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El comisario Villarejo pide la nulidad de las pruebas que le implican como autor de la grabación ilegal al CNI y Asuntos Internos

Su defensa quiere eliminar las actuaciones del juez apoyadas por el fiscal del caso pequeño Nicolás, que han llevado a investigar al miembro de la ‘brigada política’ de Fernández Díaz, justo cuando el instructor debe decidir si imputa a su esposa.

El Ministro de Interior en funciones, Jorge Fernandez Díaz.

La defensa del comisario José Manuel Villarejo ha presentado un escrito ante el juzgado de instrucción número 2 de Madrid, para que se anulen todas las actuaciones llevadas a cabo en la pieza separada del caso del pequeño Nicolás. En esta causa se investiga la grabación ilegal a agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de Asuntos Internos de la Policía Nacional, ideada por el ‘agente encubierto’ y difundida por sus periodistas afines para que el presunto estafador consiguiera archivar la causa.

El letrado Ernesto Díaz Bastién, conocido abogado en procedimientos de blanqueo de capitales y crimen organizado, quiere desmantelar con dicho escrito los dos años de investigación que bajo secreto de sumario ha apoyado la fiscalía ante las solicitudes de la comisión judicial que dirige el juez Arturo Zamarriego y encabeza como investigador el ex jefe de la Unidad de Asuntos Internos, el comisario Marcelino Martín-Blas.

El momento no es baladí. El instructor de la causa tiene que deliberar sobre la petición del fiscal de imputar a la mujer del comisario, Gema Alcalá, que regenta el medio digital donde trabajaba el periodista que presuntamente efectuó la llamada con la que se consiguió grabar la reunión de los investigadores. “Pedir la nulidad de las actuaciones ahora es una forma de intoxicar la causa, porque pone al juez en un compromiso procesal que puede ser utilizado en su contra”, explican diferentes fuentes letradas personadas en la causa.

Las alegaciones se basan en echar abajo tres providencias y una decena de autos firmados por el juez instructor y que siempre han estado respaldados por la fiscalía, alegando entre otros motivos que el juez no dejó que el comisario Villarejo se personara. Pero la pieza estaba bajo secreto y, aunque había sospechas de su participación, “el juez tomó la decisión habitual en estos casos”, asegura una de las defensas del procedimiento.

Fuentes personadas explican que esta pieza en concreto estaba bajo secreto de sumario. "Hasta que no se ha levantado no ha tenido conocimiento de las actuaciones ni la defensa del pequeño Nicolás ni de los demás imputados, que estaban personados previamente, ni las acusaciones populares, por lo que es normal que no le dejaran personarse en algo que está bajo secreto. Sólo el fiscal, que como se acredita en sus escritos ha apoyado la mayoría de las actuaciones, es quien sabía lo que se investigaba”.

Es más, añaden estas fuentes a Público, “el fiscal se opuso a las detenciones que los investigadores proponían y estas no se llevaron a cabo. El juez sólo está imputando a las personas que propone el ministerio público y no los policías. Todas las investigaciones de la pieza separada están aprobadas por el fiscal y no se entiende que en su escrito libre a la Fiscalía de cualquier negligencia y sólo apunte al juez y a la comisión judicial”.

Fijación con Asuntos Internos

En el escrito también plasma el letrado las presuntas negligencias en las que podrían haber incurrido los investigadores, el comisario Marcelino Martín Blas y el inspector Rubén López. No es la primera vez que Villarejo, miembro de la unidad de inteligencia no oficializada y que obedece las órdenes del ministro de Interior, intenta desprestigiar y desmantelar la causa que instruye Zamarriego y que lidera como investigador el ex jefe de Asuntos Internos.

A principios de 2015, pocos meses después de iniciarse el procedimiento, interpuso una querella por organización criminal contra Zamarriego y Martín-Blas, en la que incluía al CNI, a vicepresidencia del Gobierno, a los fiscales anticorrupción y a varios periodistas. Casi en media docena de ocasiones le archivaron su denuncia e incluso el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) avaló las actuaciones del juez. Desde entonces ha interpuesto querellas contra los periodistas que denuncian a la ‘brigada política’, aunque todas han sido archivadas.

Al comisario Martín-Blas, según el propio Villarejo ha explicado en sus querellas y editoriales del medio que regenta su mujer, le tiene enfilado desde que en 2013 remitió un informe a la Audiencia Nacional en el que se recogía una llamada de uno de los presuntos miembros de la mafia china de Gao Ping a otro mando policial. En esa conversación se recomendaba la empresa del hijo de Villarejo para uno de los negocios de la trama.

Nada más iniciarse el procedimiento del pequeño Nicolás, en 2014, Villarejo también difundió que este comisario le había amenazado en el caso del ático de Ignacio González y, últimamente, sus “infiltrados en los medios de comunicación” relacionan constantemente a Martín-Blas con las operaciones de la brigada política contra los Pujol.

Sin embargo, omiten estos periodistas –como Eduardo Inda, sobre quien se propuso imputarle en el caso del pequeño Nicolás- que la asociación Transparencia y Justicia y el medio de comunicación que están directamente vinculados al comisario Villarejo fueron los primeros en personarse en la causa contra el veinteañero aunque, presuntamente, nada tiene que ver el ‘agente encubierto’ con el presunto estafador.

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