Para algunos es una comisión incapaz de dar soluciones en clave territorial a España –y especialmente a Catalunya-, precisamente por la ausencia de los partidos nacionalistas, Podemos, IU y las confluencias; para otros es un espacio en el que avanzar hacia una reforma "acotada" de la Constitución, y para el Gobierno del Partido Popular es un marco únicamente enfocado a "hablar", en palabras de Mariano Rajoy –que hoy niega haberse comprometido con Pedro Sánchez a estudiar una modificación de esta norma-.

Tras las elecciones del 21-D, y en medio del impasse en Catalunya, la comisión territorial propuesta por el PSOE en el Congreso de los Diputados –Comisión para la evaluación y la modernización del Estado autonómico- comenzó su actividad en enero, sin que hayan trascendido muchos más detalles que los pronunciamientos de tres de los padres de la Constitución, y de algunos exintegrantes de gobiernos de PP y PSOE, sobre la conveniencia o no de reformar la Carta Magna. En principio ésta era una de las propuestas de Sánchez para buscar solución a la situación en Catalunya, pero parece que los trabajos van para largo.

Rafael Simancas, portavoz del Partido Socialista en esta comisión, asegura a Público que, tras haber escuchado a una quincena de comparecientes, "no se puede hacer un tanteo sobre quiénes están a favor y quiénes en contra de una reforma", y destaca que todos ellos, e independientemente de su adscripción política, "hacen un balance positivo sobre el desarrollo del Estado autonómico". "Esta idea está generando mucho consenso, aunque todos identifiquen insuficiencias, vacíos y errores que inviten a llevar a cabo reformas, y aunque unos digan que para llevarlas a cabo hace falta modificar la Constitución, y otros que no". 

Para Joan Baldoví, portavoz de Compromís–Grupo Mixto- en este espacio, una de las ideas clave fue sintetizada por Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón durante su comparecencia, en enero: "Dijo que la Reforma Constitucional es posible y deseable", recuerda el diputado valenciano. Baldoví también extrae de estas comparecencias que existe un "consenso generalizado" sobre "la necesidad de clarificar competencias: bien en una lista única en la que consten las competencias del Estado, y el resto, directamente, sea de las comunidades autónomas, o bien en dos listas”, explica.

El parlamentario de Compromís rescata también dos planteamientos arrojados por Jordi Sevilla [ex ministro de Administraciones Públicas del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero] y Jerónimo Saavedra[ expresidente de Canarias y exministro de Administraciones Públicas con Felipe González]: "Dijeron que a lo mejor determinados ministerios no tenían mucha razón de ser con las competencias en manos de las autonomías".

Sostiene que estas ideas persiguen "rebajar la tensión entre comunidades y Estado", lo que a su vez "daría menos trabajo al Tribunal Constitucional", y se muestra favorable a reformar las diputaciones, otra iniciativa defendida por Saavedra: "Sugirió que desaparezcan los políticos que hoy están dedicados a las diputaciones, que éstas sean asumidas por las comunidades autónomas, que se concreten los tres niveles de la Administración: central, autonómico y municipal”, señala.

Simancas recupera otra propuesta sobre la misma materia: la posibilidad de hacer "directamente partícipes a las autonomías de las decisiones europeas que las competen. Parece razonable que las comunidades, cuando se hable de sus competencias, estén presentes en las negociaciones", apostilla.

"Hay que contar con instrumentos de colaboración entre comunidades y Estado, como la Conferencia de Presidentes", abunda, e hila esta propuesta con lo que define como "actitud de lealtad federal". "Tiene que ver con instrumentos y actitud: de la administración central a las comunidades, y a la inversa. Primero, para no invadir competencias, y segundo, para actuar de manera cooperativa y no de pulso", abunda.

El Senado "Bundesrat"

En otro orden de cosas, ambos parlamentarios explican a este medio que la posible reforma de la Cámara Alta ya ha sido mencionada por distintos ponentes, que a su vez han defendido distintos caminos a seguir: "Es materialmente imposible hacer del Senado una cámara de representación territorial con las expectativas que se están generando, de colaborar en un Estado complejo y eficaz, sin reformar la Constitución", esgrime el diputado del PSOE, que no obstante sí simpatiza con la idea de una reforma en este sentido.

