La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a que la Audiencia Nacional prolongue la investigación de la supuesta Caja B del PP hasta 2020, en contra del criterio del juez instructor, José de la Mata, quien ha prorrogado tras las revelaciones del líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, sobre el cobro de 'mordidas' a empresarios a cambio de contratos públicos y cómo entregaba las comisiones al partido, en concreto al entonces tesorero, Luis Bárcenas.

La Fiscalía ha recurrido en apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el auto del magistrado del pasado 6 de junio que acuerda prorrogar la causa -también conocida como 'Papeles de Bárcenas'- a petición de la acusación popular que ejerce Izquierda Unida. El ministerio público considera que la pieza está lista para ser llevada a juicio.

Por su parte, las acusaciones populares de IU y Adade (Asociación de Abogados Demócratas, próxima al PSOE) tienen previsto oponerse a la pretensión de la Fiscalía y solicitarán que la causa siga abierta hasta 2020 porque consideran, al igual que el juez, que se está ante una causa compleja. 

El Partido Popular se adherirá al recurso de apelación presentado por la Fiscalía, aunque había recurrido en reforma el auto del magistrado. Fuentes populares muestran su "grata sorpresa" porque el ministerio público mantenga este criterio y argumentan que "no se puede mantener abierta una investigación prospectiva hasta las elecciones generales".

La decisión está en manos de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, encargada de resolver estos recursos.

150.000 euros para Rajoy

Tanto IU como Adade solicitarán más pruebas para continuar con la investigación judicial sobre la Caja B de PP y sobre a relación finalista entre 'mordidas' al PP y adjudicaciones públicas de los gobiernos que dirían líderes de este partido

Así, IU solicitará la comparecencia como testigo [figura que obliga a decir la verdad] de Ricardo Costa, el exsecretario general del PP de Valencia para que confirme si recibió 150.000 euros en billetes de 500 del bolsillo de José Mayor Oreja, directivo de la constructora FCC, para sufragar la campaña electoral de Mariano Rajoy a la presidencia del Gobierno en 2008. Ambos son hermanos de exministros populares.

Ricardo Costa tiene como abogado defensor a Manuel Ollé, estrecho colaborador del despacho del exjuez Baltasar Garzón, primer instructor del caso Gürtel y condenado por prevaricación por autorizar escuchas en los locutorios de los líderes de la trama con sus abogados.

Recientemente Costa ratificó esta confesión ante la juez de Valencia que investiga una supuesta estafa en la construcción de circuito urbano de Fórmula 1 durante la etapa de Francisco Camps como presidente autonómico. El sostiene que entregó este dinero al vicesecretario del partido, David Serra, condenado en el caso Gürtel.

La pieza está centrada en la supuesta caja de dinero negro que manejó el Partido Popular, al menos desde 1989 al año 2008. Fue reabierta el 28 de febrero de 2017 por De la Mata, a petición de IU, tras la confesión que hizo Correa en el juicio sobre la primera época de la trama (1999-2005), donde reveló cómo él mismo se encargaba de intermediar en el pago de comisiones al PP por parte de empresarios a cambio de contratos de obra pública.

"Gran cantidad de investigados"

El Ejecutivo del PP introdujo una reforma procesal para limitar a seis meses las investigaciones penales, aunque no dotó de medios económicos para lograr este objetivo. Este límite puede ser ampliado hasta 18 meses si la causa es declarada compleja.

La prórroga debe ser solicitada por la Fiscalía, pero no lo hizo cuando el pasado 6 de junio iba a caducar el plazo de la pieza sobre la Caja B que se investiga en el Juzgado Central de Instrucción 5, cuyo titular es José de la Mata. Sin embargo, sí lo solicitó IU.

De la Mata recuerda en su auto que la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite una prórroga excepcional a instancia de cualquiera de las partes personadas por concurrir razones que lo justifiquen (art. 324.4). El juez considera que el caso "involucra a gran cantidad de investigados, tanto personas físicas como jurídicas". El magistrado no descarta que la investigación "aún exija la realización de pericias o de colaboraciones que implican el examen de abundante documentación o complicados análisis", y advertía en el auto de que habrá que revisar "la gestión de personas jurídico privadas o públicas".