El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha ordenado a la Guardia Civil que registre las sedes de la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural en Barcelona. Los agentes se encuentran allí desde primera hora de la mañana de este miércoles.

Los agentes registran el despacho de su exlíder Jordi Sánchez, que lleva cien días en prisión, en busca de correos que habría intercambiado con el Govern sobre el proceso unilateral a la independencia.

Según han informado fuentes de la investigación, la Guardia Civil ha irrumpido en las sedes de la ANC y Òmnium Cultural, así como en el Centro de Telecomunicaciones de la Generalitat (CTTI) —donde se centraliza el sistema informático de la administración catalana—, en el marco de una pieza secreta que abrió en su investigación sobre el proceso unilateral para la independencia.

La Guardia Civil ha esperado la llegada de Jordi Pina, el abogado de Jordi Sánchez, para proceder al registro de su despacho y volcar sus correos electrónicos. En declaraciones a la prensa a las puertas de la ANC, el abogado de Sànchez, ha recalcado que la diligencia ordenada por el juez "no es una entrada y registro", sino un volcado del correo electrónico del exlíder de la ANC.

"Es una diligencia sencilla", ha insistido Pina, que cree que el volcado del ordenador de Sànchez, diputado electo de JxCat en el Parlament, "forma parte de la normalidad dentro de una investigación sumarial" y "no tiene más trascendencia".

En la sede de la ANC, en la ciudad de Barcelona, dos agentes de paisano de la Guardia Civil están registrando por orden de Llarena el despacho de Jordi Sánchez, según han confirmado fuentes de esta entidad soberanista, que, a través de un mensaje difundido por las redes sociales, ha pedido a sus seguidores que se mantengan "serenos y calmados" porque no tienen "nada que esconder" y son "gente de paz".

Paralelamente, seis agentes de paisano de la Guardia Civil han irrumpido en la sede de Òmnium Cultural, también la Ciudad Condal, con un requerimiento de información, y han sido atendidos por el vicepresidente de la entidad, Marcel Mauri, y la abogada de Cuixart, Marina Roig.

Los agentes de la Guardia Civil también se han dirigido al CTTI, que ya registraron el pasado 20 de octubre por orden de un juez de Lleida que investiga la supuesta inacción de los Mossos d'Esquadra sobre el referéndum del 1-O.

En concreto, varios agentes de paisano han entrado por orden judicial en el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat, que centraliza la gestión del sistema informático de la administración catalana, incluidas las cuentas de correo oficiales y comunicaciones.

Llarena acordó la semana pasada abrir una pieza secreta, dentro de la investigación que tiene abierta por un delito de rebelión contra los miembros del Govern cesado, de la Mesa del Parlament y los líderes de las entidades soberanistas, por promover y organizar un proceso unilateral hacia la independencia.

Según apuntan algunas partes personadas en la causa, la diligencia ordenada hoy por Llarena podría tener como objetivo investigar la financiación de las entidades independentistas, concretamente si éstas han recibido dinero público de la Generalitat que podrían haber usado para financiar el referéndum del 1-O.

VOX, que ejerce la acusación popular en la causa del Supremo, ya denunció ante el Servicio de Banca y Capitales del Banco de España (SEPBLAC) sospechas sobre posibles irregularidades en el origen y el destino de los fondos recibidos por ambas organizaciones para su financiación.