Alerta geológica: el Instituto Geominero Nacional (IGME) cataloga como activas las cuatro fallas del cuaternario localizadas en el área en la que el Gobierno central impulsa la construcción del pantano de Mularroya, entre las localidades zaragozanas de Morata de Jalón y Santa Cruz de Grío, lo refuerza los temores de los opositores al proyecto y de los vecinos de la zona sobre los riesgos que entraña ubicar en ese emplazamiento una infraestructura que, si un día llega a llenarse, debería soportar el peso y la presión de más de cien millones de toneladas de agua.

La ubicación de las fallas, dos de las cuales están troceadas en sendos tramos dobles, es perfectamente visible en el buscador del IGME del sistema QAFI (Base de Datos de Fallas Activas del Cuaternario, en sus siglas en inglés), tal y como puede comprobarse en las capturas de pantalla que acompañan esta información.

Los cortes del terreno se ubican en el extremo norte de un amplio sistema con forma de rombo que tiene sus extremos en La Almunia, Teruel, Molina de Aragón y Allueva, entre el Sistema Ibérico y las Cuencas Mineras turolenses, entre la cuenca del Ebro y la del Júcar.

El Instituto Geominero cataloga como activas las cuatro fallas del cuaternario localizadas en el emplazamiento del pantano de Mularroya y sus inmediaciones. / IGME

El IGME cataloga como “especulativa” la posibilidad de que su actividad genere movimientos sísmicos de gran magnitud en la mayoría de los casos en las condiciones actuales, aunque la primera de esas eventualidades ya aparece como “real” en la mayor de ellas, de 230 metros de profundidad por los alrededor de 60 del resto. Sin embargo, “la presencia de terremotos más pequeños, perjudiciales puede ser mucho más corta”, advierte el instituto.

El Instituto Geominero cataloga como activas las cuatro fallas del cuaternario localizadas en el emplazamiento del pantano de Mularroya y sus inmediaciones. / IGME

Un proyecto rodeado de conflictos

El proyecto del embalse de Mularroya, ubicado en el cauce del río Grío y proyectado para ser llenado con hasta 103 hectómetros cúbicos de agua del Jalón a través de un túnel de trece kilómetros, ha estado rodeado de varias polémicas desde el inicio.

Por una parte, la Audiencia Nacional paralizó las obras en 2013 al comprobar que iba a inundar varias zonas incluidas en la Red Natura, y la segunda declaración de impacto condiciona el futuro llenado a que haya sido declarada en sus inmediaciones una ZEPA (Zona Especial de Protección de Aves) de extensión similar a la que anegará en la zona conocida como las Hoces del río Jalón.

A ese frente se le sumó desde el principio la sospecha de que formaba parte de los planes trasvasistas que en su día impulsaron los ejecutivos de Felipe González y de José María Aznar y que se disponía a desempolvar el de Mariano Rajoy.

Hoy es la única de las cinco piezas clave de aquellos planes para almacenar el agua del Ebro que iba a ser enviada al arco mediterráneo cuyo futuro está en el aire por esas exigencias ambientales, aunque las obras siguen avanzando, junto con los descartados Jánovas y Santaliestra, el polémico recrecimiento de Yesa ) y Biscarrués), vetado por la Audiencia Nacional por su impacto ambiental tras haber sido redimensionado a la baja.

La reciente propuesta del Congreso Nacional de Comunidades de Regantes para ejecutar una transferencia del Jalón a la cabecera del Tajo con el fin de paliar los efectos de los envíos al Segura ha vuelto a levantar suspicacias en la zona.

La polémica geológica

Junto a esos dos frentes, un reciente estudio publicado en la revista de la Sociedad Geológica de España en el que ocho geólogos de las universidades de Zaragoza y de Burgos alertaban del riesgo de rotura de un embalse de esas dimensiones en ese emplazamiento, añadía un nuevo factor de incertidumbre al proyecto.

El artículo advierte del riesgo de “vaciado catastrófico, con consecuencias importantes para algunas poblaciones situadas en el valle del río Jalón", al colocar en un “punto crítico de la cordillera Ibérica” una mole de agua de 103,2 millones de toneladas y hasta 83 metros de espesor.

En esa zona confluye con “multitud de fallas satélites” la del río Grío, susceptible de provocar terremotos. El IGME asigna a ese corte del terreno, que en realidad son tres con cinco tramos, riesgo sísmico a una profundidad de entre cinco y diez kilómetros, mientras que el estudio de los geólogos la señala como una de las “principales fallas sismogénicas” del Sistema Ibérico y alerta de que tiene potencia suficiente como para generar seísmos de hasta 6,8 grados de magnitud.

Mientras tanto, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), el organismo que ejecuta las obras, insiste en que no hay riesgos geológicos. “Tanto los mapas de peligrosidad que complementan la Norma de Construcción Sismorresistente como en el Plan Territorial de Protección Civil de Aragón consideran la ubicación del embalse como una de las zonas con menor sismicidad del territorio español”, sostenía en un comunicado, en el que añadía que “la construcción de esta infraestructura cumple con todas las garantías de seguridad y con la normativa vigente”.

Los responsables de la CHE consideran que el estudio de los geólogos carece de “una justificada metodología científica” y no incluye “ninguna evidencia científica de la existencia de una falla con actividad sísmica durante al menos los últimos 10.000 años”.