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Manifestantes de la Marea Pensionista de l'Hospitalet de Llobregat  ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya./ Begoña Fuentes

El 21-D realimenta el debate sobre el futuro de las pensiones en una Catalunya independiente

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El Gobierno del PP apela al mensaje del miedo mientras admite que acudirá a la emisión de deuda para financiar los subsidios.

Política

Con las cosas de comer se juega. Y más aún si estamos a las puertas de otra cita electoral. En el marco del debate soberanista que impregna la campaña para las elecciones del 21D, se ha vuelto a colar la discusión sobre la viabilidad de las pensiones en una hipotética Catalunya independiente. "Si ganan los independentistas peligran las pensiones de los catalanes". El mensaje es del presidente del PP catalán, Xavier Garcia Albiol. Según añade, si se "cierra el libro del independentismo, las pensiones están garantizadas".

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Con el argumento de garantizar la estabilidad económica, las manifestaciones de Garcia Albiol forman parte de la estrategia del PP de dibujar un escenario negativo en caso de victoria del bloque soberanista: el crecimiento económico se reduciría, la prima de riesgo subiría y la paro volvería a aumentar. Ahora, es el turno de las pensiones. Para el Gobierno del Estado, los catalanes no podrían estar cobrando su subsidio en una Catalunya independiente. Una vez más, el PP utiliza la economía como recurso para asustar a los votantes.

El sistema de la Seguridad Social es más sostenible en Catalunya que en el conjunto del Estado Español. Esta es la conclusión de un informe de la Consejería de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia del pasado mes de septiembre. El estudio concluye que, a pesar de que el envejecimiento de la población y la crisis han generado saldos negativos a la Seguridad Social, el déficit por habitante en España en 2016, situado en 389 euros por persona, dobla el de Catalunya, que se queda en 177.

La batalla del déficit

La profesora de Teoría Económica de la Universidad de Barcelona (UB) Elisenda Paluzie sitúa el saldo negativo de la Seguridad Social en Catalunya en los 1.300 millones de euros. "La cifra se podría secar con la supresión del déficit fiscal de entre 10.000 y 15.000 euros que acumula el Gobierno del Estado con la Generalitat", puntualiza. Basándose en los datos del Departamento de Trabajo, Paluzie, augura que el sistema de pensiones en caso de independencia sería "más sostenible porque en Catalunya los sueldos son más altos, el paro es más bajo y la población está menos envejecida".

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En cambio, el profesor de Economía Europea de la Universidad Autónoma (UAB) Ferran Brunet matiza el importe del déficit de la Seguridad Social y la eleva hasta los 5.000 millones. "Esta cantidad no se cubriría para que una Catalunya independiente derivaría en una rebaja de más del 15% del PIB y de la tasa de ocupación". Para Brunet, el escenario soberanista también conllevaría una caída de los ingresos y una salida de la Unión Europea (UE) que "haría totalmente inviable la financiación de las pensiones".

Paluzie y Brunet coinciden en la fragilidad que arrastra el sistema de pensiones actual y recelan de su futuro. "No podemos caer en la demagogia de asegurar que subiría el que cobraran los jubilados catalanes, pero podemos afirmar con los datos en la mano que sería más sostenible". Por Paluzie, la reforma del método implica establecer medidas que avancen a "las dificultades" que nos encontraremos dentro de unos 20 años, cuando deban jubilarse los baby boomers ".

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El "pecado" de financiar las pensiones con deuda

"Financiar las pensiones con la emisión de deuda supone un pecado económico", apunta Ferran Brunet. Para el profesor de la UAB, la sostenibilidad del sistema de pensiones se encuentra en peligro y se trata de un problema grave. Por ello, propone acciones para incrementar la productividad, aprovechando el retorno de un ciclo expansivo de la economía. Además, plantea la necesidad de aflorar los ingresos procedentes del trabajo sumergido.

Estas apreciaciones de los dos expertos se basan en la evolución del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que creó el Gobierno del Estado en el año 2000. Hasta el 2011, se aportaron recursos para garantizar la sostenibilidad de las pensiones. A partir de entonces, se fueron sacando dinero, de forma que a finales de 2016 sólo quedaban 15.020 millones de euros, casi 50.000 menos que cinco años antes. Ante esta situación, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ya ha anunciado que el Ejecutivo emitirá deuda antes de que se agote la hucha de las pensiones.

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Báñez confirmó a principios de año que el Gobierno del Estado mantendría el límite legal que impide sustraer del Fondo de Reserva una cantidad superior al 3% del gasto total en pensiones. Para cumplir la ley, la ministra garantiza la utilización de cualquier mecanismo que permita abonar las prestaciones. Incluso, "la emisión de deuda cuando sea necesario". La nómina mensual de las pensiones ha crecido un 22% durante los últimos cinco años, pasando a ser de más de 8.000 millones de euros con un subsidio medio de 1.054 euros.

¿El mismo modelo?

La Ley de Transitoriedad, aprobada por el Parlament de Catalunya el 7 de septiembre, y anulada por el Tribunal Constitucional y que regula transición a una hipotética Catalunya independiente, reconoce "el historial de cotizaciones y el derecho a cobrar las pensiones y las prestaciones como con el modelo actual ". Asimismo, el artículo 17 del texto prevé que los funcionarios del Estado se integren voluntariamente a la Administración catalana con el mismo salario y empleo.

Elisenda Paluzie comenta que las palabras de García Albiol son "mentiras flagrantes", ya que considera que las "pensiones están más garantizadas en una Catalunya independiente". Los cálculos del Colectivo Wilson, una entidad formada por seis catedráticos catalanes unidos para contribuir al debate sobre la autodeterminación, precisan que en España existen 2,48 trabajadores por pensionista, mientras que en Catalunya, el ratio es de 2,54. Ferran Brunet afirma que Catalunya es deficitaria en el ámbito presupuestario y la independencia sólo llevaría a "una bancarrota del sistema de la Seguridad Social y las pensiones".

Más allá de su viabilidad o sostenibilidad, la batalla del futuro de las pensiones continuará alimentando el enfrentamiento partidista y electoral al menos hasta el 21D. De momento, con las cosas de comer se seguirá jugando.

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