Este domingo, los comisarios José Manuel Villarejo y Carlos Salamanca; la mujer del primero, Gema Alcalá, y otros tres policías de inferior rango tendrán que explicar al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón los trabajos de "policía paralela" que hacían para organizaciones de crimen internacional -que iban desde el blanqueo de capitales a facilitar documentación a emigrantes-, para grandes empresarios y conocidos políticos. 

La documentación incautada en los registros de Madrid, Málaga y Valencia por la Unidad de Asuntos Internos, que dirige el comisario Francisco Migueláñez, "es brutal", explican a Público fuentes cercanas al caso. Los clientes de los comisarios van a quedar al descubierto, así como sus secretos y las actividades ilícitas que encubrieron y encauzaron valiéndose de sus puestos como altos mandos de la Policía: Villarejo como adjunto a la cúpula y Salamanca en sus destinos de Barajas y, en la actualidad, en la comisaría general de Extranjería y Documentación. 

Aunque a priori la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción se limita a las actividades de blanqueo y de facilitación de permisos a ciudadanos de Guinea Ecuatorial, la documentación viene a ratificar otras investigaciones de Asuntos Internos en las que Salamanca y Villarejo eran piezas claves: para la mafia china de Gao Ping, empresarios como Adrián de la Joya (caso del pequeño Nicolás) o Javier López Madrid (caso doctora Pinto) y políticos como Francisco Granados (espionaje en la Comunidad de Madrid, entre otros). Además, será inevitable que la Agencia Tributaria, que ya está involucrada en el caso, no investigue el patrimonio de más de 25 millones de euros de Villarejo y que Asuntos Internos destapó hace un año y reflejó en un informe que la Fiscalía de Madrid olvidó en un cajón. 

Otros, sin embargo, tienen miedo. Un constructor gallego explica a Público: "Salamanca y Villarejo me ofrecieron arreglarme un problema con otra empresa y me pidieron varios cientos miles de euros sólo por montar una reunión. Al final, les pagué a ellos y por mi problema, que no me solucionaron". 

El archivo secreto de Villarejo, forjado durante más de 30 años a base de grabar a todos y guardarlo todo, ha sido una de las armas del comisario para amenazar al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), a la Casa Real o al excomisario de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas. Sin embargo, sus amenazas parece que no han causado ningún efecto en esta ocasión. 

Guinea Ecuatorial, Obiang y el pequeño Nicolás

La investigación que ha llevado a la detención de Villarejo y Salamanca se inició por una denuncia anónima que la Fiscalía Anticorrupción recibió el pasado 25 de abril. Según ha desvelado El País, "en 2012, un alto cargo de Guinea Ecuatorial encargó al ahora comisario jubilado Villarejo, a través de su colega Carlos Salamanca, un informe sobre uno de los hijos del presidente Obiang, Gabriel Mbaga Obiang Lima. Se trataba de buscar trapos sucios del hijo y difundirlos a través de la red de medios cómplices del excomisario para desacreditarle y anularle en las luchas internas familiares. Varios diarios digitales participaron en la campaña de desprestigio". El cliente pagó más de 5 millones de euros al Grupo Cenyt, una de las empresas del comisario. 

La denuncia aportaba los pagos ingresados en cuentas de Panamá y con las que Asuntos Internos ya había dado en dos investigaciones anteriores: con el comisario Migueláñez al mando, sobre el patrimonio de su compañero; y otra por su antecesor, Marcelino Martín Blas, que se topó con los negocios de Villarejo en la operación contra la mafia china de Gao Ping y en la del pequeño Nicolás, que ya apuntaba abiertamente a Guinea Ecuatorial como la nueva ruta del blanqueo manejada por el multimillonario policía. 

Como desveló Público en 2015, en la grabación ilegal que presuntamente Villarejo hizo de una reunión entre agentes del CNI y de Asuntos Internos, se hablaba de las relaciones con Guinea de Francisco Nicolás y los empresarios que le rodeaban y de la operación de blanqueo de más de 10 millones de euros que preparaban mediante un crédito sobre la Hacienda la Alamedilla solicitado al Banco Nacional de Guinea. Recibían el dinero limpio y pagaban el crédito con el oculto en paraísos como Islas Vírgenes o Panamá. 

Para eso era necesaria la autorización de los dueños de la finca, entre los que se encontraban el exdirector de operaciones inmobiliarias del Banco Santander Javier Martínez de la Hidalga, y el accionista de Indra imputado en Lezo Adrián de la Joya, una de las personas a las que llama Villarejo nada más conocer la detención del veinteañero. De la Joya es amigo del comisario desde hace 20 años y comparten actividades y ocio, entre otras cosas. 

Pieza clave en este entramado guineano eran José Luis Balbás, empresario y miembro del PSOE, con estrechas relaciones con Eduardo Tamayo, el tránsfuga socialista que llevó a Esperanza Aguirre a la presidencia de la Comunidad de Madrid y que está asentado en Guinea Ecuatorial. 

Este grupo era el que rodeaba a Francisco Nicolás Gómez Iglesias en el momento de su detención. En el registro de su habitación se encontraron pasaportes de ciudadanos guineanos, documentos relacionados con una hija de Obiang y también los datos bancarios relacionados con la presunta operación de blanqueo de capitales en Guinea Ecuatorial.