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La expresidenta del Parlament Carme Forcadell (izda), y los ex consellers Raúl Romeva y Dolors Bassa, en una imagen de archivo a su llegada al Tribunal Supremo. | ZIPI (EFE)

Catalunya El Supremo baraja separar el 'procés' en dos piezas para juzgar antes a los políticos presos

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Puigdemont y el resto de huidos serían juzgados en una segunda fase, cuando se resuelvan las extradiciones pendientes, si así lo acuerda el juez Llarena.

Política

El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena baraja separar en dos piezas el caso abierto contra 13 políticos por los delitos de rebelión, sedición y malversación que se habrían cometido durante el proceso unilateral independentista catalán, según fuentes jurídicas.

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“Cada día es más evidente que habrá que separar el caso en dos piezas”, explican a Público fuentes jurídicas en alusión al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, los líderes de ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, así como los exconsejeros Joaquim Forn, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull y Dolors Bassa.

La ley da prioridad a las causas donde existen presos preventivos, como es la abierta sobre el procés independentista. Además, es el único sumario que se instruye en el Supremo, cuya labor fundamental es la casación de doctrina y no la investigación de un caso.

De prosperar esta posibilidad, los procesados encarcelados serían juzgados en primer lugar a lo largo del año 2018. En la segunda pieza se juzgaría a los políticos huidos y que están pendientes de que se resuelvan sus procesos de extradición: el expresidente catalán Carles Puigdemont, quien se encuentra en Alemania, así como los exconsejeros huidos a Bélgica -Toni Comín, Lluis Puig y Meritxell Serret- y la exconsejera Clara Ponsatí, que reside en Edimburgo (Reino Unido). Queda pendiente de conocerse si Llarena solicitará la extradición de Marta Rovira, huida a Suiza.

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Dilaciones

La decisión de separar el sumario del 'procés' en dos piezas la debe adoptar el propio Llarena, a la vista de las dilaciones que han surgido con la negativa del tribunal territorial de Schleswig-Holstein (norte de Alemania) de entregar a Puigdemont al considerar que no hubo suficiente violencia en el procés como para incurrir en la alta traición (que es el equivalente a la rebelión en dicho país).

La instrucción de la primera pieza del sumario finalizaría a finales de verano y el juicio arrancaría en octubre para que la sentencia estuviera en diciembre. Pero este calendario optimista también comienza a caerse porque se prevén complicaciones durante el juicio ya que las defensas planean solicitar una batería de expertos con el fin de preparar el desembarco del caso en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

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Todos los recursos y alegaciones que interponen ahora las defensas están encaminados a construir el edificio jurídico para lograr una posible condena a España por supuesta violación de derechos humanos en el tribunal europeo. De ahí que en el Supremo se vayan a extremar las cautelas a la hora de aceptar las peticiones de las defensas durante la vista oral.

Pasmo, decepción y orfandad

En los aledaños del Supremo se detecta cierta orfandad respecto a la escasa defensa que realiza el Gobierno ante los países miembros de la Unión Europea de la labor de la justicia española.

La decisión del tribunal regional alemán ha causado pasmo y decepción en el Supremo, donde se considera que estos tres jueces alemanes han desnaturalizado la orden europea de detención y se han excedido al entrar en el fondo del asunto. La euroorden, explican, se basa en el principio de confianza mutua entre países europeos con justicias similares y la función de las autoridades requeridas debe limitarse al apoyo práctico y administrativo.

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Por ello, Llarena tiene previsto interponer la próxima semana una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), para que se pronuncie sobre si el tribunal alemán se excedió al tramitar el procedimiento de entrega a España porque valoró la intensidad de la violencia ocurrida en Catalunya durante el ‘procés’. Estos supuestos fácticos están en el sumario y aún no han sido juzgados.

La cuestión prejudicial que planteará Llarena será por la vía de urgencia, por lo que la respuesta del TJUE se produciría en dos o tres meses.

Organización criminal

Una vez recibida la sentencia del tribunal europeo, Llarena podría ampliar los delitos en la solicitud de entrega de Puigdemont para incluir sedición -subsidiario al de rebelión, pero sin violencia-; así como organización criminal y desobediencia, que no introdujo al estar contenidos en la rebelión.

En el caso de que el TJUE falle contra la posición de la justicia española, Llarena no descarta incluso retirar la orden europea de detención contra Puigdemont. La razón: el Supremo “no quiere pagar el precio de no poder juzgar” al líder del proceso independentista unilateral como al resto de los acusados o juzgarlo por un delito menor respecto al resto de los involucrados. De ser así, Puigdemont se convertiría en un catalán errante por Europa.

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