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El SUP pide a Interior que defienda "con firmeza" al jefe de Policía de Cantabria

El sindicato policial emplaza también a la Dirección General de la Policía a defender la trayectoria de Héctor Moreno García, que fue condenado e indultado por el delito de torturas, y que ha sido ascendido a jefe de Policía de Cantabria. 

Héctor Moreno García.

A. TORRÚS

El Sindicato Unificado de Policía ha exigido a Interior y a la Dirección General de Policía que actúen y defiendan el nombramiento de Héctor Moreno García como nuevo jefe de Policía de Cantabria, tras las informaciones publicadas por este medio que revelaron que fue condenado e indultado en 1998 por un delito de torturas cometido en 1983. 

"Nosotros pedimos que se nos defienda. Los hechos que se denuncian sucedieron en el año 83, en plena Transición. El contexto social era muy complejo y entiendo que fue una mala actuación policial y punto. El policía ha demostrado desde entonces su valía y acumula méritos de sobra para el nombramiento", defiende Ramón Cossío, portavoz del SUP, en conversación telefónica con Público

El portavoz considera insuficiente, en este sentido, la carta enviada por Juan Ignacio Zoido al presidente Miguel Ángel Revilla y cree que tanto la Dirección General de la Policía como Interior deben hacer más para explicar tanto a la prensa como a los ciudadanos la "notable" trayectoria de Moreno García. Cabe recordar que Zoido utilizó el atestado policial para defender la actuación policial, un documento que la propia Justicia señaló que no se  ajustaba con la realidad. 

El comunicado de prensa, remitido por el SUP a los medios de comunicación, denuncia que Moreno García está sufriendo una "injusta reprobación pública" tras "treinta y cinco años" de servicio y solo una "confusa intervención policial en plena Transición, recurrida doce años más tarde y con recomendación de indulto por el Tribunal Supremo". 

La "confusa actuación policial" a la que se refiere el SUP se saldó con una condena de la Audiencia Nacional de Madrid, ratificada por el Supremo, contra cinco agentes de Policía a 48 años de inhabilitación especial y a cinco meses y medio de arresto por torturar y detener ilegalmente a siete personas, entre ellas un abogado. 

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