ZARAGOZA.- El cumplimiento de la ley, o la impunidad para vulnerarla, se convierten en ocasiones en cuestiones de constancia. O de inconstancia, según se mire. Inlcuso de formalismo. La combinación de esos conceptos ha hecho que ningún ayuntamiento aragonés haya vulnerado, formalmente, la Ley de Memoria Histórica en los tres últimos años: ni los que permiten que numerosos edificios conserven las placas con yugo y flechas del Ministerio de la Vivienda, ni los que mantienen calles dedicadas al general Franco, como los de Mainar –su alcalde, Esmeraldo Marzo, ya lo era en la dictadura-, Belmonte de Calatayud, Maluenda, Illueca, Miedes o Lécera, ni tampoco los que deciden que el dictador siga como titular de distinciones, caso de la medalla de oro de Calatayud cuya retirada, propuesta por el PSOE, impidió hace unas semanas el PP y eludió apoyar C’s con su abstención.

“No se tiene constancia de ningún incumplimiento” de esa ley, señala el consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, Vicente Guillén, en una respuesta parlamentaria a la diputada autonómica de IU, Patricia Luquin, en la que anota que, como consecuencia de esa situación, el ejecutivo “no ha adoptado medida alguna, hasta la fecha”, para conminar a ningún ayuntamiento a acatarla.

La parlamentaria se había interesado por conocer el grado de cumplimiento que la comunidad autónoma estaba dando al mandato que, por unanimidad y a propuesta de IU, le hizo la Comisión Institucional de las Cortes de Aragón en febrero de 2013: dirigirse a todos los consistorios “en los que se tenga constancia” de vulneraciones de la Ley de Memoria Histórica para instarles a “cumplir con la obligación” de retirar “todos los escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la guerra civil y de la represión de la dictadura”.

Dispuestos a actuar cuando tengan constancia

Sin embargo, se ha encontrado con que el Ejecutivo autonómico no ha tomado ninguna medida ni se ha dirigido a ningún ayuntamiento desde entonces. Básicamente, porque nadie ha puesto en su conocimiento ningún incumplimiento. El Gobierno, no obstante, se muestra dispuesto a cumplir ese mandato “en el mismo momento que se tenga dicha constancia” de una vulneración.

Esta paradójica situación es consecuencia directa de la dinámica parlamentaria. La unanimidad del acuerdo, en una cámara en la que PP y PAR sumaban mayoría absoluta, conllevó un cambio del planteamiento inicial, en el que IU abogaba por instar al Ejecutivo a “dirigirse a todos los ayuntamientos aragoneses” para instarles a cumplir la ley y a “tomar las medidas oportunas” para que los que no lo hicieran quedaran “excluidos de todo tipo de ayudas y subvenciones” de la comunidad.

Esta situación de pasividad resulta llamativa en un Gobierno que se ha mostrado sensible hacia la memoria histórica. De hecho, su presidente, Javier Lambán (PSOE), anunció hace unas semanas que el currículo educativo aragonés incluirá a partir del próximo curso contenidos específicos sobre la guerra civil y la dictadura. Y el acuerdo de investidura con su socio, Chunta Aragonesista (Cha), incluye el compromiso, que Podemos e IU ven con buenos ojos, de “aprobar una ley aragonesa de localización e identificación de las personas desaparecidas durante la guerra civil y la dictadura franquista y de dignificación de las fosas comunes”.

Entidades como Armha (Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón) han reclamado en varias ocasiones la aprobación de esa norma autonómica, convencidos de que facilitará los objetivos de investigación y rehabilitación de las entidades memorialistas.

La enfermera que no cuidaba rojos y el rector de la purga

Uno de sus responsables, Enrique Gómez, pone el acento en el vacío legal que, en la práctica, rodea algunos aspectos de la recuperación de la memoria, como es el de la simbología. “La Administración tiene razón en que los símbolos no están catalogados”, señala, antes de destacar otros dos aspectos que dificultan la aplicación de la normativa estatal: “Los ayuntamientos son autónomos” y “los criterios no están definidos”. “¿Qué hacemos con las calles dedicadas a alcaldes? ¿Y con las dedicadas a militares africanistas de la campaña de Sidi ifni?”, se pregunta.

Gómez, que recuerda las numerosas placas del Ministerio de la Vivienda franquista que siguen visibles en edificios y grupos de pisos sociales y anota cómo céntricas calles zaragozanas conservan placas con símbolos franquistas, apunta dos casos que la capital aragonesa, que efectuó hace cinco años el último barrido de su callejero, sigue sin resolver.

Uno es el de la calle Agustina Simón, una enfermera requeté fusilada en Belchite por negarse a atender a los heridos del bando republicano. El otro, el de Gonzalo Calamita, rector de la universidad de Zaragoza durante la guerra y en los primeros años de la dictadura y ejecutor de la expulsión de los profesores no afectos al franquismo.

“Ha habido una continuidad desde Franco hasta nuestros días. Debería haber una ruptura sociológica que no se da”, señala Gómez, para quien, tanto en la sociedad española en general como en la aragonesa en particular, “sigue habiendo gente tibia con la que, por el miedo que en su día crearon, pervive el franquismo sociológico”.