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Imagen de la manifestación organizada por los padres de los jóvenes de Altsasu. /DANILO ALBIN

Altsasu Una asociación de víctimas pide más de 400 años de cárcel para los jóvenes de Altsasu

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COVITE, que ejerce la acusación popular, reclama que se sumen otros cuatro años a cada uno de los acusados por la pelea de bar con dos guardias civiles. Por su parte, la Abogacía del Estado ha presentado un escrito con peticiones idénticas a las formuladas por el fiscal. La fecha de juicio se conocerá en septiembre.

Política

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (COVITE) cree que 375 años de cárcel no serían suficientes para los ocho jóvenes de Altsasu imputados por la pelea de bar con dos guardias civiles. En su papel de “acusación popular”, la entidad dirigida por Consuelo Ordoñez ha presentado unas durísimas peticiones contra los acusados, reclamando que se sumen otros cuatro años de prisión para cada uno de ellos por “asociación ilícita”, un delito que la Fiscalía no había apreciado.

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Según ha podido confirmar Público, COVITE ha aprovechado su escrito de acusación para solicitar también la disolución del colectivo antimilitarista Ospa Mugimendua, al que atribuye una campaña de hostigamiento contra la Guardia Civil. A su criterio, la ilegalización de ese grupo sería una consecuencia directa de la imputación del delito de “asociación ilícita” contra los jóvenes imputados, a los que vincula directamente con Ospa y, por consiguiente, con ETA. 

La personación de COVITE en esta causa ha sido posible gracias a la Ley de Víctimas del Terrorismo, que establece que estos colectivos pueden litigar de manera gratuita. De hecho, la entidad presidida por Ordoñez se presentó como acusación bajo el argumento de que lo ocurrido durante la madrugada del 15 de octubre de 2016 en un bar de Alsasua era constitutivo de un delito de “terrorismo y odio”, una interpretación a la que posteriormente se sumaron la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela y el fiscal José Perals. 

En cambio, la Audiencia Provincial de Navarra entendía que este caso debía ser juzgado en Pamplona, lo que implicaba que los acusados no fuesen juzgados por terrorismo, sino por delitos menores. El caso pasó entonces al Tribunal Supremo, que se pronunció a favor de la teoría de Lamela y COVITE. Luego llegaron las duras peticiones formuladas por la Fiscalía, a las que el colectivo de víctimas intenta añadir el plus de otros cuatro años de prisión. Así las cosas, la solicitud presentada por COVITE elevaría las condenas a un total de más de 400 años de cárcel. 

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El Abogado del Estado, igual que el Fiscal

Por su parte, la Abogacía del Estado –que actúa en representación de los dos guardias civiles involucrados en la pelea de bar- ha presentado un escrito en el que solicita las mismas penas que el fiscal Perals. De esta manera, Ohian Hernanz, de 21 años de edad, enfrenta la petición más elevada: 62 años y medio de cárcel. Sobre los otros seis pesan solicitudes de 50 años en prisión, mientras que Ainara Urkijo corre riesgo de permanecer 12 años presa por “amenazas terroristas”. 

Hernanz y otros dos acusados –Adur Ramírez de Alda y Jokin Unamuno- llevan encarcelados desde noviembre pasado bajo el severo régimen FIES, aplicado habitualmente contra los imputados por terrorismo. Su situación no cambiará hasta que llegue el juicio, cuya fecha podría conocerse en septiembre. 

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