Los últimos ex altos cargos del Gobierno andaluz que fueron acusados en la pieza política de los ERE fueron quienes disfrutaban de un acta en el Congreso y en el Senado: los expresidentes Manuel Chaves (diputado) y José Antonio Griñán (senador), y el ex consejero de Empleo, José Antonio Viera (diputado). Su condición de aforados les otorgó inmunidad hasta que el Tribunal Supremo detectó indicios delictivos en su actuación y les preimputó.

Chaves y Griñán dimitieron antes de que se les abriera juicio oral. El código ético del PSOE no obliga a hacerlo antes de ese momento procesal, pero los ex mandatarios se vieron forzados por la presidenta andaluza, Susana Díaz, que en aquel momento se jugaba la investidura (Ciudadanos había pedido la cabeza política de sus mentores a cambio de su apoyo). Viera, en cambio, miró hacia otro lado y se negó a entregar el acta de diputado del PSOE, pasando al grupo mixto en Congreso, algo que sentó muy mal en el partido y acrecentó la desconfianza que por entonces ya le profesaban sus compañeros.

Viera lo ha sido casi todo en el PSOE andaluz. Fue delegado del Gobierno de España en Andalucía, ocupó varios altos cargos en la Junta, fue senador y diputado en el Congreso. Fue hombre de confianza de Chaves, hasta el punto de que éste lo apoyó personalmente como secretario general del PSOE de Sevilla, la agrupación más poderosa del partido, para cerrar el paso al candidato crítico, José Caballos, que amagó con disputarle el liderazgo al propio Chaves. Viera estuvo en lo más alto del poder orgánico y fue uno de los padres políticos de Susana Díaz, que defiende la inocencia de los expresidentes, pero jamás ha vuelto a mencionar al que fuera su jefe en el PSOE de Sevilla. El consejero de Empleo entre 2000 y 2004 -el primer tramo de la década que se investiga en el juicio de los ERE- aparece en el sumario como “pieza clave” en el fraude de ayudas sociolaborales que el Gobierno andaluz otorgó de manera discrecional y sin ningún control durante esos diez años.

Viera fue el último implicado en el caso ERE que dimitió. Lo hizo tres meses después que los expresidentes, el 29 de septiembre de 2015, y sólo tres días antes de que Mariano Rajoy anunciara las elecciones generales del 20 de diciembre. Aunque no hubiera renunciado a su acta, la disolución de las Cortes le habría privado de su condición de aforado en el Congreso, de modo que ninguno de sus compañeros socialistas le aplaudió el gesto. “Eso no es dimitir, es resignarse”, dijo entonces un alto cargo del PSOE-A.

Estas circunstancias, y el hecho de que su nombre apareciera recurrentemente en el punto de mira de la larga instrucción de los ERE (siete años), explican por qué Viera es ahora el miembro del Gobierno andaluz más apartado del banquillo, donde están los 22 ex altos cargos imputados por malversación de fondos y prevaricación. El ex consejero se sienta en una esquina de la primera fila, junto a Chaves, Griñán y el que fuera titular de Presidencia, Gaspar Zarrías. Pero apenas se le ve dialogar con sus compañeros y cuando terminan las largas sesiones del juicio, los expresidentes miran para otro lado para no cruzarse con él la mirada.

La vieja guardia del PSOE andaluz, que confía ciegamente en la inocencia de Chaves y Griñán, cree que el fraude de ayudas se circunscribe al director general de Trabajo de la Junta, Francisco Javier Guerrero (principal imputado), acusado de otorgar subvenciones a empresas y allegados a su antojo durante los nueve años que estuvo en el cargo. Pero no tienen claro si Guerrero actuó con el consentimiento o la pasividad de sus jefes, los dos consejeros de Empleo que tuvo en su etapa: primero Viera y luego Antonio Fernández.

Fernández es el único ex miembro del Consejo de Gobierno que ha pasado una temporada en prisión (ahora está en libertad bajo fianza). La primera instructora del caso, la jueza Mercedes Alaya, lo encerró atribuyéndole los mismos delitos y el mismo proceder que atribuye a Viera, aunque éste se libró de ser interrogado, imputado y enviado a la cárcel porque hasta septiembre de 2015 le protegía su aforamiento como diputado.

“Apariencia de legalidad”

Después de una huida hacia adelante de siete años, con las juezas, la Policía y la Guardia Civil tras su pista, Viera se ha visto finalmente atrapado por el tribunal de los ERE. Este miércoles subió a testificar después de que Guerrero compareciese con una versión totalmente distinta a la que había dado hasta entonces: “Yo nunca hablé de fondo de reptiles. Se me ha tergiversado”, dijo, para asombro de muchos, y luego culminó su alegato asegurando que “los gobiernos con los que he trabajado han sido honestos y han estado atentos a la realidad andaluza ante una época laboral muy convulsa”.

