La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha presentado este viernes una denuncia en este tribunal para investigar por sedición las protestas en Catalunya durante la operación policial lanzada para evitar la celebración del referéndum del 1-0, han informado a Efe fuentes jurídicas.

La denuncia  menciona expresamente a los presidentes de la ANC y Ómnium y se detallan todos los altercados ocurridos entre el 20 y el 21 de septiembre y pide a la Guardia Civil que elabore un atestado para buscar a los autores.

Aunque la denuncia no va dirigida contra ninguna persona en concreto, en ella se apunta a la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y a su presidente, Jordi Sánchez, como responsable de organizar un turno de relevo de voluntarios "conscientes de que dificultarían la intervención policial", haciendo un cordón frente a la Consejería de Economía durante el registro de la Guardia Civil.

Menciona que Sánchez pidió ante 40.000 personas que nadie se fuera a casa.

Al presidente de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart, también le cita y le sitúa subido, junto a Sánchez, encima de un coche de la Guardia Civil pidiendo mantener la protesta, si bien, precisa la denuncia, que luego, al ver que no podía controlar la concentración, pidió a los manifestantes que se disolvieran

"La finalidad última de estas movilizaciones es conseguir la celebración del referéndum para conseguir la proclamación de una república catalana independiente de España, siendo conscientes de que desarrollan una actuación al margen de las vías legales", sostiene el texto de la denuncia. 

Según la Fiscalía, se han impulsado "movilizaciones generalizadas o movimientos populares para imponer el referéndum independentista inconstitucional por la fuerza de la intimidación, haciendo saber al Estado su intención y capacidad para actuar, incluso violentamente, ante una eventual oposición".

La denuncia, que ha recaído en el juzgado central de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es Ismael Moreno, describe que los incidentes fueron protagonizados por "una turba" e interpreta "la sedición", "forma colectiva y tumultuaria de alzamiento", como una "rebelión en pequeño".

Según el artículo 544 del Código Penal, "son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales".

En estas conductas encajarían, según el criterio de la Fiscalía, las manifestaciones que protagonizan desde el miércoles miles de ciudadanos partidarios de la independencia de Catalunya contra la operación policial ordenada por el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona contra la organización del referéndum del 1-O.

Las penas por el delito de sedición oscilan entre los 8 y 10 años de cárcel para los que hubieran inducido, sostenido o dirigido la sedición y de 10 a 15 si son autoridades públicas las que lo han promovido.

La denuncia de la Fiscalía  está firmada por el teniente fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo, según fuentes de la Audiencia Nacional.

A raíz de la puesta en marcha el miércoles de la llamada operación Anubis, en la que fueron detenidas 14 personas relacionadas con los preparativos del referéndum, entre ellas los dos directos colaboradores del responsable de Economía del gobierno catalán, Oriol Junqueras, miles de independentistas salieron a la calle.

La comitiva judicial y los miembros de la Guardia Civil, que habían entrado hacia las ocho de la mañana en la Consellería de Economía, abandonaron el edificio pasadas las 7.00 horas del día siguiente. Señala el fiscal que la presión de los concentrados frente a la Consellería de Economía se llegó a traducir incluso en agresiones físicas a Mossos d'Esquadra y agentes de la Guardia Civil —algunos de los cuáles no pudieron salir del edificio hasta 24 horas después— y cuyos coches, subraya, acabaron abollados, con las ruedas pinchadas y repletos de pegatinas y pintadas a favor del referéndum.

El juez que investiga el 1-O y que había ordenado el registro tuvo incluso que llamar al Mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, para ordenarle que sus agentes abrieran un corredor de seguridad para permitir la salida de la comitiva judicial y de la Guardia Civil.

Tras algunas cargas y empujones, la policía autonómica logró crear un cordón de seguridad en un pequeño tramo de la acera que hay ante la sede de las dependencias de la conselleria y el lateral de la Rambla de Catalunya, donde se encontraban aparcados tres vehículos de la Guardia Civil.

El fiscal relata los episodios desde que la Guardia Civil se personó a primera hora de la mañana en la Consejería para proceder al registro ordenado por el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona que investiga los preparativos del 1-O.

Horas después, señala, un grupo de voluntarios de la ANC, que incluso "repartía bebida y comida a los concentrados", hizo "un cordón ante la puerta para evitar que la Guardia Civil se llevara a los detenidos", entre los que se encontraban los dos más estrechos colaborares del vicepresidente catalán, Oriol Junqueras.

Entretanto, apunta, la sede del PSC en Barcelona fue "igualmente atacada por los manifestantes, llegando incluso a producirse agresiones a militantes socialistas".

La denuncia de la Fiscalía prosigue que, una vez finalizados los registros a las 22.00 horas, los manifestantes seguían asediando el edificio y, dos horas después, dos agentes trataron de salir por el Cinema Coliseun, "pero los manifestantes se congregaron en las puertas del teatro e impidieron" su salida.

Además de a estos altercados, la denuncia hace también referencia a otros incidentes, entre ellos en la sede de la CUP, donde se concentraron, apunta, más de 2000 personas para impedir el acceso a la Policía y en la que los agentes tuvieron que disparar al aire para evitar el ataque inminente a un furgón policial".

La hostilidad, agrega el fiscal, se extendió a todos los registros realizados esos días por la Guardia Civil, entre ellos el de la imprenta Bigues I Riells, donde se encontraron casi 10.000 papeletas, así como en el del domicilio del jefe de gabinete de Goberanción de Cataluña, Joan Ignasi Sánchez.