"Saavedra y Sevilla también estaban de acuerdo en la necesidad de dialogar sobre cuál debe ser el papel del Senado", afina Baldoví, antes de citar algunas de las propuestas vertidas en este foro. Y, aunque afirma que no está "tan claro" el modelo de Senado a instaurar, el diputado de Compromís coincide con el del PSOE y ambos citan la idea de convertirlo en una cámara similar al Bundesrat alemán –Consejo Federal, donde se sientan los 16 estados federados-.

La financiación de las CCAA, en la Constitución

Por otro lado, en lo que respecta a la financiación autonómica, Baldoví afirma que habría que fijar "criterios generales sobre el modelo de financiación en la Constitución", para no dejar este asunto "al albor de la ley del Gobierno".

Simancas se muestra más cauto: "Hay que establecer principios estables en cuanto a la financiación autonómica, unos dicen que en la Constitución, y otros en la ley, y ambos escenarios tienen pros y contras". Y vuelve a las palabras de Saavedra: “Trasladó el temor de que constitucionalizar principios genera dificultades”.

La “reforma acotada” del PSOE, frente al ansia “recentralizadora” de PP y Cs

En la misma línea, Baldoví y Simancas coinciden también en la falta de interés de PP y Ciudadanos por reformar la Constitución: "Es más bien desinterés", sostiene el diputado de Compromís, que cree que en el caso de que realmente quieran remodelarla para introducir algunos de estos cambios, la intención de ambos partidos será "hacerla más recentralizadora, por la pugna que mantienen por ponerse al frente de la derecha".

"No hay una disposición muy activa en relación a los cambios, sobre todo a los que requieren una reforma en la Constitución; Rajoy es alérgico a cualquier cambio", apunta Simancas. "En cualquier caso, confiamos en que, tras escuchar a todos los expertos y atender a nuestras explicaciones, acaben sumándose a una reforma acotada y consensuada”, matiza. "Y tan cierto es que no son partidarios entusiastas como que no se han negado en redondo", añade el diputado del PSOE.

Así, y a diferencia de lo que intuye en los partidos de derechas, Baldoví sí aprecia -“Claramente”- cierta “voluntad” de reforma de la Carta Magna en el PSOE. "Como decía Jordi Sevilla durante su comparecencia, no es necesario consenso para la reforma constitucional, pero sí voluntad de acuerdo", incide. "Creo que se puede llegar a un tipo de entendimiento. Si llegamos en el 78, ¿por qué no ahora?", apostilla Simancas.

Del mismo modo, el diputado socialista aprovecha la ocasión para señalar la ausencia de Unidos Podemos –"Echo de menos su participación"-, porque entiende que "algunas de sus propuestas" son "sensatas". "Coincidimos en la federalización progresiva de nuestro modelo y en el énfasis en la garantía de derechos sociales; ahí vamos a coincidir siempre", sotiene.

Como Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, el Grupo Vasco (PNV) y el Grupo de Esquerra Republicana (ERC) no participan en la Comisión, ni tampoco lo hace el PDeCAT –Grupo Mixto-, que sin embargo asiste como oyente a las sesiones.

Precisamente, uno de los reproches más habituales de Unidos Podemos al PSOE cuando este anunció a bombo y platillo su intención de constituir esta comisión estaba relacionado con el rechazo de los socialistas a una iniciativa similar presentada por En Comú Podem presentada varios meses antes, en febrero.

Los trabajos, por fases

La sesión constitutiva de la comisión tuvo lugar en noviembre, y la ronda de comparecencias comenzó en enero, con el desfile de los tres padres de la Carta Magna que aún viven -Miquel Roca (Convergència), Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y José Pedro Pérez Llorca (UCD)-. Este jueves tendrá lugar la sexta sesión, prevista para las 16.00 horas, y a lo largo de sus seis meses de vida –que a todas luces se verán convertidos en al menos doce meses- acogerá varias decenas de comparecencias, de los más de 200 nombres que se barajaron en primera instancia.

Simancas explica que en esta primera fase se desarrollan comparecencias fundamentalmente centradas en hacer balance y presentar algunas propuestas. En un segundo estadio los grupos parlamentarios deberán "hacer sus propios planteamientos", para después "intentar llegar a un dictamen común", previsto para el inicio de 2019. “Al final tendrá que llevarse a a un tipo de acuerdo", zanja.