Se va a levantar un colegio concertado de educación especial a través de un cesión de suelo público que el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz puso en manos de la Comunidad de Madrid en 2016, según el diario. De momento, el gobierno de Cifuentes solo había concertado nuevas aulas en centros que ya tenían subvenciones públicas de anteriores legislaturas. Esta es la primera vez desde que gobierna en la que el concierto se haga a un colegio de nueva creación. Además la forma administrativa no es la corriente. "Lo habitual es que sea una entidad que ya cuenta con un colegio privado la que se dirija a la consejería de Educación y solicite un concierto educativo", explica el portavoz de Educación del PSOE en la Asamblea, Juan José Moreno. 

El Gobierno regional ha asegurado que existe una "necesidad de dar respuesta a la demanda existente de plazas en centros de educación especial sostenidos con fondos públicos en la zona este de la Comunidad de Madrid". Sin embargo, no especifica por qué el centro ha de ser privado y no público.

La adjudicación que se publicó el pasado mes de enero en el BOCM (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid) ya está abierta. Habrá un concierto educativo para diez aulas a cuarenta años, lo que supone un desembolso de diez millones de euros, según los cálculos de la comunidad educativa.

El PSOE pedirá al gobierno de la Comunidad en la Asamblea que paralice el concurso mientras estudia su legalidad. "Vamos a llevar una iniciativa urgente al Parlamento para que se posicione en contra de este nuevo acto de mercantilización de la educación", explica Moreno, "con el coste previsto para este centro sería más viable y rentable construir un centro público que daría, además, una respuesta más satisfactoria a las necesidades del alumnado". La consejería de Educación afirma que el proceso está dentro de la legalidad, y se ha iniciado "por las necesidades de la zona".

La portavoz regional de CCOO, Isabel Galvín, duda sobre la "legalidad ceder la parcela a la vez que el concierto". Además señala que "va contra el interés general ceder a cambio de nada a una entidad privada con ánimo de lucro suelo y patrimonio público". Ha afirmado que CCOO estudiará el procedimiento para ver si es necesaria alguna acción judicial.

Es necesario recordar que una de las causas abiertas a Francisco Granados dentro de la trama Púnica es si cobraba comisiones por la cesión de suelo público, que a su vez cedían los ayuntamientos de la región, para construir colegios concertados. La época investigada coincide con el llamativo crecimiento de la escuela concertada en Madrid.