Las principales organizaciones de Policía y Guardia Civil, el Sindicato Unificado de la Policía (SUP), Alternativa Sindical de la Policía (ASP) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) guardan copia sellada de la multitud de solicitudes a sus respectivos consejos, propuestas y quejas para mejorar la vida laboral de los agentes. “Pero en la mayoría de las ocasiones o nos dan largas o no nos responden”, aseguran desde ASP.

La dejadez de ambas direcciones generales de ambos cuerpos de seguridad es tal que a los sindicatos policiales no les ha quedado más remedio que denunciar judicialmente y en la inspección de trabajo algunas de estas carencias. La principal es la falta de chalecos antibalas que se ha visto agravada durante los meses en los que la alerta terrorista es máxima, debido a que hay más agentes en la calle y en “muchas ocasiones lo que ocurre es que los compañeros se turnan los chalecos, al haber más efectivos trabajando la falta de los mismo se nota más”, explican las diferentes organizaciones. Incluso, explica Juan Antonio Delgado, ex portavoz de AUGC y diputado de Podemos en el Congreso, “si un agente necesita un chaleco antibalas tiene que comprárselo el mismo”.

“Si un agente necesita un chaleco antibalas tiene que comprárselo él mismo”

Por eso policías y guardias civiles han iniciado una campaña en las redes sociales con el hashtag #unagenteunchaleco. No es la única reivindicación que están haciendo pública: la falta de una jornada laboral que sirva para conciliar la vida laboral con la familiar es otra de las prioridades.

El 1 de abril entrara en vigor la nueva jornada laboral aprobada en la Policía y que no ha sido firmada por el SUP ni ASP. Se trabajan 6 días y se libran 5 pero no son seguidos, así que puede haber cambios en la distribución de turnos que afecten a la libranza. “La Administración se había comprometido a no aprobar este texto si no era con el apoyo de la mayoría; algo que es evidente que no cumplió.”, explican desde el SUP.

Desde Alternativa Sindical aseguran además que “ya se está intentado implantar en algunas comisarías el nuevo sistema y directamente no se pueden cubrir todos los turnos. Nuestra propuesta era 7 días trabajados seguidos, 7 días libres, pero la Policía ni siquiera la ha debatido”. Esta medida también afecta a la Guardia Civil que hasta el momento ni siquiera ha tenido el sistema de turnos para organizar la jornada laboral.

La implantación de pistolas eléctricas Teaser en lugar de armas de fuego para intervenir en determinados conflictos es una reivindicación que se hizo aún más patente después de que muriera el pasado año el batería del grupo musical Los Piratas, en una intervención de la Guardia Civil mientras este sufría un brote psicótico. Sin embargo, esta medida tampoco está siendo atendida por el Ministerio del Interior.

“Como tampoco se escuchan –aseguran desde ASP- las denuncias que hacemos sobre cómo se gestionan los recursos en las comisarías. Por ejemplo, los centros policiales generan unos ingresos por las máquinas de refrescos y demás y cada comisario emplea ese dinero como quiere. Nosotros pedimos que con ese dinero se atiendan medidas básicas y urgentes como la instalación de desfibriladores en todos los centros por una cuestión de seguridad laboral”.

Derechos sindicales

Pero de lo que más está pecando este ministerio del Interior, según estas organizaciones de policías y guardias civiles, es de represión de los derechos sindicales y asociativos. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) lleva librando esta batalla con la Dirección General desde hace décadas, pero con Arsenio Fernández de Mesa los expedientes sancionadores se han multiplicado.

El pasado 14 de noviembre, más de 12.000 guardias civiles se manifestaron en Madrid ante la sede de la Dirección General clamando por el reconocimiento de los derechos sociolaborales de los guardias civiles, “que a día de hoy continúan siendo tratados como policías y ciudadanos de segunda”, asegura AUGC.

“A día de hoy los guardias civiles continúan siendo tratados como policías y ciudadanos de segunda”

Entre los problemas más flagrantes están la aplicación de un nuevo Código Penal Militar y la reducción de plantillas. Entre los meses de diciembre de 2011 y 2015 se registró una pérdida de 4.263 efectivos dentro de la de escala de Cabos y Guardias (-6,5%) y un descenso de 406 efectivos en la escala de Suboficiales (-6,24%). Por el contrario, en la escala de oficiales se produjo un aumento de 132 efectivos (+ 4,2%). Es decir, “cada vez menos agentes para trabajar en la calle y más para mandar desde las oficinas”, resumen desde AUGC.

El 15 de enero de 2015 se aprobó el Código Penal Militar con los votos en solitario del PP. Las organizaciones denuncian que “su redacción está realizada de tal forma que no permite conocer con certeza los supuestos en los que les será aplicable el Código Penal Militar. Con el anterior los guardias civiles sólo quedaban sujetos a dicho Código en situaciones de guerra, estado de sitio o misiones militares, con la reforma su aplicación queda sujeta a la interpretación de los tribunales, ya que la redacción final del texto deja abierta la posibilidad de que cualquier guardia civil pueda ser condenado a una pena de prisión militar por una mera discusión de trabajo”. Algo que ya ha ocurrido. Un mes después de la implantación de este Código Militar ingresó en la cárcel militar de Alcalá Meco en febrero de 2015 de un agente que fue condenado a cuatro meses de prisión por un exceso verbal con un superior.

En la Policía no andan mucho mejor, aunque sí puedan sindicarse. ASP ha tenido que denunciar en los tribunales al jefe de la Policía de Guadalajara por no dotarles de un lugar de reunión al que tiene derecho, ya que una vez se consigue representación en el Consejo de la Policía es obligatorio aportarles todo lo necesario para hacer su actividad sindical.
Desde el Sindicato Unificado de la Policía, el mayoritario y que cuenta con al menos 30.000 afiliados, “en esta legislatura no nos han escuchado para conformar o trabajar sobre la Ley de Seguridad Ciudadana, la Ley de Personal de la Policía, que nos afecta de lleno, y las modificaciones del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, desoyendo cuantos escritos les hemos remitido.

Otra gran reivindicación de estos sindicatos policiales es la que afecta a la representatividad policial, ya que “el Consejo de la Policía es un auténtico paripé, donde se ‘informa a los representante’ en vez de ‘negociar’ sobre las materias que les afectan”.