MADRID.- Pujol Jr ha sacado más de cinco millones de euros de sus cuentas en Andorra desde que se le investiga. Así lo afirma El Confidencial, que asegura la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha recibido en los últimos días la comisión rogatoria sobre las cuentas que Jordi Pujol Ferrusola tenía en las entidades andorranas AndBank y Banca Privada d'Andorra (BPA). 

El diario digital señala que, según fuentes bancarias implicadas en el caso, el hijo mayor de los Pujol Ferrusola realizó decenas de ingresos en efectivo en sus cuentas del Principado y comenzó a sacar el dinero cuando sintió el cerco de la Audiencia Nacional utilizando Panamá, México, Argentina y Reino Unido como nuevos refugios de sus cuentas y sociedades. 

De la documentación aportada por las autoridades andorranas, se extrae que Jordi Pujol Jr. realizó durante años decenas de ingresos en efectivo, tal y como ya señaló su expareja Vicky Álvarez. Así, un coronel de la Guardia Civil también confirmó en el Parlament que el clan de los Pujol Ferrusola realizaba continuos viajes a Andorra para realizar aportaciones a sus cuentas.

Panamá: nuevo destino favorito

El país que más fondos recibió de los Pujol ha sido Panamá. El hijo mayor del clan habría utilizado como tapadera en el país centroamericano la firma Copeland Foundation, una sociedad que hasta ahora no había aparecido en ninguna de las diferentes investigaciones sobre la familia. Las fundaciones panameñas de interés privado permiten ocultar todo tipo de activos con mayor opacidad incluso que la que ofrece una sociedad instrumental puro. De hecho, también Luis Bárcenas, extesorero del PP, recurrió a una fundación panameña para ocultar en Suiza hasta 25 millones de euros. 

Los Pujol han sostenido hasta el momento que el único dinero que tenían en Andorra provenía de una herencia familiar. De hecho, la defensa de la familia trató de impedir que los datos fueran remitidos a España planteando recursos contra la petición de la comisión rogatoria. No obstante, la Justicia andorrana autorizó el envío de información a las autoridades judiciales españolas.