El antiguo tesorero del Partido Popular y cabeza visible del caso Gürtel Luis Bárcenas será el primer compareciente ante los miembros de la comisión parlamentaria de investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP y el uso de una caja “B” para sufragar sus últimas campañas electorales. Ese es el acuerdo alcanzado entre el grupo socialista, Unidos Podemos y Ciudadanos que ha contado con el apoyo de otras formaciones, salvo el PP.

El grupo popular se ha mostrado en contra de esta decisión y su representante, Fernando Martínez Mailo, ha denunciado el propósito de las tres formaciones mayoritarias de la oposición – impulsoras de la creación de esta comisión – de “abrir una causa general contra el PP con el único objetivo de dañar su imagen y buscar una rentabilidad en votos. No quieren buscar la verdad!”, ha dicho tras la reunión de la Mesa y portavoces de la comisión.

Con esta división los comisionados votarán este miércoles plan de trabajo acordado por la mayoría de los grupos parlamentarios que cuenta con la oposición de os populares. Así, tras Bárcenas, serán llamados a comparecer los anterior tesoreros de la formación conservadora: Álvaro Lapuerta, Ángel Sánchis Perales, Rosendo Naseiro y Carmen Navaro, la actual responsable de las finanzas del partido.

El ámbito temporal sujeto a la investigación queda abierto al no estar definido en el texto de creación de la esta comisión, aprobado en su día por el pleno de la cámara como es preceptivo. Esta circunstancia es uno de los argumentos que esgrime el PP para oponerse al plan de trabajo, que incluye la solicitud de numerosa documentación, tanto oficial como del propio PP. “Creemos que es ilegal porque cualquier compareciente desconoce sobre qué y desde cuando se le va a preguntar. Hay sentencias de los tribunales que se oponen a esto”, ha añadido Martínez Maillo en una breve comparecencia ante los periodistas este martes por la tarde.

El pasado viernes el grupo popular registró un escrito con el que pretendía bloquear los trabajos de la comisión o al menos limitarlos a una temporalidad concreta: desde el pasado mes de julio cuando se inició la actual legislatura. Es más, se solicitaba que los servicios jurídicos de la cámara se pronunciasen sobre la ausencia de una temporalidad en la investigación.

Las primeras comparecencias, por precepto reglamentario, no podrán celebrarse antes de final de mes. Como muy pronto, o a principios de julio. Una vez que los comisionados aprueben este miércoles el lan de trabajo, con el primer listado de comparecencias, será la presidenta de la cámara, la popular Ana Pastor, quien debe remitir las citaciones a las personas reclamadas, con día y hora fijada. Entre la comunicación y la fecha de comparecencia deben pasar 15 días, aunque en casos de necesidad puede reducirse a pasados tres días.