El grupo confederal Unidos Podemos ha presentado en el Congreso esta semana, de la mano de Izquierda Unida, una proposición de ley con la intención de “facilitar la accesibilidad en las viviendas donde residan personas con discapacidad”, entre ellas mayores de 70 años o quienes sufran problemas de movilidad, y que supondría una modificación sobre la actual Ley de Propiedad Horizontal.

La parlamentaria de IU, Isabel Salud, destacó que nuestro país “suspende en accesibilidad”, ya que “apenas llega al 1% el total de viviendas que son realmente accesibles, tanto en el acceso desde la calle al portal como desde ahí al interior”.

La reforma plantea tres líneas básicas de actuación, como explicó el diputado de IU Ricardo Sixto. En primer lugar, se pretende reducir a un tercio, en lugar de dos, de los propietarios la mayoría necesaria en una comunidad de vecinos para aprobar obras de mejora de la accesibilidad. Esta proporción de mayorías es "la misma que ya existe para otras actuaciones”, defendió Sixto, "por ejemplo, en materia de instalación de nuevos elementos de telecomunicaciones o de eficiencia energética".

La segunda modificación remite al denominado "régimen de obligatoriedad". Hasta ahora, existía un tope de doce mensualidades de gastos comunes para considerar que las obras debían ser obligatorias. Sin embargo, IU plantea su eliminación, y las obras pasarían a tener que realizarse en cualquier edificio donde viva o trabaje una persona discapacitada o de edad avanzada. Siempre, eso sí, que se cumplan los criterios establecidos en la ley y así lo aprueben un número suficiente de vecinos.

Por último, se contempla además la financiación de dichas obras, otorgando ayudas que podrían llegar a alcanzar el 100% de la inversión. Dichas ayudas estarían pensadas para los propietarios —personas físicas— de viviendas ubicadas en edificios residenciales con capacidad económica reducida, que estén obligados a obras y actuaciones que resulten necesarias en materia de accesibilidad según lo dispuesto en esta ley. "Podrán alcanzar el 100% de la inversión cuando los ingresos del beneficiario sean inferiores a dos veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM)", especifica la propuesta. Esta tercera medida estaría incluida dentro del "marco del Plan Estatal de Viviendas 2018-2022", como desarrolla el texto presentado.

La diputada Salud y Sixto explicaron que las modificaciones propuestas en esta iniciativa pretenden “la eliminación de obstáculos para operaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, que también están llamadas a contribuir a la recuperación económica”.

Así, Isabel Salud, también portavoz de Izquierda Unida en la Comisión de Discapacidad, recordó que hace unos días, desde esta misma comisión “se instó al Gobierno a elaborar y presentar un informe en el plazo de un año” sobre este tema, aunque indicó que “a nosotros nos parece insuficiente, porque hay personas que no pueden esperar un año más con la redacción de informes y que después sólo se empiece a estudiar la reforma de la ley”.