la jerarquía

Agentes municipales han protagonizado, a lo largo de estos últimos años, varios enfrentamientos con la jerarquía consistorial a causa de las rarezas a la hora de gestionar esta contratación. Un delegado del sindicato de Aceña llegó a ser expedientado por denunciar el exceso de agentes obligados a prestar servicio a bordo de las grúas de Doal.

"Teníamos la consigna de patrullar buscando vehículos para ser retirados", denuncia un policía municipal

"Hubo servicios de fin de semana en los que llegamos a tener tantos policías subidos en las grúas como patrullando en la calle. ¿Tú has visto alguna vez a un guardia civil subido a una grúa? Había sobreprestación policial en las grúas. Además, teníamos la consigna de patrullar buscando vehículos para ser retirados. A veces, muchas de esas retiradas se podrían haber saldado con una simple multa, porque los vehículos no entorpecían el tráfico. Pero recibíamos orden de llevárnoslos. No es nada manifiestamente ilegal, pero tienes la sensación como policía de que deberías de estar haciendo cosas más importantes", dice Aceña. Hace ya cuatro años que los policías coruñeses lograron que no se les destinara más a patrullar a bordo de las grúas privadas.

Aceña relata que también recibían, con cierta periodicidad, presiones veladas para incentivar el afán recaudatorio. "Las presiones para que retiráramos más coches eran relativas y muy sutiles. Llegaban circulares de la empresa Doal advirtiendo de que la recaudación había bajado, y cosas así".

Sin embargo, las investigaciones de la jueza Pilar de Lara no se centran ahora en esta efusión recaudatoria, sino en todo lo contrario: en la retirada de sanciones con solo levantar un teléfono. Una red corrupta de conductores intocables que utilizaban sus contactos con Doal/Vendex y el ayuntamiento para defraudar al consistorio. Funcionó durante diez años. Hasta que llegó su O.R.A.