Todo sigue en el aire. A apenas una semana de la sesión de constitución del Parlament, no hay Mesa, no hay president y no hay Govern. Algo de lo más normal tras elecciones que no arrojan mayoría absoluta de un solo partido. Pero la situación en Catalunya dista mucho de ser normal, con el único candidato claro a la presidencia en Bruselas, su principal aliado, en prisión preventiva, y hasta ocho diputados electos de la mayoría independentista que no está claro que puedan participar en la actividad parlamentaria.

Puigdemont, que basó toda su campaña en su retorno, con el argumento de que era necesario "restituir" el Govern cesado por Rajoy, ha clarificado -en parte, y de forma muy relativa- este lunes sus planes. A través de su entorno, ha filtrado un nuevo plan: ser investido de forma telemática, y solo después volver a Catalunya. El plan tendría como objetivo poner presión al ejecutivo de Mariano Rajoy, bajo la premisa de que una detención de Puigdemont al pisar territorio español, si este retorna ya como presidente investido y en ejercicio -y no como presidente cesado-, sería leída como que el Estado no acepta el resultado de las elecciones.

El plan, esbozado y presentado en parte con la apariencia de un globo sonda, puede chocar con algunos impedimentos prácticos. Para empezar, el reglamento del Parlament no contempla explícitamente investir a un candidato no presente en el hemiciclo. Incluso haciendo abstracción de un probable recurso al Tribunal Constitucional -que el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, ya ha dado por hecho-, la Mesa de la cámara catalana debería hacer una interpretación que permitiera este método. Y ello solo sería posible si cuenta con mayoría independentista. Algo que aun no es seguro, pese a los 70 diputados -dos por encima de la mayoría absoluta- del bloque independentista.

Y es que ocho de estos diputados electos no tienen nada claro que puedan participar en la actividad parlamentaria. Se trata del propio Puigdemont, los consellers cesados que le acompañan en Bélgica -Toni Comin, Meritxell Serret, Clara Ponsatí y Lluís Puig-, el vicepresidente cesado, Oriol Junqueras, el conseller cesado Joaquim Forn y el expresidente de la ANC, Jordi Sànchez. Aunque no hay ningún impedimento reglamentario para que puedan obtener su acta de diputado -de hecho, lo habitual es que las recojan apoderados de las candidaturas-, el voto debe ser presencial. No cabe la posibilidad de delegarlo excepto por bajas "de maternidad o paternidad", "hospitalización, enfermedad grave o incapacidad prolongada", según el reglamento de la cámara. Y, sin estos ocho votos, no está garantizada una Mesa con mayoría independentista.

Estos días se ha invocado el precedente de Juan Carlos Yoldi, miembro de la organización terrorista ETA elegido por las listas de Herri Batasuna en 1987, mientras estaba en prisión preventiva, que pudo acudir al pleno de investidura del Parlamento vasco con un permiso penitenciario. Pese a este precedente, no está asegurado que Junqueras, Puig y Sànchez obtuvieran su permiso. Y, aun en ese caso, quien seguro que no podría acudir son los cinco diputados electos que permanecen en Bélgica. En este supuesto, el bloque independentista sólo dispondría de entre 62 y 65 votos, por 66 del bloque constitucionalista -con C's reclamando para sí la presidencia de la Cámara, como lista más votada-, y los ocho diputados de los Comunes tendrían la decisión en sus manos.

Un escenario demasiado incierto para el independentismo, que ya maneja una solución: que los cuatro consellers cesados de Bélgica renuncien a su escaño, con lo cual el bloque independentismo dispondría de al menos 66 votos para constituir la Mesa -69, si pudieran participar también los diputados encarcelados-. La propuesta, que circula desde hace unos días en el entorno soberanista, la ha vuelto a presentar este lunes el democristiano Antoni Castellà. Quien ha añadido el matiz de que Puigdemont -una vez investido- los debería volver a nombrar consellers -el reglamento no obliga a que los miembros del Govern sean diputados, con excepción del president-.

Una situación compleja, para la cual algunas voces independentistas -por el momento, no abiertamente- plantean una medida extrema: bloquear la constitución del Parlament, por falta de quórum. Y es que, según el reglamento de la Cámara (art 89), "para poder adoptar acuerdos válidamente", el Parlament debe contar "con la asistencia de la mayoría absoluta de sus miembros". Una solución de momento improbable, que necesitaría del acuerdo unánime de las tres formaciones independentistas. Pero que no debe descartarse por completo, vista la anómala situación política en Catalunya.