El pleno del Congreso, con el voto en contra del PP, ha instado al Gobierno a modificar la ley de dependencia para reconocer este derecho con carácter retroactivo y acotar el tiempo de espera para recibir prestaciones a un máximo de seis meses desde que presenten la solicitud.

Lo ha hecho al aprobar una proposición no de ley de Podemos, que ha sido transaccionada con Ciudadanos, el PDeCAT y UPN y que ha recibido el apoyo del PSOE y del PNV, con 204 votos a favor, 128 en contra y 1 abstención.

Según el texto de la transaccional, el Congreso emplaza al Ejecutivo a restablecer y aumentar los recursos económicos necesarios hasta recuperar el nivel acordado de financiación de la ley de dependencia derogado en 2012. Además, exige reponer el derecho de los cuidadores no profesionales del sistema de dependencia a incorporarse al Régimen General de la Seguridad Social, de modo que sus cotizaciones corran a cargo de la Administración General del Estado, vía Presupuestos Generales del Estado.

La diputada de Podemos Ana Marcello ha justificado esta iniciativa en que más de 400.000 personas en España se encuentran "en el limbo de la dependencia", por lo que ha acusado al PP y al Gobierno de tener la "poca vergüenza" de decir que asisten a este colectivo. "Con los más de 1.000 millones que han robado, podríamos atender a todas las dependientes de ahora y del futuro", ha zanjado la parlamentaria.

Afirmaciones que no ha compartido la parlamentaria conservadora Dolores Marcos, que ha acusado a Podemos de "estar más pendientes de las cámaras que de esta cámara" y les ha emplazado a no "colgarse la medalla de lo social". "Lecciones, las justas", ha añadido.

Mientras, Elvira Ramón, del PSOE, ha resaltado que su grupo siempre "va a estar a favor de mejorar el sistema", mucho más cuando se trata de "revertir las reformas regresivas del PP y sus recortes". Además, ha considerado "imprescindible" aumentar los presupuestos para recuperar los 2.000 millones que se han restado al sistema desde 2012.

Diego Clemente, de Ciudadanos, ha calificado de "vergonzosos" los datos de la dependencia en España: a 30 de septiembre, 1.239.043 personas estaban en situación de dependencia reconocida; 311.522 con pleno derecho a recibir prestaciones o servicios estaban en lista de espera y 445.630 no reciben ayuda alguna.

Así, del 1.684.673 solicitudes, 124.332 estaban pendientes de ser evaluadas, lo cual se traduce en que "el 3,62 % de la población necesita apoyo de mayor o menor intensidad para desarrollar actividades en su vida diaria. Sin embargo, 150.000 dependientes con derecho reconocido han fallecido en los últimos cinco años esperando su prestación, 18.000 de ellos en el último semestre.

Desde el PNV, Íñigo Barandiaran ha apoyado la iniciativa porque la dependencia "es responsabilidad de todas las administraciones". En el mixto, la diputada del PDeCAT Miriam Nogueras ha criticado que sean "las personas las que tenemos que adaptarnos a un sistema caduco" en vez de al revés, y la de Compromìs, Marta Sorlì, ha afeado al PP que solo le interese cumplir la legalidad y la Constitución "cuando quiere".