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El programa de Domènech para el 21-D: 300 propuestas sociales, las olvidadas del procés

'Público' ha accedido al documento con las propuestas de Catalunya en Comú - Podem para las elecciones catalanas, que debe ser ratificado este domingo. El texto defiende establecer por ley un porcentaje mínimo de inversión social, el fin de los conciertos educativos y un programa piloto para avanzar en el camino hacia la instauración de una renta básica. 

El cabeza de lista de Catalunya en Comu-Podem, Xavier Domènech./ EFE

Catalunya lleva meses abriendo informativos y portadas, pero siempre con temas relacionados con el procés; la inacción de Mariano Rajoy y su posterior recurso al 155 en su versión más radical; las idas y venidas de Carles Puigdemont, desde Barcelona o Bruselas o la errática actuación del Parlament; todo narrado en directo, casi 24/7, pero sin que lo social, los recortes o la desigualdad en Catalunya fueran mencionados más que de forma anecdótica. Visibilizar y revertir esta situación es una de las claves del programa de Catalunya en Comú - Podem para las elecciones del 21-D, al que ha accedido Público y que todavía debe ser ratificado por su militancia en asamblea, este domingo.

"Durante los últimos años, detrás del procés, se han olvidado las políticas sociales, y nuestra salida a la situación nacional también debe permitirnos recuperar la agenda social", asegura a este diario Marc Parés, coordinador del programa que abanderará la candidatura de Xavier Domènech. Parés explica que el documento se vertebra en siete bloques, a su vez estructurados en "objetivos" -propuestas generales-, que aglutinan varias iniciativas concretas. De las 170 páginas del texto, cerca de 40 se refieren al eje social -'Recuperemos la agenda social'-, y se desglosan en aproximadamente 300 iniciativas concretas -que coparán entre cinco y seis puestos de las 25 medidas que sus bases designarán como prioritarias.

Entre ellas, el coordinador de Programa de la candidatura de Domènech destaca la propuesta de fijar por ley un porcentaje de inversión social mínimo en todos los Presupuestos de la Generalitat —"hoy se destina un 21% del PIB, pedimos elevarlo hasta el 28%, la media europea"—; también la iniciativa para implantar un sistema fiscal "más justo y solidario" —sumado a la recuperación del impuesto de sucesiones o a la eliminación de beneficios fiscales "a sectores más privilegiados"—, y la idea de elaborar una "ley de arrendamientos urbanos catalana" —que permita acotar también el poder de Airbnb y otras plataformas que contribuyen a elevar los precios de los alquileres—.

"La educación es clave", sentencia, y esto pasa por la "disminución progresiva de los conciertos" para priorizar los centros públicos, y por doblar la inversión en educación "para situarla en lo que prevé la Ley de Educación Catalana" —pasando del 2,8% al 6% del PIB—. También avanza un plan de choque contra el paro y la precariedad, y su propuesta de caminar hacia un marco de negociación colectiva a nivel catalán para "garantizar los derechos de trabajadores y trabajadoras".

"Queremos capacidad para poder regular y legislar desde Catalunya", apunta Parés, que denuncia que los Presupuestos vigentes en este territorio aún arrastran la losa de los recortes de Artur Mas en 2011, cifrados en torno a los 2.300 millones, sin que el Govern cesado de Junts pel Sí, apoyado por la CUP, "haya puesto sobre la mesa las prioridades sociales". "Hay que hacer avanzar a Catalunya en lo nacional, en la mejora del autogobierno, con mayores competencias, mayor capacidad de financiación, en la relación bilateral con España. Vamos a avanzar en esto, pero para que esto sirva hay que dar respuesta a la agenda social", zanja.

De la eliminación de la religión en las escuelas a la tasa al deporte de élite

En materia educativa, la candidatura pide revocar la polémica LOMCE; elaborar una nueva Ley de Educación de Catalunya, o revocar los acuerdos en materia educativa con el Vaticano y con el resto de confesiones religiosas, así como eliminar la asignatura de religión. Su propuesta pasa por doblar la inversión en lo que hace referencia a la igualdad en este marco, y por mejorar las condiciones laborales de profesores y otros trabajadores del sector. El texto defiende aumentar el número de becas universitarias, e implantar "progresivamente" un sistema de tasas de matrícula proporcional al nivel de renta,.

