MADRID.- Se ha convertido en el primer partido procesado en la historia del país, pero ha requerido de varias horas para dar respuesta a esta situación. El PP ha anunciado este martes que recurrirá el auto de su procesamiento por la destrucción de los ordenadores que el extesorero del partido Luis Bárcenas empleaba en la sede de la formación en la calle Génova de Madrid. El partido de Mariano Rajoy sostiene que la decisión de la juez es "abiertamente infundada y contraria a derecho" y se basa en las "simples palabras" de su extesorero. 

"La línea argumentativa del auto se basa en la creencia acrítica en las palabras de Bárcenas, que no ha podido acreditar en el procedimiento que los ordenadores contuvieran información de ningún tipo", afirma el PP

Así ha avanzado el PP en un comunicado unas horas después de que la titular del Juzgado de Instrucción 32 de Madrid, Rosa María Freire, haya procesado al PP, su tesorera Carmen Navarro, el informático José Manuel Moreno y el abogado de la formación Alberto Durán, por la destrucción de los discos duros de los ordenadores de Bárcenas.

En un auto, la magistrada concluye la instrucción y transforma las diligencias previas en procedimiento abreviado. Acusa a todos ellos de la comisión de delitos de daños informáticos y encubrimiento por destruir los portátiles a "conciencia mediante el sistema de borrado más drástico, el de sobreescritura de 35 pasadas y rallado hasta su destrucción física".

Según precisa el partido, tanto el PP como los investigados van a interponer recurso contra esa decisión judicial que, en su opinión, resulta "abiertamente infundada y contraria a Derecho". "La línea argumentativa del auto se basa en la creencia acrítica en las palabras de Bárcenas, que no ha podido acreditar en el procedimiento que los ordenadores contuvieran información de ningún tipo", añade el partido.

El PP destaca la falta de "credibilidad" de Bárcenas, e insiste en que "la fundamentación de la decisión en las simples palabras de quien se encuentra encausado en varios procedimientos penales, sin la más mínima prueba que las avale, genera una grave indefensión y es, a juicio de los investigados, absolutamente contraria a uno de los principios más elementales del proceso penal, ya que es el que acusa quien tiene que probar sus afirmaciones, y no el acusado quien deba probar su inocencia".

En esta línea, los conservadores recalcan que el auto que se va a recurrir "infringe gravemente" el derecho a la presunción de inocencia de los investigados, pretendiendo dirigir contra ellos un proceso penal "sin la más mínima prueba que lo sustente". "El PP manifiesta una vez más su más firme respaldo a los investigados en las presentes actuaciones y su confianza en que finalmente el Estado de Derecho acabe imponiendo su razón ante unas falsas acusaciones que tienen una exclusiva intencionalidad política, al margen por completo del ámbito de aplicación del Derecho penal", concluye.