MADRID.- La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), que depende del ministerio de Hacienda, investiga a Rodrigo Rato desde el 2013, un año después de que el exvicepresidente económico y exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional se acogiera a la amnistía fiscal.

Los detalles de esta investigación ya comienzan a ser filtrados a los medios de comunicación. Así, El Economista revela que nada más acogerse a la amnistía fiscal, Rato inyectó en 2013 un total de 5,4 millones de libras (7,5 millones de euros) en una firma domiciliada en Londres.

El Mundo es el medio que más detalles aporta sobre la investigación de Hacienda contra Rato y que ha servido de base para que la Fiscalía de Madrid presentara su denuncia en el juzgado de guardia ante el temor a que destruyera pruebas después de la escalada de filtraciones sobre esta investigación secreta.

Los periodistas Carlos Segovia y Fernando Lázaro, de El Mundo, desvelan que Rato y su familia poseen un patrimonio de 26,6 millones de euros repartido entre varios países y que comparte con su exmujer y sus hijos. Entre este patrimonio figura un hotel en Berlín, el Catalonia Berlin Mitte de cuatro estrellas y por el que cobra un alquiler de 17 millones de euros, junto al resto de socios. También participa de dos Sicav (Sociedad de Inversión de Capital Variable, con elevados beneficios fiscales).

Una empresa con sede en Sotogrande (San Roque), Kradonara 2001, está en el punto de mira de la investigación ya que es propiedad de la firma VivaWay Limited, con sede en Londres y administración desde Gibraltar y cuyo verdadero titular es Rato, según revela El Mundo. Es la sociedad en la que Rato inyectó esos 7,5 millones de euros después de acogerse a la amnistía fiscal, según revela El Economista.

El 30 de julio de 2013, Rato donó a sus tres hijos un total de 2,6 millones de euros en participaciones de cuatro sociedades y, según publica El Mundo, este dinero regresó a Rato posteriormente. Para ello, adquirió dichas participaciones por medio de ampliaciones de capital. La sociedad que utilizó fue Kradonara cuyo último beneficiario sería el propio Rato aunque la titularidad es de Findsbury Holdings Limited GB.

Rodrigo Rato pudo haber defraudado casi 3 millones de euros en las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y en el Impuesto de Sociedades.

Hacienda estima que sólo en los ejercicios 2012 y 2013, Rato pudo eludir el pago de 1,42 millones de euros en el IRPF. Respecto al Impuesto de Sociedades, la defraudación alcanzaría los 939.741 euros en los ejercicios 2011, 2012 y 2013. Rato y su familia tributaron 2.884 euros en 2013 por intereses y dividendos.

Despatrimonialización ante el 'caso Bankia'

Además, Hacienda había detectado presuntas operaciones de despatrimonialización “que se vienen produciendo con mucha intensidad en los años 2014 y 2015 y que podría derivar de las posibles responsabilidades pecuniarias que le pueden ser exigidas a Don Rodrigo Rato Figaredo en el proceso judicial denominado Bankia", según el informe que citan ambos periodistas.

Bankia depositó hace un mes la fianza civil de 800 millones de euros requerida por el juez central de instrucción 4, Fernando Andreu, dentro del sumario que investiga la salida a bolsa de la entidad durante la presidencia de Rato.

La entidad financiera ha enviado a Rato un requerimiento para que aporte 133 millones de euros en el juzgado. Supone el pago de su parte alícuota de esta fianza, y así lo anunció la entidad en el escrito que presentó hace un mes al juez Andreu cuando se hizo cargo de la fianza solidaria. Esta caución pesa sobre Bankia, el Banco Financiero de Ahorros S. A., Rato y sus exdirectivos Francisco Verdu, y Jose Manuel Fernández Norniella y José Luis Olivas.

El juez instructor del caso cree que en la salida a bolsa se pudo cometer un delito tipificado en el Código Penal en el artículo 282 bis, que castiga a los administradores que falseen la información económica financiera contenida en los folletos de emisión de cualquier instrumento financiero.

El Fiscal Anticorrupción, Antonio Salinas, ha solicitado a la Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal, encargarse de este caso ya que considera que existe conexidad con las investigaciones abiertas desde hace meses en dicha Fiscalía.

Anticorrupción mantenía abierta una investigación desde 2013 contra varias decenas de personas, entre las que se encuentran Rato y su familia. Sin embargo, Hacienda optó por puentearla y recurrir a la Fiscalía de Madrid para presentar la denuncia en el juzgado de guardia el pasado jueves.