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Fragmento de una de las 194 páginas del "Libro Primero" del Oficio 3022/17 de la Brigada Provincial de Barcelona de la Policía Nacional, en el que se revela la identidad de un informante, cuyo nombre hemos tachado en 'Público'.

Las cloacas policiales Interior arriesga la seguridad del Estado al filtrar materiales incautados a los Mossos

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El informe de la Brigada Provincial de Barcelona de la Policía sobre los miles de documentos que se intervinieron a mossos d'esquadra cuando se disponían a destruirlos incluye la descripción detallada de hechos, datos e identidades que nada tienen que ver con la investigación judicial, algo que es ilegal. Además, es Interior el que ha filtrado ese informe a la prensa.

Política

Lo primero que llama la atención del mega-informe policial de 395 páginas sobre las 36 cajas con 10.000 documentos incautados a los Mossos d'Esquadra por la Policía Nacional es que los folios no están numerados ni sellados por el juzgado correspondiente. Es decir, la filtración a los medios de esa ingente cantidad de documentación no procede de ninguna de las partes personadas en la causa, sino del propio Ministerio del Interior, que ha filtrado una copia aún no judicializada.

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Pero lo más notable de ese Oficio 3022/2017 de la Brigada Provincial de Información de Barcelona de la Jefatura Superior de Policía de Cataluña –que por su extensión está dividido en "Libro Primero" y "Libro Segundo"– sólo lo perciben ojos expertos en asuntos judiciales: el repaso de los materiales requisados (documentos, audios y pendrives) es tan exhaustivo que incluye la descripción, y parte sustancial del contenido, de datos confidenciales que nada tienen que ver con la causa en fase de investigación. Es decir, se está violando el Articulo 588 sexies de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Ciertamente, ese artículo legal fue redactado para el caso de que, en un registro ordenado por el juez, no se puedan excluir los materiales no relacionados con la causa que se está investigando porque hay que incautarse, por ejemplo, de discos duros, pendrives u otros soportes informáticos cuyo contenido es imposible de desbrozar en el primer momento. Así que hay que confiscar los datos en masa y después determinar cuáles son relevantes para la investigación, cuáles podrían ser constitutivos de algún otro delito no contemplado inicialmente y cuáles han de ser archivados, devueltos a su propietario o destruidos porque están protegidos por derechos constitucionales.

Todo investigador sabe que es imperativo excluir el material confiscado que no tiene relación directa con la causa judicial

Un procedimiento legal imperativo que no es necesario precisar en el caso de cajas con documentos en papel, puesto que cualquier investigador policial sabe que es obligatorio excluir de oficios, atestados o informes todo lo que no sea relevante para la causa en curso ni pudiera constituir otro tipo de delito.

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Es decir, si por ejemplo se registran los papeles y dispositivos informáticos de almacenamiento de un presunto narcotraficante, todo lo que no tenga  que ver con esa actividad delictiva ha de ser obviado, salvo que se trate de indicios de –digamos– pederastia, en cuyo caso han de ser enviados al magistrado para su posterior reparto a un juzgado que abrirá una nueva causa. Todo lo demás que se haya confiscado debe ser cuidadosamente separado y apartado del procedimiento en el que se dictó la actuación policial.

"Al incluir múltiples hechos que no tienen relación con los presuntos delitos investigados, incluyéndolos en un único oficio policial, se convierte el informe en algo ilegal", subrayan a Público fuentes jurídicas, "y puede llegar a contaminar el resto de las pruebas que contiene, puesto que son inseparables –en ese documento oficial– de los datos que no deberían figurar porque están protegidos por derechos fundamentales".

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Lo más grave es que el informe policial saca a la luz documentos confidenciales sobre agentes encubiertos, pagos a confidentes y fondos reservados

Pero lo más grave, que ha escandalizado a las fuentes jurídicas mencionadas, es que este extenso informe policial no sólo detalla una innumerable cantidad de hechos y datos que nada tienen que ver con lo investigado por la magistrada Carmen Lamela, de la Audiencia Nacional –la organización y ejecución del referéndum del 1-O, y la posterior declaración de independencia, en contra de las órdenes del Tribunal Constitucional–, sino que incluso saca a la luz documentos confidenciales sobre gastos de fondos reservados, pagos a confidentes y hasta actividades de agentes encubiertos, poniendo en riesgo información que afecta a la propia seguridad del Estado.

Y decimos "saca a la luz" porque los casi 400 folios del informe han sido filtrados a diversos medios de comunicación precisamente por el Ministerio del Interior, como queda claro por lo expuesto al principio de este artículo: ausencia de sellos de registro en el Juzgado, así como del foliado judicial de cada página. Según fuentes policiales consultadas por Público, ese hecho demuestra que en el momento de su filtración el informe no había sido presentado ante la jueza, por lo que ha sido difundido desde la propia Brigada de Información de la Jefatura Superior de Policía que lo elaboró y que se convierte en única responsable, ya que el texto sólo es avalado, al final de todo, por su sello y la única firma del comisario jefe de la Brigada.

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Por ello es todavía más grave que se incluyan en este "Oficio 3022/2017" –a cuya versión íntegra ha tenido acceso Públicocientos de justificantes de gastos de investigación policial de 2015 y 2016 (Caja número 8) o los justificantes de decenas de gastos de agentes encubiertos en 2014 (Caja número 5), así los informes sobre "fondos reservados de la DGP de Mossos d' Esquadra relativo a los gastos económicos de fondos reservados" por 27.594,61€ (65 justificantes del grupo AMIT) y por 15.720,74€ (otros 64 justificantes)  durante el primer semestre de 2014.

El informe revela la conversación entre el confidente 'Hebrón' y el jefe de seguridad del PP de Cataluña

El indudable riesgo para la seguridad del Estado –al que pertenece la Generalitat y, por tanto, también sus fuerzas de seguridad– que supone la filtración masiva de estos datos queda patente cuando se examina el contenido de una grabación de audio que aparece en la "Carpeta PP" de la Caja número 3:

Fragmento de una de las páginas del Libro Primero del Oficio 3022/2017 de la Jefatura Superior de Policía de Cataluña, en el que se describe parte del contenido de la "Carpeta PP".

Las revelaciones de este tipo se suceden a través del informe, y algunas de ellas suponen incluso más peligro para las fuerzas de seguridad y sus métodos de investigación e informantes que las que hemos mostrado aquí como meros ejemplos. En consecuencia, todo indica que el deseo de destruir a los Mossos d'Esquadra ha ido más allá que cualquier consideración de prudencia por parte de quien sea que haya confeccionado y filtrado este demoledor informe.

Igual que es más que sospechosa la apariencia de colusión de numerosos medios de comunicación en este objetivo espurio que poco tiene que ver con la mera investigación sobre el 1-O, puesto que los fragmentos escogidos y las interpretaciones de su contenido, son malintencionados y sesgadas... hasta caer en informaciones claramente manipulados y titulares totalmente falsos.

Pero ese es otro tema, cuyo desarrollo requiere un artículo entero en sí mismo.

...CONTINUARÁ

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