Los Presupuestos Generales del Estado han llegado al 2018 inmersos de polémicas y críticas. Y no se han librado de las del movimiento feminista: hasta 76 ciudades han salido a la calle este miércoles reclamando unas cuentas generales que incorporen la perspectiva de género y cumplan con el presupuesto acordado en el Pacto contra la Violencia de Género.

Sin embargo, aunque esta ha sido la principal reclamación, cumplir con este presupuesto no es la única. Desde las organizaciones feministas y, especialmente, desde la Plataforma Impacto de Género Real Ya denuncian el "machismo" de los presupuestos en varias partidas: desde la falta de presupuestos para combatir el alto paro femenino hasta exigir permisos de paternidad interrumpidos, iguales e intransferibles. 

Las reclamaciones la han recogido en el Manifiesto Feminista sobre los Presupuestos Generales del Estado de 2018. Un análisis presentado este miércoles en el Congreso durante un debate en el que han sido invitados todos los Grupos Parlamentarios, pero al que sólo han asistido Unidos Podemos, PSOE, Ciudadanos y Compromís, destacando la ausencia del PP.

Presupuesto para combatir el paro femenino

A pesar de que la tasa de paro ha bajado y se sitúa, según la Encuesta de Población Activa (EPA) del pasado mes de abril, en 16,74%, las mujeres son quienes se siguen viendo más afectadas por el desempleo. Como se desengrana en el informe del Manifiesto Feminista,1.946.000 mujeres continúan en las listas paro, el 18,35%, mientras el número de hombres en paro se sitúa en 1.820.600, el 14,97%. Además, la precariedad laboral continúa presente por la tasa de temporalidad que ha subido hasta rozar el 23% en algunos sectores como en educación o turismo. Y los sueldos, sobre todo de los más jóvenes, se han visto reducidos en un 15% respecto a 2008.

Ante esto, denuncian que la la partida destinada al pago de las prestaciones por desempleo desciende un 3,4%. Además, de que el programa de prestaciones a los desempleados pasa de 18.318 millones en el presupuesto de 2017 a 17.702 millones en 2018, un 2% menos. La disminución de estas prestaciones ante el aumento de la precariedad laboral "no permite acceder a las prestaciones" y, por ello, la tasa de cobertura se sitúa en el 56,0% cuando en 2008, al inicio de la crisis se situaba en el 74,8%. Una tasa que es del 51,7% en las mujeres y del 61,6% en los hombres, "señal de cómo la peor calidad en las contrataciones de las mujeres genera menos prestaciones." Dicho de otra forma: más de la mitad de las mujeres desempleadas no reciben la prestación.

Además, también señalan otro indicador de género para el análisis de los presupuestos: el número de contratos bonificados a mujeres víctimas de violencia de género. Tachan de "insuficiente" el objetivo marcado por el Gobierno, 1.200 contratos, considerándolos dentro del contexto en el que el año pasado se registraron 21.501.303 contratos y teniendo en cuenta que el número de denuncias anuales de mujeres víctimas de violencia machista superan las 166.000.

Recuperar el peso político del Instituto de la Mujer

O parar con "la deriva del Instituto de la Mujer", como las organizaciones feministas indican en el Manifiesto. El Programa 232B Igualdad oportunidades entre mujeres y hombres, correspondiente al Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, sube sólo un 0,49%, hasta 19,839 millones de euros, un 40,9% menos que en 2010.

Además, destaca la externalización de los dos tercios de su presupuesto:
2 millones destinados a la contratación de servicios y a subvenciones a entidades públicas y privadas de forma directa, así como 765.000 € a una inversión propia que no aparece definida. En total, esto supone una privatización de su gestión: "El 84% de sus subvenciones son a entidades privadas; primando las entidades empresariales o asistenciales sobre las organizaciones feministas y de mujeres, y conceder a dedo el 45% de sus subvenciones, sin publicidad ni concurrencia, como estable la ley".

Entidades a subvencionar por el Instituto de la Mujer / Manifiesto Feminista sobre los PGE de 2018

Cumplir con el Pacto contra la Violencia de Género

La principal reivindicación que ha llenado las calles de más de 70 ciudades: cumplir con el aumento de 200 millones de euros anuales acordado en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. "Esto es lo mínimo para avanzar aplicando las 214 medidas aprobadas tras un año de debates, frente a los asesinatos de más de 900 mujeres en los últimos quince años, que han dejado 169 huérfanos menores de edad", denuncian desde el Manifiesto.

La Medida 207 del Pacto acordaba que los PGE destinarían mediante transferencias un incremento anual de 20 millones de euros a los ayuntamientos y 100 millones a las Comunidades Autónomas. Sin embargo, en las cuentas generales se niegan estas transferencias indicando a los 8.000 ayuntamientos y a las 17 CCAA que se consiga este presupuesto de su propia financiación. Este recorte afectará a 59 de las 214 medidas del Pacto imposibilitando acciones de prevención, detención y atención ante la violencia machista.

Pero tampoco acaba aquí: los 80 millones de aumento para la Administración central, también acordados en el pacto, tampoco se cumplen ya que las cuantías del Libro Amarillo de los PGE 2018 no corresponden a las cuantías reflejadas en los Programas de Gasto reales o no está especificada en partidas destinadas a actuaciones contra la Violencia de Género.

