El presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid, Arturo Canalda, ha presentado su dimisión este jueves a primera hora de la mañana en el registro de la Asamblea de Madrid. Arturo Canalda fue imputado este miércoles, junto a otras 23 personas, por la Audiencia Nacional en el marco del caso Lezo.

Canalda y los otros imputados de la cúpula de Alberto Ruiz-Gallardón son, según el juez, participantes en el primer pelotazo del Canal de Isabel II al otro lado del Atlántico. Se les imputa por las irregularidades en la compra de la filial Inassa en el año 2001.

Gallardón es el único que se ha librado, por ahora, de ser imputado en el caso Lezo por los chanchullos que envuelven su trabajo en el Canal mientras era presidente de la Comunidad de Madrid. Pero el auto deja abierta su imputación ya que afirma que aún falta por analizar documentación importante. 

La compra de Inassa la acordó en 2001 el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid presidido entonces por Ruiz-Gallardón por un total de 73 millones de dólares (aproximadamente 83 millones de euros) con un endeudamiento de 51,1 millones de dólares, pero, según los investigadores, el valor de la empresa era mucho menor. 

Y entre las personas imputadas figuran dos exconsejeros del expresidente madrileño, Juan Bravo y Pedro Calvo, y Arturo Canalda, el hasta ahora presidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad. 

Según él, actuó con "honestidad"

En el escrito presentado en la Asamblea de Madrid esta misma mañana, Arturo Canalda ha asegurado que a lo largo de los 20 años dedicado a la vida pública "siempre ha actuado con honestidad y siempre ha adoptado las decisiones basándose en informes que le avalaban", pero que dimite tras ser imputado en el caso de corrupción Lezo para "no perjudicar" a la institución.

Además, señala que según la Ley 11/1999 de la Cámara de Cuentas en su artículo 35 apartado g) establece como causa para la pérdida de la condición de consejero de la Cámara la de "haber sido declarado, en virtud de sentencia judicial firme, responsable civilmente por dolo o condenado por delito doloso", circunstancias que a fecha de hoy no se dan en su caso.

"No obstante lo anterior, en el pleno convencimiento de que he actuado siempre conforme al ordenamiento jurídico, soy consciente de que mi permanencia al frente de la Cámara de Cuentas en estas condiciones puede suponer un importante perjuicio para la institución que he tenido el honor de presidir a lo largo de los últimos seis años", apunta.

"Con el único y exclusivo fin de no perjudicar a la institución pública que presido, por medio del presente escrito y con efectos del día de hoy, te comunico mi decisión de dimitir de forma irrevocable como presidente y consejero de la Cámara de Cuentas", ha pedido Canalda a Paloma Adrados, que le ha rogado que traslade su decisión al a Mesa de la Asamblea agradeciéndole "sinceramente todo su apoyo" a lo largo de esos años.

Recientemente, Canalda compareció en la comisión de investigación de corrupción de la Asamblea de Madrid, donde dijo que ningún miembro del consejo de administración del Canal puso objeciones a la compra de Inassa, investigada en el caso Lezo, y recalcó que él en concreto no vio "nada raro" en la documentación que consultó.

En su comparecencia afirmó que no había hecho "ninguna ilegalidad" en su etapa en el Canal, pero anunció que si le llamara el juez para declarar dimitiría como presidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad, como ha ocurrido.