La Dirección General de Tráfico ha recortado drásticamente los controles de alcoholemia y de drogas en las carreteras españolas, una medida que llega tras un repunte de la accidentalidad y de la mortalidad en ellas y que sigue, también, a un lustro de desplome de la inversión en infraestructuras viarias y de reducción de la plantilla de la Guardia Civil.

El recorte en las pruebas de alcoholemia alcanza el 20% en dos años, al haber pasado de los 6,33 millones de 2014 a los 5,07 de 2016, según consta en una respuesta parlamentaria del Gobierno al diputado malagueño del PSOE Miguel Ángel Heredia. Y todo apunta a que este año se cerrará con cifras similares, ya que la proyección de los 3,05 test realizados entre enero y julio da una cifra de 5,23.

Paralelamente, las pruebas de detección de conductores drogados, que habían registrado un espectacular crecimiento en 2014 y 2015 (29.643 y 76.040 por menos de 5.000 en los ejercicios anteriores), sufrieron un recorte de casi el 15% el año pasado, cuando se redujeron a 69.169. Esa tendencia tampoco lleva camino de mejorar mucho al cierre de 2017, puesto que el acumulado de enero a julio (40.466) proyecta una recuperación de apenas 200.

Menos inversión en asfalto

En esos años, en los que el recorte de los controles ha coincidido con un repunte de la siniestralidad y de la mortalidad que la Fiscalía califica como “un alarmante punto de inflexión”, el cambio de la política de seguridad vial del Gobierno del PP ha incluido otras tres novedades, dos de las cuales coinciden en lo austero de su origen y, a la vista de sus efectos en la seguridad vial, en la tenebrosas consecuencias de su ejecución.

La primera es un desplome de la inversión en infraestructuras, que ha llevado a no abrir ni un nuevo kilómetro de carretera en la mitad de las provincias en el lustro transcurrido entre 2012 y 2016.

Este año, por ejemplo, la ejecución de los presupuestos de construcción y de conservación de carreteras solo alcanzaba entre enero y agosto, respectivamente, el 22,6% y el 53,3% de lo previsto. Se trata, en cualquier caso, de un volumen netamente inferior al de 2011, el segundo año de recortes del Gobierno de Rodríguez Zapatero, cuando las actuaciones ejecutadas (1.278 y 1.046 millones, con niveles del 90%) superaban en un 12% y un 11% a las presupuestadas para 2017.

En 2016 casi se cumplieron los pronósticos, con un nivel de ejecución del 91,1% y el 97,2%, respectivamente, en obras y mantenimiento. Aunque, en la práctica, el dato revela un desplome del 12% (246 millones) en conservación en relación con la inversión de 2011.

Menos guardias civiles y más radares

La segunda, aplicada en el capítulo de personal, se ha traducido en un recorte del más de 8% de la plantilla de la Guardia Civil de Tráfico, que en esos mismos cinco años ha perdido 821 efectivos para pasar de 9.673 a 8.852 y situarse en el nivel más bajo de la década.

La Guardia Civil de Tráfico no se ha librado de la política de recortes de personal en las fuerzas de seguridad aplicada por el Gobierno, que en cinco años ha suprimido 5.764 miembros en el instituto armado, cuya plantilla pasó de 82.692 a 76.928, y más de 7.000 en el Cuerpo Nacional de Policía, que cerró el año pasado con 64.488.

No obstante, el Ministerio del Interior ha encontrado una vía para paliar las consecuencias de ese recorte de personal: elevar en dos horas y media la jornada semanas de los motoristas de Tráfico y las unidades de atestados. Según la denunciado AUGC (Asociación Unificada de Guardias Civiles, mayoritaria en el cuerpo), Interior reeditó hace unos días esa orden, aplicada inicialmente del 2 de octubre a fin de año y suspendida a principios de mes por las quejas de la plantilla, que se plantea una nueva ‘huelga de bolis caídos’.

Mientras tanto, la tercera medida, de claros tintes recaudatorios y escaso o nulo efecto en las evolución de la accidentalidad, ha consistido en intensificar la rentable actividad de los radares de velocidad, que aportan más de 16.000 euros por hora  tras haber llegado a alcanzar los 18.485 el año pasado.

El Gobierno ha sacado de la carretera a más de 800 agentes de la Guardia Civil de Tráfico desde 2011.

La situación no deja de empeorar

Ese tipo de decisiones están empezando a dejarse notar sobre el asfalto. Los datos oficiales de la Dirección General de Tráfico  indican que la cifra de accidentes con víctimas no ha dejado de crecer desde que el Gobierno comenzó a aplicar esas recetas en la seguridad vial: los 83.027 siniestros de 2011 se habían convertido en 102.362 en 2016, mientras el número de afectados aumentaba de 117.687 a 136.144.

Como consecuencia de ese incremento de la siniestralidad, la cifra de fallecidos se disparó el año pasado hasta los 1.810, tras un claro descenso entre 2011 y 2013 (de 2.060 a 1.680) seguido de otros dos ejercicios de ligero aumento.
Y los números de este año, con 1.079 muertos en las carreteras que suponen un aumento de más de tres puntos en relación con los 325 primeros días de 2016, revelan que la situación no deja de empeorar.

Esa evolución rompe una anterior de dos décadas de reducción de la siniestralidad especialmente visible en las carreteras españolas, en las que la cifra de fallecidos había pasado de 5.236 a 1.230 entre 1993 y 2013.

Más positivos en alcohol y anfetamina

Para Heredia, esa reducción de los controles de alcohol y de drogas, que califica de “auténtica barbaridad”, resulta “absolutamente incomprensible”, y más cuando, a pesar del recorte, está aumentando el volumen de positivos: un 1% en el caso del alcohol y un sorprendente 30% en el caso de las anfetaminas.

Entre 2015 y 2016, las alcoholemias positivas pasaron de 25.331 a 25.669, mientras la cifra de conductores bajo los efectos de anfetaminas crecía de 2.710 a 3.520.

El diputado va a plantear una batería de iniciativas parlamentarias para conocer los motivos del desplome de los controles, aclarar “si detrás de este descenso hay un recorte inversor en la materia para gastar menos en controles de seguridad vial” y esclarecer si eso “ha podido tener algún tipo de relación con el incremento de las víctimas mortales en 2016 y en lo que llevamos de 2017”.

También quiere conocer los motivos del cambio de jornada de los agentes de Tráfico y saber “cuál ha sido el ahorro en material para controles” desde 2015.