En el último año, el Gobierno de Susana Díaz ha aumentado en 46 puestos el personal de alta dirección de la Administración andaluza, pasando de 185 a 231 altos cargos. La mayoría de esas nuevas incorporaciones fueron hombres, lo cual redujo “por segundo año consecutivo la participación de las mujeres en puestos de mayor responsabilidad” y, en consecuencia, contribuyó a aumentar la brecha salarial entre funcionarios y funcionarias de la Administración andaluza.

Este último dato, sin embargo, no consta con números en el Informe de Evaluación de Género que acompaña a los Presupuestos Autonómicos de 2018 porque la Junta ha decidido no reeditar este año el estudio que el curso anterior destapó la “distribución salarial desventajosa para las mujeres” en la Administración andaluza.

El año pasado, el Informe de Género sobre los Presupuestos incluyó por primera vez un análisis de las retribuciones recibidas y los permisos solicitados por los empleados públicos de la Junta. El documento evidenció que la Junta incumplía su propia legislación en materia de igualdad de derechos entre hombres y mujeres, puesto que los funcionarios venían cobrando en conjunto un 12,1% más que sus compañeras.

Las retribuciones en la Administración andaluza están reguladas por ley, sometidas a convenios colectivos y enmarcadas en sistemas de acceso y promoción más objetivos, reglados y controlados que en la empresa privada. De ahí que ese desfase del 12% entre lo que cobran las mujeres y los hombres dentro del sector público andaluz resultó llamativo, porque la Ley andaluza de Igualdad para la Promoción de Género sanciona los “espacios de discriminación a la mujer en el mercado laboral”.

La decisión de no reeditar este año un segundo estudio que examine cómo ha evolucionado esa brecha salarial de género coincide con que el Consejo de Gobierno aprobará en los próximos días una ambiciosa reforma de la Ley andaluza de Igualdad. Entre las novedades, de hecho, se incluyen las “auditorías periódicas a empresas privadas para detectar diferencias retributivas entre hombres y mujeres”, con objeto de sancionar y eliminar la brecha salarial de género. Las trabajadoras andaluzas cobran de media 5.875 euros menos al año que sus compañeros (6.161 menos a nivel nacional), según datos del INE, y la Junta prevé multas de 6.000 a 12.000 euros para empresas privadas (y entes públicos) que incumplan la Ley de Igualdad.

La Consejería de Hacienda, responsable del Informe de Impacto de Género del Presupuesto, explica que el estudio sobre brecha salarial de género no se ha cancelado “porque fuera conflictivo el del año pasado”, sino porque “no siempre se analizan en profundidad las mismas cuestiones” y porque “este año se ha optado por revisar otros parámetros”. El citado informe recoge una explicación similar: “Dado que los cambios en estas materias suelen ser lentos y poco perceptibles anualmente, en futuros informes se continuará el análisis de retribuciones y permisos para poder apreciar cambios significativos en sus resultados”.

Sin embargo, es el mismo Informe de Evaluación de Impacto de Género del Presupuesto de 2018 el que revela un nuevo aumento en la brecha salarial de género en el sector público andaluz. Y la razón es la misma que hace un año: “La participación de mujeres en los puestos de mayor dirección se redujo en 2017 por segundo año consecutivo” y tras dos reestructuraciones en el Gobierno de Susana Díaz que implicaron cambios en los equipos directivos. En consecuencia, “hay menos presencia de mujeres respecto al año anterior en puestos de altos cargos” de la Junta, aunque “manteniendo el equilibrio de distribución por sexo” que fija la ley.

El personal de dirección en la Administración andaluza apenas representa un 0,5% del conjunto de la plantilla. El último año se registró un “ligero aumento respecto al anterior” (46 altos cargos más), “mayor en el caso de los hombres, lo que supuso una pérdida de participación de las mujeres en los puestos de mayor responsabilidad”, reza el informe, que concluye que “la menor presencia de mujeres en los grupos superiores de la escala profesional continúa siendo un elemento que indica la presencia de techos de cristal”. El número de mujeres jefas en la Administración pública sigue siendo “inferior al que correspondería por su peso en la plantilla (…) y podría indicar la existencia de dificultades para conciliar la vida familiar y profesional dada la correlación negativa entre número de hijos y acceso a los puestos de responsabilidad”.

