SEVILLA. - El Parlamento andaluz ha iniciado esta semana la tramitación de la reforma de la Ley Electoral andaluza, vigente desde 1984, a partir de una propuesta de Ciudadanos que busca acabar con un sistema que “beneficia claramente al bipartidismo” y “penaliza a los partidos pequeños”. Esta medida es una de las 72 condiciones que la formación naranja puso al PSOE para facilitar la investidura de Susana Díaz hace año y medio.

Los socialistas han gobernado Andalucía de forma ininterrumpida durante 38 años: cinco gobiernos de mayoría absoluta, cuatro de coalición y uno de minoría. Únicamente cuando han perdido la mayoría absoluta y han necesitado los votos de otra formación (PA, IU y Ciudadanos) han aceptado revisar la ley electoral, pero jamás se ha modificado.

Por tanto, ésta no es la primera vez que el Parlamento andaluz aborda el debate, pero sí es la primera que ocurre desde que la Cámara autonómica se fragmentó en cinco formaciones políticas, con la irrupción de dos nuevos partidos, Podemos y Ciudadanos, que junto a IU van a plantar cara al bipartidismo tradicional. Por primera vez hay más grupos en el Parlamento a favor de cambiar la ley que de mantenerla como está. Como todo lo que ocurre en la Cámara desde que cambió el ciclo político, este debate también es inédito. Por de pronto se ha polarizado en dos bloques extraños, a un lado Ciudadanos junto a Podemos e IU, y a otro lado, PSOE y PP.

Pero hay algo que ya ha cambiado. La tramitación de la reforma electoral de Andalucía arranca ahora impulsada por algo que antes no existía: el 15M, un fenómeno sociocultural que ha movido masas y transformado la cultura política. Por ejemplo, haciendo que en las últimas elecciones todos los partidos llevaran algún tipo de propuesta sobre la reforma del sistema electoral y la libertad de voto (listas desbloqueadas). Los partidos pequeños, de la derecha y de la izquierda, coinciden en que “es ahora o nunca” cuando pueden impulsar una ley electoral más proporcional y representativa que “entierre de una vez por todas el bipartidismo”.

El objetivo de Ciudadanos, Podemos e IU es que su número de diputados se ajuste mejor al porcentaje de votos obtenido, ya que ahora necesitan muchas más papeletas que los partidos grandes para lograr un escaño. Sin embargo, en cuanto se ha iniciado el debate, sus señorías se han topado con una dolorosa realidad de frente: PSOE y PP exigen que cualquier reforma del sistema electoral sea aprobada por unanimidad de la Cámara. Y la única fórmula para que los partidos pequeños ganen representatividad sin que la pierdan los grandes es aumentar el tamaño del Parlamento, es decir, contratar a más políticos.

He aquí la paradoja: el 15M ha convertido la reforma del sistema electoral en una exigencia, pero a la vez, los indignados con la clase política nunca admitirán que se aumente el número de diputados. “Reconozco que lo tienen ustedes difícil, tendrán que hacer mucha pedagogía para explicárselo a la gente”, le espetó a los cinco grupos parlamentarios el histórico socialista y expresidente del Parlamento andaluz Javier Torres Vela, uno de los expertos en Ciencias Políticas a los que han recurrido los partidos para buscar la mejor fórmula.

El Parlamento andaluz tiene 109 diputados y estadísticamente es el más infrarrepresentado de España: 1,3 diputados por cada 100.000 habitantes, frente a 1,8 en Cataluña; 1,9 en Madrid; 8 parlamentarios por cada 100.000 en Navarra o 6 diputados en Extramadura. El Gobierno andaluz puede aumentar el número de diputados sin necesidad de modificar la ley electoral, y así los partidos obtendrían mejor representatividad de la que tienen ahora: cada diputado andaluz representa a casi 60.000 electores, mientras que en La Rioja, cada diputado representa a 5.705 ciudadanos.

En números absolutos, las dos cámaras autonómicas con más diputados son Cataluña (133 parlamentarios) y Madrid (129). Lo paradójico de esto es que Andalucía accedió a la autonomía mediante la denominada “vía rápida” del artículo 151 de la Constitución, sin embargo hoy día su Cámara legislativa tiene una representación proporcionalmente inferior al de comunidades que accedieron al autogobierno por la vía lenta (art. 148).

