El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha maquillado la cúpula policial con nombramientos de nuevos jefes para que den la cara, pero mantiene en su puesto y con sus prebendas a algunos de los miembros más destacados de Las cloacas de Interior que heredó de su antecesor Jorge Fernández Díaz.

Zoido no ha retirado las medallas que el juez José de la Mata le ordenó revisar –tras el escándalo del pen-drive del caso Pujol– concedidas al inspector-jefe Bonifacio Díaz y al ex director adjunto operativo (DAO) Eugenio Pino; y mantiene en sus privilegiados puestos de las embajadas de México y de Países Bajos a Díaz y al exjefe de gabinete del DAO, Fuentes Gago.

Pero el caso de Fuentes Gago es el que más indigna en el Cuerpo, según las fuentes sindicales de la Policía consultadas por Público: con más de 3.000 euros de salario, el ex hombre fuerte de Pino suma casi 11.000 euros mensuales más por estar agregado en la Embajada en La Haya. Allí le mandó Pino cuando se acercaba su jubilación máximo cargo operativo de la Policía y el Juzgado de Instrucción Nº2 de Madrid le tenía imputado por su relación con la grabación ilegal al CNI y a Asuntos Internos en el caso del Pequeño Nicolás. Allí también está destinada su mujer, inspectora jefe como él, y que cobra también las dietas por vivir en los Países Bajos. 

Además, la Operación Tándem también demuestra que Fuentes Gago mintió en el informe que hizo en 2015 sobre la compatibilidad del emporio empresarial del comisario Villarejo, entonces en activo. Esa pesquisa interna –encargada extrañamente a alguien de rango inferior al que había que examinar– concluyó que las actividades ahora investigadas por cohecho y blanqueo de capitales eran totalmente compatibles con su actividad policial. Eso mismo lo repitió en el Congreso, con la obligación de decir verdad impuesta por el artículo 502.3 del Código Penal, cuyo incumplimiento conlleva pena de prisión. 

Gago certificó en falso que Villarejo trabajaba en la DAO

No fueron pocos los diputados que preguntaron al inspector jefe José Ángel Fuentes Gago sobre el informe de compatibilidad sobre las actividades de Villarejo, que había elaborado por orden de Jorge Fernández Díaz y de Eugenio Pino. La diputada Gloria Elizo (Podemos), Gabriel Rufián (ERC) y hasta Salvador García (Ciudadanos) le insistieron reiteradamente sobre este punto. Su respuesta fue: "Con la información que tenía no vi incompatibilidad clara. Hay que tener cuidado con la aplicación del derecho de carácter administrativo sancionador, podemos perjudicar a una persona. No lo tenía claro; así se lo dije al director adjunto operativo y así se lo expliqué cuando me dijo: Díselo al director general".

José Ángel Fuentes Gago, inspector jefe de la Policía, antes de comenzar su comparecencia en la comisión de investigación del Congreso sobre las cloacas de Interior. ULY MARTÍN / ATLAS

Sin embargo Gago mentía a sabiendas, ya que en el informe sobre la compatibilidad del comisario Villarejo él mismo reconoce por escrito que "no tiene la compatibilidad concedida" por el Ministerio de Administraciones Públicas –como dispone la Ley– ni para los cargos en los consejos de administración ni para las actividades que desempeñaba. Y se lo repitió al diputado Gabriel Rufián en la comisión de investigación al afirmar: "A mí no me manifestaron que hubiera pedido la compatibilidad". 

Las mentiras que Fuentes Gago puso por escrito en el informe de incompatibilidad y que reiteró en el Congreso de los Diputados pasan también por justificar un trabajo dentro de la Policía que el comisario Villarejo se jactaba de no hacer. Como le recordó la diputada Gloria Elizo en su interrogatorio a la mano derecha de Eugenio Pino: "El señor Villarejo en una nota informativa de junio de 2014 señaló que no tenía ni mesa ni horario ni móvil ni funcionalidad concreta en la Dirección Adjunta Operativa. Sin embargo, usted un año después en ese informe dice todo lo contrario, que tenía funcionalidad concreta y que estaba trabajando para la Dirección Adjunta Operativa".

El informe que la Fiscalía de Madrid dejó en un cajón

Esas empresas que ahora están siendo investigadas por la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción eran agencias de detectives, un gran despacho de abogados, y agencias de comunicación y gestión de crisis con las que Villarejo hizo negocios con imputados en causas como la operación Malaya o el empresario Javier López Madrid. También estaba dado de alta como letrado en ejercicio desde el año 2015, mientras compartía con Fuentes Gago funciones de máxima confianza en la Dirección Adjunta Operativa. "Todo es una incompatibilidad administrativa evidente, al margen de que ahora se investigue que esa era la estructura empresarial de una organización criminal", aseguran fuentes de Tándem. 

Meses después del informe elaborado en abril de 2015 por Fuentes Gago, a finales de ese año y viendo que las acusaciones contra Villarejo aumentaban, Eugenio Pino solicitó a la Unidad de Asuntos Internos otro informe, que fue remitido a la Fiscalía Anticorrupción –que a su vez lo trasladó a la Fiscalía Superior de Madrid– y en el que se destapaba la red corrupta del comisario de confianza de Pino y se le atribuía el posible blanqueo de 25 millones de euros a través de cuentas en Suiza, Panamá y Delaware.

Sin embargo, Pino tampoco actuó internamente contra él como establece la Ley 4/2010, de régimen disciplinario, de 20 de mayo. Y el informe permaneció oculto durante diez meses en un cajón de la Fiscalía de Madrid, sin que se iniciaran las investigaciones que reclamaban los propios autores de la Unidad de Asuntos Internos, hasta que Público reveló su contenido en exclusiva. 

Meses después, en el Congreso, tanto Pino como Gago intentaron confundir a los diputados de la comisión de investigación sobre las cloacas de Interior, diciendo que ambos informes habían sido realizados simultáneamente; algo que sabían que era falso. El exDAO, Eugenio Pino, incluso se negó contestar en sede parlamentaria cuando los diputados le preguntaron por este asunto, ya que él sabía que Asuntos Internos había incluido en el informe de incompatibilidades negocios que Villarejo había hecho siendo comisario y estando bajo su cargo, como por ejemplo con Vitaldent. 

Gago lo explicó así en el Congreso: "Mi función en este caso no era realizar una labor de investigación patrimonial, sino simplemente de compatibilidad administrativa; [Pino] le encarga al comisario general de Policía Judicial que investigue el patrimonio de este comisario. La conclusión a la que llega el comisario general de Policía Judicial [sic, en realidad fue Asuntos Internos] se envió a la Fiscalía y la Fiscalía, en febrero de este año —creo recordar—, ha determinado que no ve ninguna irregularidad".

"Imagínese usted que yo hubiera acordado la incoación de un procedimiento disciplinario por incompatibilidad y ahora resulta que la Fiscalía dice lo que ha dicho. Imagínese la situación en la que yo estaría. Creo que actué correctamente, no lo vi claro y esa fue la valoración", declaró Gago bajo obligación de decir verdad.

Pero a finales de 2017, exactamente nueve meses después de la exclusiva de Público sobre la fortuna ilícita de Villarejo, la Fiscalía Anticorrupción sí lo vio claro, igual que la Audiencia Nacional. Y el juez decretó la prisión incondicional de los comisarios Villarejo y Salamanca, su cómplice en Barajas y Extranjería.

La pregunta es ahora ¿en qué situación quedan Fuentes Gago, Eugenio Pino y los ministros de Interior, Jorge Fernández Díaz y Juan Ignacio Zoido? Por ahora, siguen premiados.