En 2012 los tribunales andaluces abrieron investigaciones en varias provincias apuntando a un supuesto fraude masivo de los fondos del Gobierno andaluz para la formación de parados. La partida presupuestaria bajo sospecha rebasaba los 1.600 millones de euros. Se repetía el esquema del macrofraude de los ERE, el mayor golpe judicial y político que ha recibido la Junta de Andalucía, con más de 200 imputados, incluidos los dos expresidentes andaluces, Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Casi al inicio de las pesquisas judiciales, el Gobierno de Susana Díaz decidió cortar de raíz, ordenó paralizar las ayudas sociolaborales y dejó en suspenso las políticas activas de empleo hasta que se esclareciese el escándalo judicial. Fue una decisión polémica en una comunidad con un 25,4% de desempleados, según la última Encuesta de Población Activa (EPA).

Las ayudas públicas para la formación de parados han estado paralizadas cinco años (hasta hace un par de meses) y en ese tiempo, la Junta ha devuelto todo el dinero que el Gobierno central y la UE destinaban a Andalucía para políticas activas de empleo. Susana Díaz había aprendido de los ERE y prefirió ser prudente y no seguir concediendo subvenciones para la formación hasta saber si se había cometido algún delito de menoscabo de fondos públicos, y si las irregularidades salían de la Administración o las cometían las empresas adjudicatarias, es decir, si la Junta era defraudadora o defraudada.

La oposición no discutió demasiado esa decisión el primer año, pero a medida que la economía andaluza fue dando síntomas de recuperación, los adversarios de Díaz empezaron a acusarla de tener paralizado el principal instrumento de fomento del empleo. La propia Consejería de Empleo ha reconocido que en los últimos años la Junta de Andalucía ha devuelto sin usar más de dos mil millones de euros al Gobierno de Mariano Rajoy en políticas activas de empleo.

Ahora, cinco años después, han sido UGT y CCOO quienes se han reunido con miembros del Gobierno andaluz para conminarles a reclamar parte de ese dinero al Ministerio de Empleo. Los sindicatos de clase reclaman al Estado un plan de empleo extraordinario para Andalucía, financiado con la devolución de los fondos de las cotizaciones de trabajadores y empresarios andaluces para compensar las partidas no ejecutadas por la paralización de los cursos de formación: “Es una partida finalista que, si no se ha gastado en el fomento del empleo para Andalucía, no se puede gastar en otra cosa, de modo que es lógico solicitar que reenvíen el dinero”, explican. El Ejecutivo de Susana Díaz ha hecho suya esta reclamación, ante el asombro y la indignación del PP, que lleva años acusando a la presidenta de “desperdiciar” los fondos para políticas activas de empleo mientras Andalucía soporta casi un millón de parados.

En el próximo pleno, una vez se aprueben este jueves los Presupuestos Autonómicos para 2018, el PSOE llevará una iniciativa a la Cámara para que sea el Parlamento andaluz el que eleve la solicitud al Ministerio de Empleo reclamando que reenvíen a Andalucía parte de los fondos de políticas activas de empleo que se desecharon cuando aún estaba caliente el escándalo judicial. “Ahora que los tribunales han desinflado el supuesto fraude de la formación, reclamaremos ese dinero para poner en marcha un plan extraordinario de empleo”, avisan desde la Junta.

La cifra que se reclama es de mil millones de euros para que se consigne en las partidas finalistas para Andalucía en los próximos Presupuestos Generales del Estado, aunque la Junta denuncia que en los últimos cinco años ha dejado de percibir 2.200 millones. UGT y CCOO coinciden en que Andalucía ha pasado de ingresar el 26% de los fondos estatales de empleo en 2011 al 18% en el presente ejercicio. La proposición no de ley que el PSOE llevará al Parlamento también insta al Gobierno central a “cuantificar” los fondos para empleo sin ejecutar de estos años y pide que “se transfiera” a Andalucía a través de la comisión bilateral Junta-Estado. Al Ejecutivo de Susana Díaz le ha venido bien que sean los sindicatos UGT y CCOO quienes hayan tomado la iniciativa, porque así dificulta las críticas del PP. El secretario de Organización del PSOE, Juan Cornejo, se ha reunido con las líderes sindicales Carmen Castilla (UGT) y Nuria López (CCOO) para garantizarles que el grupo socialista llevará su propuesta al Parlamento.

En 2017, el Ministerio de Empleo repartió entre las comunidades autónomas 1.893,32 millones para las políticas activas de empleo, un 5,14 % más que en 2016. Sin embargo, Andalucía recibió 358,2 millones, 11 millones menos que en 2016 (-3,08 %). La Junta dijo que esta caída de fondos era “un agravio” para una comunidad con una de las tasas de paro más altas el país, mientras que el PP denunció la “inacción” del Ejecutivo de Díaz, que por entonces aún tenía paralizadas las ayudas para programas de orientación, formación profesional para el empleo e intermediación laboral. Es cierto que a Andalucía le corresponderían más fondos para empleo que a otras regiones, dada su elevada tasa de desempleo, pero es sólo una verdad a medias.

El reparto del fondo estatal para políticas activas de empleo se rige por dos criterios: el 70% depende de la evaluación de objetivos y del éxito en la ejecución de estos fondos durante el año anterior (algo en lo que la Junta no había computado, porque las ayudas estaban bloqueadas) y sólo el 30% depende del número de parados.

El Gobierno de Díaz reactivó las políticas activas de empleo hace dos meses pero, a consecuencia de las irregularidades detectadas y judicializadas, los requisitos que la Junta ha impuesto a las empresas para optar a ayudas se han endurecido y el desarrollo de los cursos a parados es claramente inferior al previsto. Sólo han empezado 273 cursos de formación para parados, el 20% de los 1.492 que la Consejería de Empleo prometió el pasado junio, cuando se anunció en Consejo de Gobierno la oferta de las subvenciones.

La convocatoria de ayudas para 2016, la primera en cinco años, ha tenido un nivel de respuesta insuficiente: en los cursos que están en marcha hay 4.042 parados inscritos, cuando Empleo esperaba llegar a los 22.380 beneficiarios. Tampoco las Escuelas Taller y los Talleres de Empleo han empezado a funcionar, pese a contar con un presupuesto de 50 millones de euros. El presupuesto total de las ayudas a la formación asciende a 64,9 millones de euros.