En Cataluña, hay 40.888 ciudadanos por cada diputado, una proporción que si la trasladamos a Andalucía, obligaría a aumentar de 109 a 162 el número de parlamentarios. En la actual coyuntura política, renqueando aún por la crisis económica y los recortes en el gasto público, ¿Cuál de los cinco partidos políticos se atreve a proponer algo tan impopular y con tan mala fama? Los expertos a los que ha citado el Parlamento andaluz han propuesto a los grupos que “hagan pedagogía con la gente”. Reconocen que es “razonable” que Andalucía, una comunidad con ocho provincias y 8,5 millones de personas, tenga una Cámara de representantes más acorde a su tamaño y población, con una horquilla de entre 130 y 140 diputados. ¡Al menos 20 diputados más! “Entiendo la dificultad del momento para explicar esto. La gente les correrá a gorrazos, pero el margen es razonable”, advierte Torres Vela.

Los portavoces de todos los grupos se remueven, incómodos, en sus asientos. Hace años que IU presentó una propuesta para aumentar el número de parlamentarios hasta 135 sin coste adicional, reduciendo el salario y las dietas de sus señorías. Decían que las cuentas les cuadraban, pero en la legislatura anterior la crisis era mucho más aguda y la crispación social con los políticos mayor, por eso metieron su plan en un cajón sin rechistar. ¿Ha cambiado el momento?

Provincias que ganan, provincias que pierden

Los socialistas andaluces han tenido que aceptar a regañadientes la reforma electoral impuesta por Ciudadanos, igual que la aceptaron en la legislatura pasada cuando era una exigencia de IU. Los grupos pequeños, penalizados por el actual sistema, quieren agilizar la tramitación de la ley para que el primer borrador esté listo en dos meses, y el Parlamento lo apruebe en el segundo semestre del año que viene, con tiempo suficiente para que esté en vigor para las próximas autonómicas.

La fórmula para retrasar lo más posible este espinoso asunto era, primero, empezar la tramitación formando un grupo de trabajo en el Parlamento, que se constituyó el pasado martes, y que puede ralentizar el procedimiento, puesto que antes de plasmar cualquier propuesta en un texto legislativo, tendrán que comparecer un grupo de expertos en derecho y leyes.

Ciudadanos ha aceptado en aras de lograr un mayor consenso, pero a cambio ha exigido marcar un plazo para presentar el primer borrador de la reforma electoral: diciembre, con idea de que la nueva legislación esté en vigor el año que viene. Esta vez es el grupo naranja quien tiene la llave y se niega a que los socialistas mareen el debate, como hicieron durante su gobierno de coalición con IU, para que finalmente la iniciativa caiga en saco roto. Ciudadanos, Podemos e IU temen que PSOE y PP se pongan de acuerdo para bloquear nuevamente la reforma electoral con la excusa de que no existe unanimidad en el Parlamento, por tanto van a defender juntos que para que la ley salga adelante sea suficiente una mayoría absoluta en la Cámara.

Pero aumentar el tamaño de la Cámara no es lo más difícil que van a tener que explicar los partidos políticos. Es más complejo abordar el prorrateo, es decir, la asignación del número de escaños a cada una de las ocho provincias o circunscripciones. El Estatuto andaluz establece que ninguna provincia tendrá más del doble de escaños que otra. La Ley Electoral andaluza añade otra limitación: a cada provincia le corresponde un mínimo de ocho diputados. ¿Cómo bajar el mínimo de diputados por provincia sin que se rompa el principio de que no haya más del doble en una provincia que en otra? Esto sí que es un sudoku político y matemático.

Entre los primeros expertos en leyes que han pasado por el Parlamento se ha escuchado de todo, incluso que “las provincias son estructuras desfasadas, arcaicas y decimonónicas”, “elementos de identificación colectiva, pero que no tendrían que ser estructuras políticas”. Torres Vela propuso bajar el mínimo legal de ocho a seis parlamentarios por circunscripción, lo cual significa que Almería, Granada, Huelva y Córdoba pierden un diputado, mientras que Sevilla y Málaga ganan dos. Esta propuesta obliga a los grupos políticos a ir a las provincias “perdedoras” a explicarles que tendrán menos representantes en el Parlamento andaluz.

La situación actual es que en Sevilla, un escaño cuesta casi 108.000 votos, mientras que en Huelva, cuesta 47.203 votos, menos de la mitad. Para corregir este desequilibrio sería necesario rebajar el umbral mínimo por diputado. De modo que el dilema de los grupos políticos es complejo: o bien se enfrentan a la ciudadanía con la propuesta de aumentar el número total de diputados en el Parlamento, o bien se enfrentan internamente a los suyos en las provincias pequeñas, explicándoles que para ganar en representatividad y proporcionalidad, perderán miembros en la Cámara en favor de las circunscripciones mayores. En estas, además, se concentra el voto urbano y de clase media, que es donde se han alimentado y crecido los partidos emergentes. Lo cual devuelve el debate al origen. ¿Aceptarán cambiar la ley electoral aquellos que ahora se benefician de ella?