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Un okupa dispara con una pistola de agua a varios agentes de los Mossos d'Esquadra en Barcelona./ EFE

Los desahucios exprés de viviendas ocupadas no afectarán a los pisos de los fondos buitres

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El Congreso aprueba este martes una ley para acelerar los desalojos de inmuebles propiedad de particulares, ONG o entidades públicas con fines sociales. La propuesta, del PDeCAT, saldrá adelante con el apoyo de PP, Cs y PNV.

Política

Desahucios exprés para agilizar el fin de las ocupaciones de viviendas y seguridad jurídica para los propietarios afectados. Este es el doble objetivo de la proposición de ley promovida por el PDeCAT que la Comisión de Justicia aprobará este martes para su remisión al Senado. Curiosamente, el grupo catalán asegura que sacará adelante la iniciativa con el apoyo de PP, PSOE y Ciudadanos, sus eternos opositores en la batalla independentista. El PNV también está a favor de esta medida que, sin embargo, ha sido rechazada por ERC y Unidos Podemos.  

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Se trata de una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil "en relación a la ocupación ilegal de inmuebles" pensada para que los propietarios de viviendas ocupadas puedan pedir "la inmediata recuperación de la plena posesión del inmueble o parte de él siempre que se hayan visto privados de él sin su consentimiento". Los beneficiarios de este cambio son únicamente personas físicas propietarias de casas, entidades sin ánimo de lucro y entidades públicas con parque propio de viviendas destinado a fines sociales. La Generalitat de Catalunya, por ejemplo, tiene 322 inmuebles sociales en esa situación.

Hay "mafias" que localizan pisos vacíos y los ofrecen a personas en situación de emergencia social por hasta 1.000 euros al mes

La diputada del PDeCAT Lourdes Ciuró deja claro que las entidades financieras y los fondos buitres propietarios de bienes inmuebles vacíos que hayan sido ocupados quedan excluidos de esta modificación. "El objetivo de la propuesta es proteger la propiedad privada de las ocupaciones ilegales y evitar que se haga negocio con la vivienda", relata a Público

Ciuró se refiere a ciertas "mafias" que localizan pisos vacíos y, conociendo la lentitud de los trámites de los desahucios, los ofrecen a personas en situación de emergencia social por 600 y hasta 1.000 euros al mes. El PDeCAT advierte de que actualmente "los dueños pueden tardar hasta dos años en recuperar sus casas", por lo que la modificación de la ley que plantea el grupo independentista prevé un desahucio exprés para resolver la situación en pocos días.

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En primer lugar, se remite a los ocupantes una notificación exigiéndoles que demuestren que la casa es suya. Si no lo hacen, un tribunal ordena la entrega inmediata de la vivienda mediante un auto contra el que no cabrá recurso alguno. Si el denunciado no responde al requerimiento en cinco días, se dictará sentencia de inmediato, cuya ejecución, además, podrá llevarse a cabo sin que transcurra el plazo de 20 días previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

¿Desahuciados en riesgo de exclusión?

La propuesta de los independentistas no fue bien recibida en el Pleno del Congreso por Unidos Podemos, En Comú Podem, En Marea y ERC, para quienes esta modificación desprotege a las familias en riesgo de exclusión social porque podrán ser desahuciadas en unos días sin que se actúe verdaderamente contra las mafias. De hecho, durante el debate el PSOE afirmó que quien tiene que luchar contra ellas es la Policía y no apoyó la iniciativa en el Pleno. Sin embargo, Ciuró asegura que los socialistas han participado activamente en las enmiendas del texto y confía que apoyarán la iniciativa. El PSOE, de momento, no ha confirmado su postura.

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La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) también ha mostrado su rechazo a este ágil mecanismo de desahucio por la vía civil que plante el PDeCAT: "Justo cuando las familias tienen mayor dificultad para hacer frente al pago del alquiler, algunos partidos del Congreso deciden legislar para que desahuciar sea más sencillo", ha denunciado en un tuit.

El PDeCAT, sin embargo, insiste en que la ley contempla la comunicación de los desalojos a los servicios sociales. "Si los afectados son familias o personas en situación de vulnerabilidad podrán ser atendidas por la administración pública" pero no de oficio, sino cuando hayan dado su consentimiento, especifica Ciuró. Esta explicación no convence a la izquierda, que advierte de que la proposición de ley no establece medidas concretas para estos casos.

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De hecho, En Marea, confluencia gallega de Unidos Podemos que también votó en contra de la propuesta del PDeCAT, ha planteado recientemente otra solución al problema de la vivienda: modificar la Ley de Haciendas Locales para permitir a los ayuntamientos aplicar recargos de entre el 50% y el 75% del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a los pisos que estén vacíos de forma continuada, según informa Europa Press.

Para ello, ha registrado en el Congreso una proposición de ley con la que busca definir qué se considera una vivienda vacía y así permitir el recargo en el IBI que ya prevé la ley, pero que no puede aplicarse ante la falta de un reglamento posterior. La formación gallega precisa en su iniciativa que se entenderá que un piso está vacío cuando, teniendo condiciones para ser utilizado, se mantiene desocupado durante un periodo superior a un año o a 22 meses, alternos o continuos, a lo largo de dos años.

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