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Mariano Rajoy y Cristina Cifuentes. EFE/Archivo

Cristina Cifuentes Se apaga la luz de Cifuentes para suceder a Rajoy

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Granados implicó a la presidenta madrileña en la estructura paralela con la que se financió de forma irregular las campañas de Esperanza Aguirre en 2007 y 2011. La falsificación en la obtención de un máster universitario complica aun más el futuro político de la líder del PP madrileño.

Política

Cristina Cifuentes se presentó como la líder de un nuevo PP limpio de corrupción tras ganar las elecciones autonómicas de 2015, un hecho que levantó todo tipo de suspicacias entre las filas de su propia formación conservadora por la carga de crítica implícita que suponía para el PP nacional por sus casos de corrupción.

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En los últimos meses, más allá de sus diferencias con Ciudadanos, que cada vez se lo pone más difícil en la Asamblea de Madrid -convencidos de que pueden ganar los próximos comicios autonómicos de 2019-, a la presidenta de la Comunidad se le acumulan las polémicas, particularmente en lo que atañe a su anterior etapa en el PP por su relación con Francisco Granados, exnúmero dos del PP madrileño y mano derecha de Esperanza Aguirre y, sobre todo, con Ignacio González, sucesor de Aguirre y antecesor de Cifuentes como jefe del Ejecutivo autonómico y de quien ésta, además, fue persona de confianza durante los gobiernos de Aguirre.

Hoy, con la publicación de eldiario.es de que Cifuentes falseó sus notas para obtener un máster de una universidad pública, el futuro de la presidenta se complica aún más, teniendo en cuenta que Cifuentes todavía no ha dado explicaciones, su equipo da la callada por respuesta y su socio de Gobierno amenaza con dejarla caer si las explicaciones no resultan creíbles.

El brillante futuro que se auguraba desde toda la prensa para la líder del PP madrileño -aunque en su partido lo miraban con recelo- empezó a ensombrecerse con el juicio de la Púnica, cuando el exsecretario general del PP madrileño, Francisco Granados, implicó a la presidenta de la Comunidad de Madrid en la estructura paralela con la que se financiaron de forma irregular las campañas de Esperanza Aguirre en 2007 y 2011. En esta línea, el exconsejero de Presidencia de Esperanza Aguirre apuntó que Cifuentes -entonces responsable regional del partido- ayudó al vicepresidente Ignacio González a llevar a cabo la financiación irregular de ambas campañas.

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La presidenta de la Comunidad de Madrid negó los hechos y presentó una la querella criminal contra Granados por delitos de injurias, calumnias y contra la integridad moral. El escrito señala que las declaraciones de Granados no se basan en "el legítimo ejercicio del derecho de defensa", sino que suponen "un espurio uso de la palabra para descalificar y dañar el buen nombre, honor e imagen de Cristina Cifuentes, plenamente encuadrable en el término jurídico de la injuria", según las mismas fuentes.

En la Comisión de Investigación sobre la presunta financiación ilegal de su partido, Cristina Cifuentes rechazó este martes toda responsabilidad sobre las cuentas del PP y señaló directamente a Génova: es el Comité de Derechos y Garantías del PP nacional quien tiene la responsabilidad de investigar las sospechas sobre Francisco Granados o Ignacio González.

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La líder del PP madrileño también echó los balones fuera cuando tuvo que comparecer en la Comisión de Investigación sobre corrupción política en la Comunidad que se lleva a cabo en la Asamblea de Madrid. En el marco de la trama Púnica, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apreció en dos informes indicios de cohecho y prevaricación en el papel de Cifuentes en la adjudicación de los contratos de la cafetería de la Asamblea de Madrid de 2009 y 2011, cuando era vicepresidenta primera y presidenta de la mesa de contratación.

Con un pin de la Benemérita en la solapa, la presidenta de la Comunidad discrepó de sendos escritos y negó haber influido en el informe que recomendaba adjudicar la cafetería de la Asamblea al empresario donante del PP Arturo Fernández.

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Meses después, Cifuentes estuvo a punto de volver a la misma comisión. Esta vez para explicar a la oposición el retraso en la entrega de las actas del Canal de Isabel II, relacionadas con el caso Lezo. La presidenta se escudó en la Justicia para no entregar los documentos, ya que esta información probaría las presuntas irregularidades de su antecesor, Ignacio González, y de determinadas personas de su confianza en el saqueo del Canal.

Más polémicas. A principios de junio, Cristina Cifuentes se enfrentó a una moción de censura presentada por Podemos para intentar arrebatarle la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Finalmente, los votos de PP y Cs, junto a la abstención del PSOE, tumbaron la enmienda a la totalidad de su gestión.

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