En el último año, es decir, entre el primer estudio sobre la brecha salarial de género en la Junta y la actualidad ha habido una crisis de Gobierno (junio 2017) que se ha saldado con más incorporaciones masculinas que femeninas en puestos de dirección. Se repite así un síntoma que ya denunció el primer informe, a saber: que los últimos cambios de titulares en las consejerías del Ejecutivo andaluz dieron lugar a “un aumento de la sobrerrepresentación de los hombres en los equipos directivos”. Una de las conclusiones de aquel informe que más impactó a la presidenta es que en el primer gabinete presidido por una mujer (Susana Díaz), los cambios organizativos “han provocado una menor presencia de mujeres entre el personal alto cargo respecto del año anterior”. Sólo en dos departamentos (Cultura y Políticas Sociales) había “un mayor protagonismo femenino en los puestos de categorías superiores”. La misma foto fija se ve este año.

Hacienda, dirección paritaria; Educación, masculinizada

Las mujeres representan el 64,6% de los empleados públicos de la Administración andaluza, frente al 35,4% de hombres, sin embargo, el año pasado de los 185 altos cargos que contabiliza la Consejería de Hacienda, el 66,5% son hombres y el 33,5% son mujeres. Es un reparto que está dentro del equilibrio que acepta la Ley de Igualdad, aunque las últimas incorporaciones a categorías de dirección han agrandado esa brecha. La Junta ha aumentado la plantilla de directivos en 46 más (a pesar del compromiso de reducir altos cargos), pero “la participación de mujeres en los puestos de mayor representación se redujo en 2017 por segundo año consecutivo”.

El departamento de Hacienda sigue siendo el más paritario, y los de Agricultura y Medio Ambiente los que tienen un grado más elevado de masculinización. También le ocurre esto a la Consejería de Educación que, pese a estar pilotado por una mujer y contar con un 66,2% de mujeres en la plantilla docente, sólo el 33,2% de sus directivos son mujeres.

Los funcionarios hombres en conjunto cobra un 12,1% más que sus compañeras, mientras que entre el personal laboral -la categoría profesional más numerosa de la Junta (51,3% de la plantilla)- la brecha salarial de género era del 4,6% en puestos medios y del 10% en escalas superiores. Una de las explicaciones es que las empleadas públicas andaluzas hacen un mayor uso de los días de permiso (sobre todo en edades entre 35 y 44 años), más asiduamente mientras más hijos tengan, lo cual termina repercutiendo en su promoción profesional.

La desventaja en el salario de las funcionarias andaluzas nace de algo que los expertos denominan “discriminación indirecta”, es decir, no cobran menos por el hecho de ser mujeres, pero sí como consecuencia de serlo. “La discriminación indirecta se produce cuando una ley, la política o el programa no parecen discriminatorios, pero tiene efectos discriminatorios en su aplicación”, reza el informe. En el caso de las funcionarias andaluzas, estas se encontrarían en desventaja respecto a los hombres por dos factores extra que afectan más a las mujeres: la edad y la descendencia.

La diferencia de ingresos entre hombres y mujeres del conjunto de la Administración general crece con la edad del personal, alcanzando su máximo entre los efectivos mayores de 55 años, donde los hombres ganan un 16,2% más que las mujeres sobrepasando la brecha media de toda la Junta. A más edad, el funcionario hombre ostenta más responsabilidad laboral, y la mujer menos. La edad media de los hombres que ocupan los niveles retributivos superiores (51,3 años) sigue siendo mayor que la de las mujeres (48,8), en un contexto donde el 57,8% del personal de los equipos directivos de la Junta supera los 50 años.

Aún más significativo aún es cómo repercute el número de hijos en el sueldo del personal. En ausencia de descendientes se registra una diferencia de ingresos entre hombres y mujeres del 9,5% (ganando más los hombres) y la brecha va creciendo a medida que aumenta el número de hijos, siendo un 14% cuando se tiene un crío, y del 18,1% ante dos o más hijos. Esta última brecha, según el informe, es la más alta observada en todos los datos analizados de la Administración general de la Junta de Andalucía, apuntando a “la conciliación de la vida familiar y laboral y al cuidado de menores como uno de los factores más significativos en la desigualdad salarial de las mujeres”.