A pocos meses de que quede obsoleta, la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid sufrirá un nuevo cambio —acumula innumerables parches desde que fue aprobada en 2001— para sortear una sentencia judicial.

El Partido Popular en la Asamblea de Madrid, con el apoyo de Ciudadanos, modificará la normativa autonómica por la vía de urgencia y sin posibilidad de presentar enmiendas para permitir que los compradores de una vivienda nueva puedan habitarla sin que se haya urbanizado (con alumbrado, aceras, abastecimiento de agua o alcantarillado, entre otros) toda la zona en la que se levanta la construcción. Un cambio que ya prevé la polémica nueva Ley del Suelo que se tramita en el parlamento madrileño y que tiene previsto ver la luz en los próximos meses, pero a la que los conservadores no han querido esperar.

La proposición de ley se registró apenas unas semanas después de que una sentencia del 8 de marzo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid anulara las licencias de ocupación otorgadas por el Ayuntamiento de Madrid en 2014 a varias fincas del ámbito de construcción denominado Ciudad Aeroportuaria-Parque de Valdebebas, al norte de la ciudad, por incumplir la ley regional.

La norma de 2001 permite que se puedan levantar edificaciones al tiempo que se va urbanizando el ámbito de construcción, pero no que se puedan dar licencias de ocupación, es decir, que se pueda entrar a vivir, hasta que todo esté urbanizado. Incluso aunque un proyecto se levante por etapas, es necesario que haya dotaciones de servicios en toda la zona. Algo que la promotora y el anterior consistorio incumplieron y que ahora se intenta revertir con la modificación de varios artículos en la ley.

“Todas las modificaciones están siempre dirigidas a favorecer al promotor, sin tener en cuenta las repercusiones para el resto de habitantes, arriesgándonos a situaciones como la que se dio en Seseña”, recuerda Nines Nieto, portavoz de Ecologistas en Acción. La organización ve en este cambio un nuevo intento de “legislar a favor de un interés particular” como sucedió con las modificaciones en 2015 para dar salida a la Operación Chamartín y a la Operación Mahou-Calderón, ambas paralizadas por sentencias.

En conversación con este periódico, el director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, José Tortosa, defiende sin embargo que se anticipan para “dar una solución a las 5.000 familias que tienen sus casas hechas y que no pueden entrar a vivir en ellas”. “La nueva ley pretende que cada etapa de construcción pueda ser autosuficiente, con una vida independiente, sin tener que esperar a urbanizar toda la zona, siempre que se cumplan con unos requisitos”, argumenta.

“En la época de Esperanza Aguirre e Ignacio González la Ley del Suelo se ha modificado todos los años, algunos varias veces, para sortear problemas particulares. Cifuentes no ha interrumpido esa línea”, dice por su parte Vicente Pérez, portavoz de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM).

Una nueva ley más polémica

La nueva Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, una normativa impulsada por el Partido Popular que se encuentra en periodo de discusión de enmiendas y que tiene previsto ver la luz al final del verano gracias al apoyo de Ciudadanos, tampoco está exenta de polémica. Psoe y Podemos pidieron su retirada y presentaron, entre ambos grupos, 800 enmiendas a un texto que consideran una vuelta a la especulación y una política orientada a favorecer al sector privado en detrimento de las funciones sociales del urbanismo.

“La nueva ley es un retroceso brutal en todos los sentidos, sobre todo en materia social. Ya quisiera yo la ley de 2001, heredera de las políticas urbanísticas de Aznar, comparada con la que se va a aprobar ahora”, señala Nieto.

La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, Ecologistas en Acción y la oposición, a excepción de Ciudadanos, critican, entre otras cosas, que el nuevo texto permitirá la regularización de centenares de construcciones ilegales asentadas en zonas rústicas no urbanizables desde hace años en una “amnistía generalizada”.

Además, el proyecto de ley prevé rebajar los metros de suelo que las promotoras están obligadas a ceder a los ayuntamientos para servicios sociales como colegios, polideportivos, zonas verdes, etc. Actualmente, la ley establece que son 50 metros cuadrados por cada 100 construidos, pero la nueva norma los deja en 30. Cuando se aprobó la regulación de 2001, esa proporción estaba en 120 metros cuadrados de cesión por cada 100 construidos.

Tortosa piensa en cambio que “no se puede mirar para otro lado” con las más de 137 urbanizaciones ilegales que hay en la región desde 1985. “Son una realidad y no se pueden demoler. La nueva ley pretende que al menos tengan servicios básicos y evitar daños al medio ambiente”. Respecto a las cesiones, apunta a que la normativa impone unos mínimos, que los ayuntamientos pueden adaptar “en función de lo que necesite el municipio”.

La ley también recoge las numerosas excepciones para el suelo rústico no urbanizable que se habían venido haciendo en modificaciones durante los años anteriores y añade algunas más para que estos espacios puedan ser usados para eventos deportivos o festejos.

“Es una ley continuista, que introduce más privatizaciones, reduce aún más las cesiones de suelo y no contempla medidas para la vivienda social o la vivienda protegida”, señala Vicente Pérez, portavoz de la FRAVM.

Nines Nieto apunta además a que es “una ley pensada para abrir a los intereses financieros y económicos las posibilidades urbanísticas del centro de la ciudad, quitándole competencias al Ayuntamiento”.