El Gobierno de Susana Díaz va a garantizar de antemano la compra de vacunas, productos y servicios tecnológicos y de innovación que ahora mismo no existen en el mercado, pero que considera necesarios para la economía andaluza y para mejorar los servicios públicos. Para que dichos productos aparezcan en el mercado y, de paso, para fomentar la competitividad entre empresas en investigación y desarrollo (I+D+i), la Junta abrirá un concurso público dotado con un presupuesto inicial de 10 millones de euros y que tendrá la particularidad de licitar algo que aún no existe, para que alguien lo invente.

Es una estrategia de “compra anticipada” que ya usa el Ministerio de Economía y que busca dinamizar la innovación tecnológica en el ámbito privado, talón de Aquiles de la economía andaluza. “El gasto privado en I+D+i es el lastre de la economía andaluza”, admite el consejero del ramo, Antonio Ramírez de Arellano. El presupuesto inicial se ampliará hasta los 50 millones provenientes de fondos europeos, aunque la Junta demanda al Gobierno central otros 100 millones para complementar esta estrategia de desarrollo tecnológico.

Ramírez de Arellano, que antes de consejero fue rector de la Universidad de Sevilla, cree haber encontrado una fórmula mágica para incentivar el desarrollo científico y tecnológico que haga más competitiva la economía andaluza. El objetivo es que las empresas -da igual su tamaño- se alíen con universidades o centros de conocimiento e investigación, y que luego pujen por diseñar un producto o un servicio nuevo que responda a las necesidades que ha establecido el Gobierno andaluz. Las empresas podrán hacer una apuesta tecnológica o una investigación científica para una vacuna sabiendo de antemano que cuentan con un cliente que asegura sus ventas. Será cada consejería de la Junta de Andalucía la que establezca sus prioridades y plantee cuáles son sus necesidades no cubiertas: la vacuna para una enfermedad específica o un método para controlar los trastornos alimenticios en Salud; una herramienta para mejorar el aprendizaje de idiomas o un sistema para climatizar las aulas en Educación; un producto pesticida o una fórmula de riego más ahorradora para Agricultura…

Antes de lanzar esta estrategia, el Ejecutivo de Susana Díaz ha hecho un sondeo previo entre sus departamento para detectar 168 necesidades concretas en el ámbito de la administración pública. El Presupuesto Autonómico de 2018 ya reserva una partida de 10 millones de euros para captar recursos de innovación. Esta partida inicial dará prioridad a las necesidades-proyectos que han presentado los departamentos de Salud, Medio Ambiente, Fomento, Bienestar Social y Agricultura. El pliego de condiciones fijará un “plazo razonable” para que el producto o el servicio demandado esté listo. Pero antes de participar en la convocatoria, un centro tecnológico o de investigación (por ejemplo, una universidad) debe verificar si las empresas adjudicatarias poseen la capacidad para desarrollar el producto al que se han comprometido, y en el tiempo previsto.

Lo novedoso de esta fórmula de contratación es que la Administración subasta la compra de “un objeto, algo real”, no un proyecto ni una investigación ni nada teórico. “Decimos lo que necesitamos y si alguien inventa una solución para nuestro problema, la compramos”, dicen. De modo que la Junta no subvenciona el proceso de I+D+i en fase de desarrollo, sino que pone sobre la mesa un dinero junto a una necesidad, y espera recibir un proyecto ya terminado. En paralelo está fomentando que las empresas arriesguen en innovación tecnológica.

Es lo que en el argot profesional se llama Compra Pública Innovadora o CPI, una fórmula de licitación que algunos países, como Estados Unidos, implementaron a finales de los noventa, aunque la teoría es muy anterior. El expresidente estadounidense John F. Kennedy anunció que el hombre iría a la luna cuando la tecnología para viajes espaciales aún no estaba preparada para ello, pero aquello sirvió para marcar un objetivo, que posteriormente la NASA (y mucha inversión pública) logró hacer realidad. Es el ejemplo más claro (y retórico) de CPI que se le ocurre al consejero. La definición literal de esta fórmula es más prosaica: “Una entidad pública aprueba un pedido de un producto o sistema que no existe en ese momento, pero que puede desarrollarse probablemente en un periodo de tiempo razonable. Requiere el desarrollo de tecnología nueva o mejorada para poder cumplir con los requisitos demandados por el comprador”.

La Compra Pública Innovadora funcionará de manera similar a otras licitaciones, es decir: la empresa adjudicataria recibirá una cantidad del presupuesto asignado en el momento de la firma del contrato con la Junta. El resto lo obtendrá a medida que vayan alcanzando hitos en el desarrollo de la investigación hasta haber culminado el producto. Si el resultado no se corresponde con lo previsto o no cubre las necesidades planteadas por la Administración, la empresa deberá devolver la subvención.

La Consejería de Economía ha rechazado hacer pública aún la lista de 168 necesidades descritas por los distintos departamentos de la Junta que requieren una solución tecnológica aún por inventar. La más fácil de entender es la falta de una vacuna para una enfermedad muy rara. Otra petición, por parte de la Consejería de Agricultura, es la invención de un “kit de diagnóstico” que sirva para analizar in situ la seguridad alimentaria en los procesos de extracción del aceite de oliva virgen, un sector fundamental para la economía andaluza.