El abogado sudafricano Brian Currin conoce muy bien el otoño vasco. Sabe que si sales por la mañana bajo un sol radiante y 25 grados, quizás vuelvas por la noche bajo lluvia y tiritando de frío. No solamente eso. Este experimentado mediador en conflictos también ha llegado a la conclusión de que bajo un clima u otro, Euskadi ya está instalada en un irreversible escenario de paz. Solo falta cerrar heridas, o al menos empezar a preparar las vendas.

Coincidiendo con el sexto aniversario de la Conferencia Internacional de Aiete –en la que participó el ex secretario general de la ONU Kofi Annan- y la prácticamente inmediata declaración de cese definitivo de la violencia por parte de ETA, los distintos mediadores que trabajan para consolidar el nuevo tiempo en Euskadi volvieron a pisar tierra vasca para hablar, precisamente, sobre las claves que aún están sobre la mesa y en torno a los cuales aún no se han producido grandes avances.

Sin embargo, el de este año no es un aniversario cualquiera. Según coinciden en señalar distintas fuentes, ETA se encuentra en una fase muy próxima a su “desmovilización”, un término reconocido por las Naciones Unidas y bajo el que probablemente se producirá su disolución. Sin embargo, el final de este grupo no marcará el cierre definitivo de un sangriento periodo que dejó cientos de muertos –la mayoría causados por ETA, pero también por grupos paramilitares que practicaron la guerra sucia- y generó múltiples sufrimientos. Precisamente, aún quedan dos ámbitos que centran la atención de los expertos en procesos de paz: víctimas y presos.

En ese contexto, el Foro Social Permanente –una iniciativa que promueve vías de diálogo y entendimiento entre distintos actores- trabaja actualmente en la creación del denominado “mapa integral del sufrimiento”.

“Su primera expresión fue el acto realizado en noviembre del año pasado en el Parlamento de Navarra, donde víctimas de diferentes tipos de violencias tomaron la palabra y fueron capaces de generar empatía e incluso de llorar juntas. Ese es, precisamente, el camino: se trata de hacer un reconocimiento del conjunto de víctimas de todas las expresiones de violencia, sin equidistancia ni ambigüedades, porque también hay diferentes niveles de sufrimiento”, resumió a Público el portavoz del foro, Agus Hernán.

En esa línea, este grupo buscará “abrir un debate sereno sobre los casos sin resolver, los casos parcialmente resueltos o los miles de personas torturadas”. Según adelantó el Foro Social en un documento dado a conocer en el marco del aniversario de la Conferencia de Aiete y de la declaración de ETA, se buscará un “acuerdo político y social lo más transversal posible”, en el que se intentará conseguir “el equilibrio entre el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, y la aspiración de construcción de la convivencia en el seno de la sociedad”.

Ese proceso se realizará de manera “complementaria” al que se lleva a cabo en la ponencia de Convivencia y Memoria del Parlamento Vasco –donde el PP declinó participar- y desde las correspondientes áreas de los gobiernos de Euskadi y Navarra, que también llevan adelante distintas acciones en esos ámbitos.

Las posiciones de las víctimas

Precisamente, la citada ponencia de la Cámara de Vitoria dejó hace algunos días una imagen difícil de borrar: Carmen Hernández, viuda del concejal del PP Jesús María Pedrosa, asesinado por ETA en junio de 2000 en la localidad de Durango, no sólo accedió a prestar su testimonio en esa comisión parlamentaria, sino que también reclamó que los populares se sumen a sus trabajos. “Deberían incorporarse, cuanto antes lo hagan antes podremos construir una convivencia en paz y libertad, tenemos que intentar ser generosos”, declaró.

Manifestación abertzale en Euskadi bajo el lema 'Ahora el pueblo, ahora la paz'. / REUTERS

Sin embargo, no todas las víctimas comparten esa lectura. Consuelo Ordoñez, hermana del dirigente del PP Gregorio Ordoñez –asesinado el 23 de enero de 1995 en un restaurante de la parte vieja de Donostia- y presidenta de COVITE, no cree necesario hablar de convivencia. “La verdadera asignatura pendiente es la erradicación de la cultura del odio y la prevención de la radicalización”, comentó a Público. También reclama “justicia” ante lo que denominó como “la deuda pendiente para las víctimas: los 400 asesinatos sin esclarecer”. “Estamos peleando que a esas 400 familias no se les niegue el derecho a la verdad”, remarcó.

Sin cambios en las cárceles

Mientras los expertos buscan vías para avanzar en materia de víctimas, desde distintos ámbitos también se producen movimientos para buscar una nueva política penitenciaria, acorde al nuevo tiempo que vive este país. No resulta una tarea sencilla: el Gobierno de Rajoy se niega tajantemente a relajar sus posturas en materia de cárceles, lo que implica un no rotundo a los pedidos de acercamiento hacia prisiones del País Vasco. A día de hoy, la mayoría de los reclusos está en centros situados a varios cientos de kilómetros de Euskadi.

En ese contexto, el Foro Social Permanente y los mediadores internacionales consideran necesario un acuerdo que incluya a los gobiernos de Euskadi y de Navarra, así como a las autoridades de la recientemente creada Mancomunidad de Iparralde (el territorio del País Vasco bajo administración francesa), la sociedad civil y, evidentemente, el denominado Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK, por sus siglas en euskera). Del mismo modo, “se buscará generar una corriente de opinión en España y Francia favorable a una evolución de la política penitenciaria y la necesidad de sacarla de un marco de excepcionalidad”, apuntó Hernán. La tarea más complicada será convencer a Rajoy.