En materia cultural, y además del Pacto Nacional por la Cultura, o de elevar las partidas presupuestarias hasta que supongan cerca de 60 euros de inversión por habitante, el texto desglosa iniciativas que hacen referencia a la industria y otras que favorecerían el consumo por parte de las familias: pide potenciar el asociacionismo cultural, elaborar planes de apoyo a las programaciones culturales municipales, pero también un "Plan de Rescate para los artistas, los creadores y los trabajadores de las empresas culturales", e instaurar un cheque cultural para las familias con menos ingresos.

También apunta medidas para apoyar a las creadoras, algo similar a lo que ocurre, por ejemplo, en lo que afecta al bloque sobre deportes. Aquí, además de abogar por impulsar el papel de las mujeres en el mundo del deporte, defiende elaborar un protocolo que promueva la erradicación de actitudes LGTBIfóbicas y machistas en competiciones deportivas, e incluso instaurar una tasa especial al deporte de élite, para que revierta en el deporte de base.

De la renta básica a la denuncia de la especulación con la vivienda

Las medidas incluidas en el apartado de 'Justicia Social y Políticas por la Igualdad' se asientan sobre el mínimo de inversión social que propone el texto, y tienen un importante componente económico. El documento defiende un programa piloto en Catalunya para avanzar hacia la renta básica y la instauración de un tipo tributario del 50% para rentas superiores a los 100.000 euros.

En lo tocante a la vivienda, el texto persigue la elaboración de censos de pisos vacíos para después incorporarlos al parque público de vivienda —mediante cesiones temporales y otros mecanismos—, impulsar la creación de convenios de cesión con la SAREB y otros grandes propietarios, y establecer sanciones por los pisos que pasen más de dos años vacíos. También propone crear mecanismos para denunciar la especulación con la vivienda, y que cada pueblo o barrio disponga de un 15% de parque de vivienda social en 2030.

Recuperar los 1.500 millones recortados en Sanidad

En materia sanitaria, el texto aboga por recuperar "como mínimo" los 1.500 millones recortados por CiU y Junts pel Sí en estas partidas, asegurar el acceso universal al sistema sanitario a todas las personas que viven en Catalunya, y garantizar las visitas al dentista a toda la población.

En última instancia, la candidatura de Domènech aboga por "desmercantilizar la sanidad en Catalunya, una de las comunidades con un mayor grado de privatizaciones", y por trabajar para reducir las listas de espera.

Un programa pendiente de ratificación

En ocasiones, en un mismo apartado, el texto vincula políticas sociales con económicas —"el modelo del PP se basa en el crecimiento económico sin redistribuir"—, pero también con otras relacionadas con la tecnología o la igualdad. El domingo, explica Parés, las bases de su partido podrán participar en talleres y votaciones para priorizar medidas —sin hacer cambios en el documento actual—.

Elegirán 25 propuestas, que después serán destacadas en la presentación del programa y en la votación del texto en su conjunto. Las iniciativas, recopiladas en las últimas semanas por la acelerada convocatoria electoral —vía 155— provienen de distintos territorios en Catalunya, y en su elaboración han participado también militantes de Podem, la marca catalana de Podemos, además de "expertos sectoriales", aclara Parés.

La España plurinacional y el referéndum pactado

La propuesta de celebración de un referéndum pactado y la defensa del derecho a decidir cuentan con su propio bloque. Grosso modo, y recordando que este apartado desarrolla las ideas aprobadas en la Asamblea Fundacional de Catalunya en Comú, el texto explica que su propuesta "nacional" se articula en torno a tres pilares "interrelacionados" que podrían ejecutarse "en paralelo": el referéndum pactado, la elaboración de un nuevo marco constituyente catalán de amplias mayorías y la necesidad de reformar la Constitución para que incluya un reconocimiento del carácter plurinacional del Estado español y del derecho a decidir.

Como ya han recogido algunos medios, esto conllevaría también la aprobación de una Ley de Claridad que requeriría del respaldo de la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados para su aprobación, y marcaría los plazos y las formas en los que debería desarrollarse el referéndum. En ultima instancia, la propuesta también recoge un llamamiento a la liberación de los "presos políticos", al abandono de la vía unilateral por parte de organizaciones independentistas, el rechazo de Catalunya en Comú al 155 y una petición para que éste deje de estar en vigor.

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