El PP se ha vuelto a ver obligado a recular en materia de pensiones. Fuentes parlamentarias confirman a Público que el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados ha decidido desechar este miércoles una de sus enmiendas al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, que perseguía eliminar la cuantía mínima para las pensiones por incapacidad permanente total.

Más de 560.000 personas perciben estas prestaciones: son un 6,4% del total de pensionistas, y en un 54% de los casos cobran 625 euros de media, pero el Partido Popular quería acabar con el suelo de estas prestaciones. Hoy, la Ley General de la Seguridad Social establece que en ningún caso pueden estar por debajo del 55% de la base mínima de cotización, esto es, el Salario Mínimo Interprofesional, fijado en 735 euros en 14 pagas.

El Grupo Popular toma esta decisión un día después de que este diario informara sobre esta enmienda, y tras corroborar que PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos PDeCAT, Compromís y otras fuerzas del arco parlamentario no estaban dispuestas a apoyar este texto. 

Tras cosechar varias críticas durante el debate en la Comisión de Presupuestos, y con las protestas de colectivos de pensionistas en las calles, el PP finalmente ha optado por renunciar a esta enmienda, la 6778, después de que el PNV plantease modificarla.

Yolanda Díaz, diputada de En Marea (Grupo Confederal Unidos Podemos), e Ignasi Candela, parlamentario de Compromís, (Grupo Mixto), expresaron el martes a este diario su rechazo a esta enmienda, que concebían como una clara amenaza para los 560.000 pensionistas que cobran estas ayudas.

Previsiblemente, este mismo miércoles la Comisión de Presupuestos aprobará también la subida "excepcional" -según su propia redacción- de las pensiones, pactada entre Gobierno y PNV, y el debate se prolongará hasta el viernes, para analizar cerca de 6.700 enmiendas, de las casi 7.000  registradas. El Ejecutivo ya ha vetado 250. 

En concreto, el texto del PP planteaba modificar el artículo 196 de la Ley de la Seguridad Social, para  pasar a establecer el mínimo para estas prestaciones vía Ley de Presupuestos Generales del Estado. Esto permitiría al gobierno de turno reducir estas prestaciones sin suelo al que atenerse, independientemente de que los precios o el salario mínimo subiesen.

El texto del PP era muy claro, y justificaba este cambio "a la vista de los importantes incrementos sufridos en los últimos ejercicios económicos por el Salario Mínimo Interprofesional".