El Permiso de Paternidad interrumpido

Desde el Manifiesto Feminista se reconoce que el aumento de cuatro a cinco semanas del Permiso de Paternidad que está previsto puede ser un "avance parcial". Sin embargo, se señala que al mantener la exigencia de que se tome de forma ininterrumpida se impide que el padre pueda tomar este permiso mientras la madre se recupera del parto y el resto no sea simultáneo, lo que realmente ayudaría a la corresponsabilidad en los cuidados.

Por esto, se reivindica que se apruebe la propuesta de la PPINA recogida en una Proposición de Ley registrada en el Congreso el pasado enero: permisos iguales, intransferibles y pagados al 100%, de forma que cada persona progenitora pueda tomarse un permiso inicial de dos semanas a partir del nacimiento o adopción y utilizar las 14 semanas restantes para turnarse con la otra persona. 

Soluciones al sistema de dependencia 

La situación de dependencia es realmente trágica: en 2017 fallecieron 38.000 personas dependientes sin haber recibido los servicios o prestaciones que le correspondían. A finales del pasado diciembre, había 1.264.951 personas en situación de dependencia reconocida y otras 120.000 pendientes de valoración. De las personas dependientes reconocidas. Sólo el 75 % estaban siendo atendidas por el Sistema. De ellas, dos tercios son mujeres, y más de la mitad tienen más de 80 años.

La aportación del Estado (Programa 231I) al Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD) será en 2018 de 1.401.091 millones de euros, un aumento que no llega al 5%. Mientras que la red de Servicios Sociales responsable de cubrir prestaciones y servicios en los municipios para toda la población recibe un 3,6% de aumento en estos PGE, lo que hace dificulta una "consolidación de los servicios en todo el territorio nacional, generando enormes desigualdades territoriales".

Unos aumentos que no llegan para cumplir las faltas del sistema y que, si realmente aumentase y cumpliera dando atención a las más de 310.000 personas en lista de espera, se podrían crear unos 75.000 nuevos empleos directos.

Igualdad en la educación

Un pilar esencial para el feminismo es educar en la igualdad. Por ello, se denuncia que el presupuesto en educación que aumenta un 3% - y se mantiene por debajo de los 2.843 millones de euros de 2011 - se concentra básicamente en la concesión de becas, que suponen un 60% del total de la política educativa. Por ello, que el presupuesto no es suficiente ya que no cubre la igualdad y la prevención de la violencia de género.

Además, se incide en la necesidad de políticas que garanticen que no haya educación segregada por sexos financiada por fondos públicos, corregir la falta de objetivos de igualdad de la LOMCE e incluir la educación afectivo-sexual.

Aumentar el gasto de la cobertura sanitaria universal

El gasto en sanidad se incrementa un 3,9%, ascendiendo a 4.251 millones de euros, el 6,3 % del gasto del Estado, que representa un 5,8% del PIB, frente al gasto medio del 7,2% del PIB en la UE. Ante esta partida, denuncian que el presupuesto que aumenta es el destinado a la privatización, dejando un vacío en la cobertura sanitaria universal. De hecho, esto también lo han denunciado organizaciones como Médicos del Mundo que han asegurado que los presupuestos del 2018 "alejan a España de alcanzar la cobertura sanitaria universal".

De esta forma, inciden en que se vuelve a incumplir los compromisos en materia de Sanidad del Pacto de Estado contra la violencia de género, transfiriendo a las Comunidades Autonómas los 200 millones de euros. Además, de denunciar que "la descripción general de los objetivos del sector 2018 no contiene referencias a políticas de igualdad de género en materia de salud" y que "los indicadores de todos los programas carecen de perspectiva de género"

También se insta a restaurar el Observatorio de salud de las mujeres con el objetivo de disminuir las desigualdades en salud.

La brecha de género y las pensiones

Las pensiones también están entre las reclamaciones de las feministas. Se reclama combatir la brecha de género actual del 36% con un política de incentivo sistemático al modelo de mujeres y hombres empleados y ciudadores en igualdad, frente al actual modelo de hombre empleado/mujer cuidadora sin empleo y con protección social derivada del marido.

Esta es la raíz de la mayor parte de la desigualdad de género: el desigual reparto del cuidado. Sólo 1 de cada 3 personas en situación de dependencia recibe servicios públicos, al resto les cuidan empleadas del hogar o familiares que son, en un 85%, mujeres. 

Para combatir esto, se proponen medidas concretas: incorporar a 1,8 millones de mujeres al empleo frente a la elevación de la edad de jubilación, no aumentar el periodo de cómputo para la pensión ya que penaliza las lagunas de cotización de las mujeres, reducir la jornada laboral general y compatibilizarla con el cuidado de menores o dependientes y no incentivar las excedencias y el tiempo parcial de mujeres, cobertura al 100% de la educación infantil de 0 a 3 años y de servicios públicos de atención a la dependencia y equiparar las pensiones no contributivas al mínimo general de las pensiones.

Incrementar la cooperación al desarrollo 

La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) española prevista para 2018 suma 2.602 millones de euros, el 0,22% de la renta nacional bruta (RNB). Aunque sube el 6,2% respecto a 2017, si se siguiera a este ritmo se tardaría 15 años en alcanzar el 0,4 acordado en el Congreso, mucho más faltaría para llegar al 0,49% de media
en la UE o el 0,7% fijado por la ONU en 1980.

Por ello, se pide que se suba el presupuesto de lo que aseguran que es ya "uno de los principales rasgos de la cooperación en la 'era Rajoy'" y así evitar el "peso presupuestario y político secundario" de la cooperación al desarrollo.