La oposición en pleno ha votado este jueves en contra de la enmienda a la totalidad que propone el PP para frenar la renta mínima planteada por los sindicatos y avalada por 710.000 firmas. PSOE, Unidos Podemos, PNV y el Grupo Mixto han respaldado de este modo la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para el establecimiento de una prestación de 426 euros a personas desempleadas y sin recursos. Sólo Ciudadanos ha votado a favor del texto alternativo que plantea el partido en el Gobierno, un gesto previsible después de apoyar al PP en la Mesa del Congreso para prorrogar sistemáticamente —hasta 19 veces en un año— la fase de presentación de enmiendas a la proposición de ley. La votación de este jueves, por tanto, devuelve la tramitación de la ILP al periodo de enmiendas parciales. 

La intención del Gobierno —que en la argumentación de la enmienda a la totalidad, recuerda que está preparando la creación de una tarjeta social o la prórroga de las ayudas a parados del Plan Prepara— era que la ILP sobre la renta mínima se convirtiese en una ley limitada a la constitución de un grupo de trabajo "para el estudio y clarificación del mapa de prestaciones existente en España".

La diputada del Grupo Parlamentario Popular Susana López Ares ha afirmado que "antes de añadir una nueva prestación el actual sistema es necesario conocer qué tenemos, clarificar el mapa de prestaciones existentes —que ha tachado de "complejo, desigual y opaco"— y delimitar las competencias del Estado, las comunidades y las entidades locales en la gestión y el pago de ayudas". López Ares ha sentenciado que la propuesta de los sindicatos "podría plantear problemas serios de inconstitucionalidad" aludiendo a la sentencia del Tribunal Constitucional que estableció que eran las comunidades, y no el SEPE (Servicio Público de Empleo), quienes debían gestionar las subvenciones.

Carles Campuzano, del Grupo Mixto, ha negado que exista invasión competencial y ha afirmado que "el Estado no puede pretender que las comunidades y los ayuntamientos hagan frente en soledad a las necesidades de las personas sin recursos". Campuzano ha señalado además que el texto alternativo planteado por el PP no es una enmienda a la totalidad, sino una simple propuesta de un grupo de trabajo, lo cual es "muy poco respetuoso con el esfuerzo realizado por los sindicatos", ha aseverado. 

La diputada socialista Elvira Ramón ha criticado que la enmienda suponga "un fraude al procedimiento legislativo" y ha recordado que no se necesita una ley para crear dicho grupo de estudio, que ha calificado de "tomadura de pelo". Además, ha señalado que si el Gobierno hubiera querido clarificar el mapa de prestaciones, "ya podía haberlo creado". 

En la misma línea se ha manifestado Isabel Franco, de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que ha dicho que el PP podía haber votado en contra "en lugar de presentar esta enmienda de la vergüenza", ha criticado, recordando que la mitad de las personas desempleadas no reciben ningún ingreso y rechazando el argumento del PP de que la iniciativa pueda invadir competencias autonómicas. "Lávense la boca para hablar de patriotismo, porque ni aman esta patria ni trabajan por su gente", ha afirmado.

La propuesta de CCOO y UGT es fijar una prestación de ingresos mínimos de 426 euros para personas sin empleo ni recursos. Los requisitos de los beneficiarios son tener entre 18 y 65 años, estar buscando trabajo, no percibir prestaciones por desempleo y no tener ingresos o ayudas que supongan una suma superior al 75% del salario mínimo establecido en cada momento.

Para el diputado de C's Sergio del Campo, esta iniciativa no sirve para luchar contra el desempleo juvenil ni de larga duración. "La solución no es crear una prestación nueva, sino invertir más y mejor en políticas de empleo", ha señalado. Ciudadanos ha votado a favor a la enmienda a la totalidad del PP porque entiende que la financiación de la renta mínima, estimada en unos 12.500 millones de euros, es "imposible de afrontar si no se aprueba una subida masiva de impuestos".

Sin embargo, el partido naranja se ha quedado solo apoyando al PP. Incluso el PNV ha apostado, a través de su diputado Íñigo Barandiaran, por trabajar desde la iniciativa presentada por los sindicatos y no "desde el vacío". "Es preferible someter a consideración el texto que ya está tomado en consideración, en lugar de una remisión genérica a la creación de un órgano cuya consecución de objetivos no ha quedado clara en ningún momento", ha afirmado.