El Senado quiere atajar el "uso abusivo" que algunos senadores hacen de las facultades de control que les concede el Reglamento para recabar informes a las Administraciones Públicas y formular preguntas para su contestación por escrito, unas prácticas que se han desbordado en esta legislatura.

Para ello, la Mesa del Senado ha acordado proponer a la Junta de Portavoces exigir a los senadores que planteen preguntas o pidan documentos a ayuntamientos y Comunidades Autónomas que justifiquen que esa información "tiene relación con su actividad parlamentaria y no existen otro tipo de objetivos", según ha explicado hoy el vicepresidente de la Cámara, Pedro Sanz.

La reacción a dicha propuesta no se ha hecho esperar por parte de la formación Compromís, cuyo portavoz Carles Mulet cuenta con una intensa actividad parlamentaria llegando a registrar 13.854 preguntas y 2.841 solicitudes de informe. “La coalición recurrirá cualquier recorte de derechos ante al menos el Tribunal Constitucional”, han denunciado.

Para la coalición, “la función de control del Gobierno de las Cortes Generales está blindada por la Constitución y por todo nuestro ordenamiento jurídico. Intentar ahora dinamitar, coartar, recortar o impedir esta función, es atentar directamente contra las funciones del Senado y la democracia”.

El portavoz de Compromís ha afirmado que “no se ha facilitado a la coalición el supuesto informe de los letrados de la cámara que permitirían estos recortes, pero que en caso de adoptarse por parte del PP, con mayoría en la cámara, cualquier acuerdo que limite la actividad de los senadores de Compromís, se actuará en consecuencia”.

La propuesta se basa en un informe de los servicios jurídicos de la institución sobre un problema agravado en lo que va de XII Legislatura, con 3.297 solicitudes de documentos presentadas, cifra que quintuplica las presentadas a lo largo de los cuatro años de la X Legislatura, con solo 609 requerimientos registrados.

El documento apunta posibles soluciones, como el establecimiento de cupos para las preguntas escritas, algo a lo que no se ha referido Pedro Sanz, o la obligación de justificar las peticiones de información.

Según Sanz, hay "determinadas preguntas que pueden exceder de las propias responsabilidades que asume un senador" y ha recordado que hay sentencias del Tribunal Constitucional que amparan la posibilidad de que la Mesa califique negativamente determinadas preguntas.

Ha añadido que se pretende evitar "ir en contra de algo tan importante como es la autonomía municipal y autonómica" que puede no ser respetada en la formulación de preguntas.

Los servicios jurídicos del Senado apuntan que "el ejercicio del derecho a la información de los senadores puede derivar en una práctica abusiva del mismo, ajena a su finalidad propia y que, incluso, podría justificar una decisión de la Mesa de inadmisión de dichas iniciativas".

Para Carles Mulet el plan señala la baja actividad de los senadores del PP: “Les ha molestado mucho poner en evidencia el propio trabajo de los senadores del PP, que es nula, en la mayoría de provincias del Estado, es Compromís quien más iniciativa ha hecho de cada circunscripción superando con creces a los parlamentarios elegidos por estos territorios”.

Mulet encuadra este recorte partidista dentro de la deriva “a la turca” que está sometiendo el Gobierno de Rajoy a los poderes públicos. “Vemos involución en la judicatura, en las Cortes Generales y en los derechos básicos. Con estas medidas, simplemente van a crispar más el día a día del Senado, porqué ante más puertas que nos intenten cerrar, más boquetes en las paredes haremos y que pueda correr el aire”.