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La Mesa del Congreso se opone a que
Fernández Díaz explique sus maniobras contra los partidos soberanistas catalanes

Los grupos parlamentarios de Podemos, ERC y DiLl habían solicitado su comparecencia ante la Diputación Permanente de la Cámara baja para explicar su estrategia contra el proceso soberanista catalán tras la difusión en 'Público' de sus conversaciones con Daniel de Alfonso, director de la Oficina Antifrau de Catalunya,

El ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, a la izquierda del balcón de Génova, celebrando la victoria electoral junto a sus compañeros de partido. EFE/Javier Lizón

JUAN ANTONIO BLAY

MADRID.- La Mesa de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados –órgano que sustituye al pleno de la cámara de forma interina –ha rechazado esta mañana las peticiones de comparecencia del ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, en sede parlamentaria para explicar el significado de sus maniobras contra el proceso soberanista catalán desveladas en las conversaciones grabadas difundidas por Público en plena campaña electoral.

La comparecencia de Fernández Díaz había sido solicitada por los grupos parlamentarios de Podemos, por una parte, y de ERC y de DiLl, por otra. En esta última solicitud también se planteaba la comparecencia del presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, para que explicase por qué no ha destituido a Fernández Díaz como consecuencia del grave escándalo político que supone el contenido de las grabaciones realizadas en el propio despacho oficial del ministro.


La petición del grupo parlamentario de Podemos se justificaba por el hecho de que en las conversaciones “ se le escucha conversando con el Director de la Oficina Antifrau de Catalunya respecto de la posible incriminación de cargos electos y otras personas vinculadas a la política en Catalunya y donde se menciona la intervención de la Policía y de la Fiscalía General del Estado para llevar a cabo prácticas que podrían ser susceptibles de imputación de graves delitos”.

En la petición de los grupos catalanes de ERC y DiLl se exigía que el ministro en funciones Fernández Díaz se explicase “sobre la perversa utilización política del Ministerio para perseguir a líderes -y a los familiares- de opciones políticas opuestas, así como del Presidente del Gobierno en funciones, para dar explicaciones de por qué no se ha destituido de manera inmediata al Ministro del Interior después de hacerse pública la utilización de su cargo para perseguir adversarios políticos y aclarar si tenía conocimiento del caso”.

Silencio ante el escándalo

El rechazo se ha producido por unanimidad de los cinco miembros de la Mesa integrada por el presidente de la cámara, el socialista Patxi López, los dos vicepresidentes –la popular Celia Villalobos y la socialista Micaela Navarro, así como los dos secretarios– la popular Alicia Sáncez Camacho y el representante de Ciudadanos Ignacio Prendes.

Fuentes parlamentarias han explicado a Público que el rechazo está fundamentado en razones “estrictamente formales”, siguiendo el criterio marcado por la jurisprudencia existente del Tribunal Constitucional que atribuye a la Diputación Permanente funciones “de mera administración de la institución durante el periodo en que la cámara se encuentra disuelta”.

Las conversaciones del ministro en funciones Fernández Díaz con el director de la Oficina Antifrau de Catalunya, Daniel de Alfonso, que sigue difundiendo Público desde la pasada campaña electoral han desatado un verdadero escándalo político que está teniendo un gran impacto social y una amplia repercusión en medios nacionales e internacionales.
En ellas se pone de manifiesto la estrategia urdida entre ambos para atacar el proceso soberanista catalán y, sobre todo, a actores políticos implicados en esta iniciativa, así como a sus familiares. El director de la Oficina Antifrau de Catalunya tuvo que comparecer la semana pasada ante el Parlament catalán –institución que le nombró- para ofrecer su versión de los hechos.

Hasta el momento, el ministro en funciones Fernández Díaz se ha limitado a decir que es una víctima de una conspiración y ha instado a que se persiga a quienes han difundido las grabaciones; la pasada semana agentes de la policía judicial se personaron en la Redacción de Público para recabar los documentos sonoros de las conversaciones. Al no disponer de un mandamiento judicial la dirección de Público se negó a entregarlas.

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