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El artículo 155 marcará la cita electoral del 21-D. | REUTERS

Elecciones 21-D Catalunya encara de nuevo la campaña de unas elecciones decisivas

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Los partidos se lanzan a la campaña de unos comicios que independentistas y constitucionalistas presentan en clave plebiscitaria, aunque por diferentes motivos. Unas elecciones atípicas, convocadas por Rajoy, con el Govern destituido y sus miembros en prisión o en Bruselas

Política

Pistoletazo de salida a la campaña electoral de las elecciones más decisivas para el futuro de Catalunya. De nuevo, poco más de dos años después de unos comicios -los del 27S de 2015- que los partidos independentistas ya presentaron como cruciales, y que abordaron en clave de plebiscito sobre la independencia. Una campaña que es anómala en todos los sentidos, para unos comicios convocados por el presidente español, Mariano Rajoy, con medio Govern en prisión preventiva —a la espera de lo que decida el juez del Supremo Pablo Llarena este lunes—, con el otro medio en Bruselas pendiente de una posible extradición —Puigdemont comparece este lunes ante el juez belga que debe decidir— y con el ejecutivo autonómico intervenido en aplicación del artículo 155 de la Constitución.

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La campaña se inicia a la medianoche de este lunes tras meses de vorágine política en Catalunya, desde los atentados yihadistas del pasado 17 de agosto —rápidamente politizados por casi todos los actores políticos—, la manifestación independentista del 11 de septiembre, el referéndum del 1 de octubre, la represión policial del mismo, las protestas a esta represión, una declaración nonata de independencia el 10 de octubre y otra no aplicada el 27 de octubre. Sin olvidar los registros y detenciones del 20 de septiembre en diversas sedes del gobierno autonómico —y las protestas posteriores, por las cuales fueron encarcelados los Jordis— y un goteo constante de denuncias a ciudadanos por criticar la actuación policial en las redes sociales.

Los partidos confirman la excepcionalidad de estos comicios. Desde el bloque constitucionalista se apela a llevar la "normalidad" a la política catalana. Así lo proclama el PP, en palabras tanto de su candidato, Xavier García Albiol, como del propio Rajoy, que da por liquidado el 'procés' tras la aplicación del 155. Y también Ciudadanos, que reclamó insistentemente los comicios, que espera consolidarse como segunda fuerza en el Parlament, y que presenta en cierta forma las elecciones del 21D en clave de plebiscito contra la independencia, con el lema "ahora sí que votaremos", aludiendo al referéndum del 1-O.

También desde el constitucionalismo, pero con matices propios, aborda los comicios un PSC a quien las encuestas pronostican una cierta recuperación, y que se ha aliado con los restos de Unió para intentar captar el espacio catalanista no independentista abandonado por el PDeCAT.

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El bloque independentista, por su parte, aun considera en mayor grado el 21-D como un plebiscito. Tras unos instantes iniciales en que dudaba si concurrir a unos comicios que consideran "ilegítimos", en tanto que convocados por Rajoy tras intervenir la administración autonómica, ERC, PDeCAT y la CUP apostaron por dar la batalla en las urnas con la intención de deslegitimar la propia intervención. Este es el argumento principal, de hecho, de la "lista del president" que encabeza Carles Puigdemont —rehuyendo las siglas de su partido, el PDecAT—. Consideran que volver a investir a Puigdemont como presidente "legítimo" de la Generalitat avala la República proclamada —y no desarrollada— el 27-O. Y ejercen, de paso, una fuerte presión a ERC, a quien todos los sondeos dan como vencedora el 21D, para que apueste por Puigdemont como president en favor de su propio candidato, Oriol Junqueras.

Un Junqueras, por otra parte, que espera incorporarse a la campaña si el juez Llarena le concede la libertad provisional. Y que sitúa en la recámara a su número 2, Marta Rovira, como posible presidenta 'ejecutiva' si Puigdemont debe permanecer en Bruselas.

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Mientras tanto, la CUP afronta los comicios con renovación total en sus listas —como exige su estricto código interno, que prohíbe a sus diputados repetir legislatura si esta ha durado más de dos años—, y que apuesta por recalcar el componente social del soberanismo, de cara a un futuro proceso constituyente.

Atrapados en estos dos frentes, los Comunes se presentan con la consigna de rechazar tanto la vía unilateral a la independencia como la intervención de la Generalitat —"ni DUI ni 155", en expresión de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau—. Con expectativas nada optimistas en las encuestas, que les auguran un cierto retroceso. Y con presiones desde ambos bloques en caso de un resultado ajustado.

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C's, el partido que más gastará en campaña

Otro dato confirma la importancia que dan los partidos a los comicios: su gasto en la campaña electoral se elevará medio millón de euros respecto a las elecciones del 27S de 2015, hasta los 10,1 millones. Con C's —dato también significativo— a la cabeza de este incremento —destinará 2,1 millones a la campaña, medio millón más que hace dos años—, seguido de ERC y el PP (1,8 millones ambos), el PSC (1,7 millones), JuntsxCat (1,4 millones), Catalunya En Comú (790.000 euros) y la CUP (430.000 euros).

Unos millones que no parece que sean necesarios para llamar a las urnas. Las encuestas vaticinan una participación récord, de cerca del 80% del censo, por encima del ya extraordinario dato de 2015 (77,44%). Con la duda del efecto que tendrá que el 21D caiga en un jueves laborable. Y con la duda aun mayor de si el independentismo, en grados máximos de movilización conseguirá atraer a nuevos votantes, o si por el contrario -y como esperan C's, PSC y el PP- quien se movilizará es la hipotética "mayoría silenciosa" contraria a la independencia a la que apelan. 

En este sentido, el PP y el gobierno central apuestan por una estrategia de presentar la intervención de la Generalitat por el 155 como poco traumática e incluso "quirúrgica", destacando que la administración autonómica sigue operando con normalidad —pese a decisiones controvertidas como dar vía libre a la entrega de obras de arte reclamadas por Aragón—. A la vez, recalcarán lo que consideran como un perjuicio económico a Cataluña a causa del 'procés', con la fuga de sedes de empresas en primer término.

Por su parte, desde el independentismo se recalca ahora la necesidad de apostar por una vía no unilateral —sin renunciar a volver a ella—, y se aspira a atraer a votantes no necesariamente independentistas -o no como principal prioridad- pero que rechacen la intervención y lo que consideran como "autoritarismo" por parte del Gobierno del PP. Mientras contraatacan al argumento económico de las fuerzas constitucionalistas con la difícil situación para las pensiones, y con su mayor viabilidad en una Catalunya independiente, según consideran. 

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