SEVILLA.- Después de una prolongada guerra fría, a través de los medios y de las redes sociales, Susana Díaz ha decidido este lunes batallar a campo abierto contra la dirección federal de Pedro Sánchez, al que ha acusado de “irresponsable” por impulsar un congreso urgente en el PSOE con ánimo de “tapar con una cortina de humo el desastre” de las elecciones vascas y gallegas. El PSOE andaluz, la federación más potente y numerosa, ha replicado enseguida que “no es el momento de congresos, sino de asumir responsabilidades políticas, como hicieron Almunia y Rubalcaba tras perder otras elecciones”, en una clara invitación a Sánchez para que siga el ejemplo de sus predecesores y dimita. Justo cuando Díaz parecía pasar a la ofensiva de la política nacional sin medias tintas, los partidos que ejercen su oposición en Andalucía han tratado de atarle un pie a la comunidad, implicándola directamente en el supuesto fraude de ayudas a la formación, que investiga el Parlamento autonómico y 18 juzgados andaluces.

Todos los partidos de la oposición, excepto Ciudadanos, que sustenta al Gobierno andaluz, han señalado este lunes a la presidenta Susana Díaz como una de las máximas responsables políticas del supuesto fraude de ayudas públicas para cursos de formación a parados. Podemos e IU la acusan de “negligencia” por haber paralizado las ayudas cuando saltó el escándalo en los juzgados, privando de formación para el empleo al millón de parados andaluces. Los populares van más allá y denuncian que Díaz maniobró para perjudicar la investigación parlamentaria sobre el caso y colaboró en el “caos” administrativo que hizo posible el supuesto fraude.

Así consta en los escritos que PP, Podemos e IU han registrado este lunes en el Parlamento andaluz, como parte de sus conclusiones en la comisión parlamentaria que investiga el supuesto fraude. Con esta maniobra individual (los partidos no se han puesto de acuerdo, aunque sus conclusiones coincidan), la oposición intenta neutralizar las aspiraciones políticas de Susana Díaz, vinculándola al segundo mayor litigio judicial y político que amenaza al Gobierno socialista en Andalucía, después de la trama de los ERE fraudulentos.

En el caso de la formación, se investiga si hubo menoscabo de fondos públicos por parte de la Junta o de las empresas adjudicatarias que recibieron las subvenciones para organizar e impartir los cursos a parados. La jueza Mercedes Alaya, que inició la investigación en 2012 (ahora está fragmentada en 18 juzgados andaluces) puso bajo sospecha una partida de 3.015 millones de euros en ayudas (la mayoría proveniente de fondos europeos) que el Gobierno andaluz repartió entre 2002 y 2012.

El partido naranja exime a Díaz de toda responsabilidad, pero sí culpabiliza a sus antecesores, los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, también encausados por el fraude de los ERE irregulares. Las conclusiones de los grupos abren ahora un cisma entre el PSOE y la formación naranja, porque todos los grupos, excepto los socialistas (que eluden señalar ninguna responsabilidad política por lo ocurrido) coinciden en que la comisión parlamentaria ha evidenciado que Chaves y Griñán son los responsables políticos de la pérdida millonaria en ayudas a la formación que, al parecer, se usaron para unos fines distintos a los que estaban destinados.

Ahora el presidente de la comisión, Julio Díaz (Ciudadanos), tiene la difícil tarea de redactar una propuesta de dictamen síntesis que trate de poner en común la visión de los cinco grupos políticos. Luego ese dictamen será debatido y votado en un pleno del Parlamento, donde necesitará de mayoría absoluta para salir adelante. El precedente más cercano es la comisión que trató, sin éxito, de depurar la responsabilidades políticas en el fraude de los ERE. Entonces, los grupos no lograron ponerse de acuerdo en el dictamen definitivo, cuya redacción final obvió cualquier tipo de responsabilidad política por parte de miembros y exmiembros del Gobierno andaluz.

En el caso del fraude de la formación, aunque la oposición coincide en señalar la responsabilidad de Díaz, Chaves y Griñán, no todos los grupos hacen el mismo relato: el PP habla directamente de un delito de menoscabo de fondos públicos en el que Chaves y Griñán estarían implicados directamente, lo que implicaría derivar las conclusiones de la comisión a la Fiscalía. Los populares cifran el perjuicio económico para las arcas andaluzas en 1.970 millones de euros, y señalan a Díaz como responsable por haber paralizado los cursos de formación (en esto coinciden con Podemos e IU), pero también por “falta de colaboración” con la comisión de investigación, “ocultar información fundamental” para conocer el fraude o haber trasladado las competencias sobre los fondos de formación de la Consejería de Educación a la de Empleo, “a sabiendas del caos organizativo que añadía”. El PP culpabiliza a 35 miembros o exmiembros del Gobierno andaluz, incluida la actual consejera de Hacienda, María Jesús Montero, que ni siquiera fue llamada a declarar ante la comisión (su nombre suena como posible sustituta de Díaz).

800 millones de pérdidas en fondos para la formación

Ciudadanos, Podemos e IU sostienen que los expresidentes Chaves y Griñán son responsables por no haber vigilado el sistema de concesión de ayudas durante sus mandatos. Tanto la formación morada como la coalición de izquierdas apuntan, en primer lugar, a los sucesivos responsables de la Consejería de Empleo y el SAE por el “descontrol” en las ayudas para formación a parados, culpabilizan a los expresidentes y acusan a Susana Díaz de “negligencia” por haber dejado paralizadas las ayudas durante tres años. Podemos sostiene que Díaz hizo perder a Andalucía 800 millones en fondos para la formación “sin aportar informes que justificaran una decisión de tal relevancia para un millón de personas desempleadas en Andalucía”. En el caso de Chaves y Griñán, les acusa de ser “conocedores de la pésima gestión de la formación y de facilitar la consolidación de un modelo de concesión de subvenciones no sujeto a criterios racionales ni objetivos”, lo que, en consecuencia, propició “el crecimiento de redes clientelares y ánimo de lucro en torno a la actividad formativa”.

Susana Díaz no está imputada en el proceso judicial que investiga el caso en los juzgados y ni siquiera era miembro del Ejecutivo andaluz durante el periodo en el que se concedieron las ayudas bajo sospecha (2002-2012). Sin embargo, entró en el gabinete de José Antonio Griñán en 2012, al poco de que estallara el escándalo y de que el entonces presidente paralizara las subvenciones a la formación para el empleo hasta haber aclarado qué ocurría con esas ayudas. Tras la dimisión de Griñán, Díaz asumió la presidencia y mantuvo esa decisión, de modo que los fondos para cursos de formación a parados han estado bloqueados casi cinco años, hasta hace dos meses, cuando se reactivaron las ayudas con una nueva convocatoria pública.

En sus conclusiones, el PSOE niega que existiera una “trama” para la concesión de las ayudas de formación y exime de responsabilidad política a todos los cargos de la Junta, a funcionarios e interventores. De hecho, recuerda que estos últimos rechazaron que hubiera menoscabo de fondos cuando comparecieron ante la comisión, y redujeron los desvíos contables a meras “irregularidades administrativas”. La Junta espera que el juzgado principal que ha centralizado todas las investigaciones sobre el caso de los cursos de formación, y que dirige el juez Álvaro Martín, archive la pieza política en los próximos días. En los últimos tres meses, los juzgados de Jaén, Almería, Málaga y Granada han archivado estos asuntos. De confirmarse esto, terminaría así el recorrido penal del caso de la formación, que sería derivado a un juzgado contencioso administrativo.