El Gobierno quiere tener listo en el primer semestre del año un sistema que garantice la sostenibilidad de las pensiones, y el Pacto de Toledo no se queda atrás. La comisión parlamentaria ha avanzado sobremanera en las recomendaciones que servirán para desarrollar el sistema, y en su seno ya se han alcanzado algunos acuerdos importantes, como la supresión de los préstamos del Estado a la Seguridad Social.

Es habitual que los diferentes gobiernos aprueben préstamos del Tesoro público destinados a cubrir determinadas necesidades de la Seguridad Social, como las relacionadas con las pensiones. En noviembre del pasado año, el Ejecutivo aprobó la concesión de un préstamo del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social de más de 6.000 millones de euros para afrontar el abono de la paga extraordinaria de pensiones que se efectuó en diciembre.

Fuentes conocedoras de las negociaciones del Pacto de Toledo aseguran que el acuerdo de suprimir estos préstamos nace de la necesidad de paliar el endeudamiento de la Seguridad Social. La concesión de estos préstamos se ha convertido con el tiempo en una suerte de fuente de financiación habitual, lo que provoca el refuerzo del “mantra que afirma que el de la Seguridad Social es un sistema deficitario y excesivamente caro”.

En los últimos dos años la deuda se ha duplicado, entre otras cuestiones, por el sucesivo endeudamiento del sistema con el propio Estado. Según datos del Banco de España, si en diciembre de 2016 la deuda ascendía a algo más de 17.000 millones de euros, dos años después, en octubre de 2018, la cifra rondaba los 35.000 millones de euros.

El repunte de la deuda es incluso más notable si se compara la cifra de octubre con la del primer trimestre del pasado año, periodo en el que creció un 27, 5 por ciento, debido a los préstamos que concedió el Estado a la Seguridad Social para garantizar el pago de las pensiones.

Además, este año se prevé que el Estado realice un nuevo préstamo de los fondos del Tesoro equivalente al déficit de la Seguridad Social, que representa el 1,2 por ciento del PIB, por lo que la deuda se situaría por encima de los 50.000 millones. El Estado volverá a prestar dinero a la Seguridad Social por el temor a vaciar el Fondo de Reserva, conocido como la “hucha de las pensiones”, que el Gobierno no quiere extinguir.

Informe de la AIReF

El Pacto ha avanzado con agilidad sus trabajos en los últimos meses. Desde que los grupos acordaron volver a situar el IPC como el índice de revalorización de las pensiones, se han centrado en resolver el resto de recomendaciones, aunque fuentes conocedoras de las negociaciones admiten la dificultad de llegar a un acuerdo en la recomendación uno, que es la que se refiere a las fuentes de financiación del sistema.

Aunque desde la comisión evitan fijar una fecha concreta para establecer el plazo de resolución de las conclusiones, estas mismas fuentes afirman que se cerrarán “más pronto que tarde”, lo que concuerda con la intención del Ejecutivo de lograr un acuerdo sobre el sistema de pensiones antes de junio. La intención del Ministerio de Trabajo es comenzar las negociaciones con los agentes sociales la semana que viene, y fuentes del Ejecutivo manifiestan que el objetivo es el de conseguir un consenso similar a la reforma de las pensiones que llevó a cabo José Luis Rodríguez Zapatero en 2011.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha presentado un informe en el Pacto de Toledo que condicionará los trabajos que hagan los parlamentarios sobre las recomendaciones. La institución recoge en su informe que el gasto en pensiones aumentará en 9,5 puntos de aquí a 2048, hasta el 20,2%, teniendo en cuenta sus estudios y proyecciones demográficas, que contemplan un flujo de entradas netas anuales de 270.000 inmigrantes, una natalidad de hasta 2 hijos por mujer en 2050 y un incremento de la esperanza de vida hasta los 87 años.

Fuentes de la comisión aseguran en este sentido que, aunque el trabajo del pacto esté “muy avanzado”, las recomendaciones, en connivencia con la negociación entre Gobierno y agentes sociales, servirán para establecer una solución a los problemas que plantea el sistema de pensiones “a corto y medio plazo”.

Por eso, estas mismas fuentes apuestan por que la actividad de la comisión parlamentaria continúe en el Congreso, por un lado para vigilar la implementación de las recomendaciones en el nuevo sistema y, por otro, para comenzar a trabajar sobre reformas estructurales válidas para el largo plazo.