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Artur Mas, expresidente de la Generalitat, condenado por la consulta soberanista del 9N de 2014 / EUROPA PRESS

Artur Mas El Tribunal de Cuentas embarga la vivienda de Artur Mas por la consulta del 9N

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El expresidente de la Generalitat puso la vivienda como fianza para cubrir los 5,2 millones de euros impuesta por el gasto de dinero público en la consulta de 2014. También serán embargados los inmuebles del resto de exconseller imputados.

Política

El Tribunal de Cuentas ha ordenado el embargo preventivo de inmuebles del expresidente de la Generalitat, Artur Mas, y de las exconsellers Joana Ortega e Irene Rigau después de que concluyera el plazo que les dio para hacer frente a una fianza de 5,25 millones que debían depositar mientras se estudia su presunta responsabilidad contable por los gastos generados en la consulta popular del 9 de noviembre de 2014.

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La voluntad de Mas, Ortega, Rigau, Homs y Vilajoana al aportar sus viviendas como fianza ha sido preservar el patrimonio de los cargos técnicos y de confianza sobre los que también pesaba el requerimiento. No obstante, Mas y los exconsellers sostienen que no cometieron ningún tipo de "infracción contable", por lo que están "absolutamente disconformes" con la liquidación acordada por la instructora, según las fuentes.

En concreto, el Tribunal de Cuentas ha ordenado el embargo del domicilio de Mas en el calle Tuset de Barcelona, de la mitad de un inmueble de Francecs Homs en Taradell (Barcelona) y de las fincas de Joana Ortega en Barcelona y de Rigau en Ribes de Fresser (Girona), según las mismas fuentes. También se ha embargado una propiedad de Vilajoana.

La instructora del Tribunal de Cuentas ha ordenado ahora ejecutar el embargo de forma provisional de estos inmuebles, según indican fuentes de este organismo y del entorno de los políticos catalanes. La resolución podrán recurrirla en un plazo máximo de cinco días ante la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas.

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Tras depositar Mas y sus exconsellers estos bienes como fianza, junto con las tasaciones periciales que acreditan su actual valor de mercado, la instructora procedió a solicitar la certificación de todas las cargas y gravámenes que pesaban sobre los mismos, "con el fin de comprobar si el valor neto de los bienes alcanzaba la cuantía suficiente" para entender asegurada la cantidad restante del supuesto alcance a los fondos públicos.

Una vez acreditado que los bienes inmuebles aportados sí cubren el valor suficiente para cubrir la fianza, la instructora ha acordado en su resolución, fechada el pasado 4 de diciembre, embargar los bienes "en cantidad suficiente para asegurar el derecho de la Hacienda Pública a reintegrarse de los posibles perjuicios" económicos derivados en el gasto público del 9N.

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Ordenadores que siguen en la Generalitat

En este punto los abogados aluden a un total de 3,1 millones de euros que se les reclaman por el valor de unos ordenadores que están en poder del Departament d'Ensenyament y siguen por lo tanto afectos a un servicio público.

El último pago, por valor de 144.588 euros lo realizaron los exdirigentes catalanes el pasado 23 de noviembre. Con éste depósito el expresidente de la Generalitat de Cataluña y sus exconsellers ya habrían abonado 2.944.588 euros de la totalidad de la fianza aunque aún les restaba una parte que ha sido asegurada este martes mediante el embargo preventivo de los inmuebles antes señalados.

Inicialmente, el órgano fiscalizador había dado de plazo hasta el pasado 16 de noviembre para la realización del depósito si bien los abogados de los exmandatarios solicitaron una prórroga que finalmente no se ha concedido, procediendo el Tribunal de Cuentas a embargar los inmuebles señalados como garantía.

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