El exconsejero andaluz José Antonio Viera, en el centro de la imagen, en el banquillo con los otros 21 acusados del juicio de la pieza política de los ERE.. EFE/José Manuel Vidal

Viera ha respondido a las preguntas del presidente del tribunal, de la Fiscalía y de su abogado, pero no de la acusación particular (PP y Manos Limpias). Respondió durante más de tres horas, tranquilo, con el rostro serio, pero sin atisbo de sentirse presionado. En ocasiones replicó con vehemencia para negar las tesis acusatorias del fiscal. “Presumir que un dirigente político llega para eludir los controles de fiscalización y legalidad me parece un sinsentido. La Consejería de Empleo no estaba para eludir los controles de la Intervención. No puedo aceptar que se diga que un consejero esté planteándose organizar una forma de gestión de ayudas para saltarse los controles. No me entra en la cabeza y tengo una larga vida política en la gestión”, advirtió. El Ministerio Público le lanzó una ráfaga de preguntas muy concretas y el acusado las esquivó prácticamente todas con un “no recuerdo”, “han pasado 14 años”, “en mis funciones como político no estaba en el detalle técnico de cada expediente”.

El exconsejero defiende “la legalidad” del procedimiento que usó la Junta para otorgar ayudas a empresas en crisis durante una década, y asegura que la Intervención General de la Junta “jamás se dirigió a él alertándole de una situación de ilegalidad”. Viera recordó que en su departamento trabajaban 2.400 personas y que su función como político no era estar al corriente de lo que hacían todos ellos ni supervisar la función de cada uno ni conocer con exactitud todos los expedientes de ayudas que le daban para que firmase. En cierto sentido, su defensa se asemeja a la de Chaves y Griñán, aunque a una escala inferior: también ellos argumentan que no estaban en el detalle de lo que se hacía en la Consejería de Empleo o, más singularmente, en la Dirección General de Trabajo que gestionaba Guerrero.

“Yo no estaba en el día a día de los expedientes de ayudas, porque son miles, así que es difícil que yo pueda tener un conocimiento exhaustivo de cada ayuda”, replicó al fiscal. “Hay algunas que son más importantes y tienen un carácter especial, como el caso de Santana, Astilleros o Boliden, donde el consejero se implica más. Pero a partir de la decisión política, el tema inicia un trámite administrativo y es difícil tener un conocimiento exhaustivo de su recorrido. Es más, ocurre lo mismo para el dirección general (en alusión a Guerrero), una vez que toma la decisión de autorizar una ayuda, la tramitación depende de sus técnicos”, añadió. En efecto, Guerrero declaró algo similar: “Es práctica habitual firmar expedientes sin leer. Si hubiera leído todo lo que tuve que firmar esos años, aún estarían sin firmar la mayoría”.

Viera heredó la cartera de Empleo en el año 2000, y con ella también heredó múltiples crisis industriales que arrastraba Andalucía desde mediados de los años 90. El cierre de Santana Motor, de Puleva, de Astilleros en Sevilla y Huelva, el desastre ecológico de Boliden en la mina de Aznalcóllar… Todo ello dejó tras de sí a miles y miles de trabajadores sin empleo y generó una bola de protestas y manifestaciones (con respaldo sindical) que zarandeó al Gobierno socialista de Chaves. En 2001 se puso en marcha un fondo específico para los ERE (expedientes de regulación de empleo), una partida que llegó a alcanzar los 741 millones de euros, y que Guerrero bautizó como “fondo de reptiles” en su primera declaración ante la Policía (2011). Ahora, ante el tribunal, asegura que “nunca habló de fondo de reptiles” y que se le tergiversó. Pero el concepto ha pesado como una losa sobre el Gobierno andaluz y el sumario lo tiene en cuenta de principio a fin. La idea es que la Junta usó ese fondo para garantizar la paz social y agilizar el pago de ayudas sociolaborales para contener de alguna manera tantos conflictos laborales.

En la época de Viera en la consejería se diseñó el procedimiento administrativo que hoy se juzga, las llamadas transferencias de financiación, que permitió acelerar el pago de las ayudas, pero a costa de hacerlo de manera discrecional, sin supervisión ni control por parte de los órganos fiscalizadores. La Consejería de Empleo autorizaba las ayudas, pero los pagos se materializaban a través de un ente público (el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), luego llamado IDEA), que actuaba como cajero pagador.

Ahí es donde la Fiscalía busca la clave del caso. Viera reconoció ante el juez que en el año 2000 el presidente del IFA, Antonio Fernández (que luego le relevaría como consejero), le comunicó que la Intervención había bloqueado el pago de 159 millones de pesetas en ayudas destinadas a los trabajadores de una empresa en crisis: Hijos de Andrés Molina (Hamsa). Para evitar que se repitiera la situación y “resolver el drama” de miles de personas que perdieron su trabajo, la consejería buscó “una fórmula legal y ágil” para acelerar el pago de las ayudas. La fórmula creada fue el convenio marco del 17 de julio de 2001 -el origen del sistema que dio pie al fraude de los ERE- y que Viera defendió ante el fiscal: “Cuando lo firmé tenía apariencia absoluta de legalidad”.