El Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado advertir por primera vez al presidente de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, y al resto de miembros de su gobierno de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudiera incurrir si desobedece las resoluciones de este órgano en relación con una resolución que el Parlament de Catalunya aprobó el pasado 26 de septiembre sobre la "orientación política general del Govern".

En dicha resolución, el Parlament vuelve a insistir de manera concreta el derecho de autodeterminación. La advertencia es consecuencia de la admisión a trámite por el Constitucional de sendos incidentes de ejecución presentados por el Gobierno de Pedro Sánchez y deja en suspenso determinados incisos de la citada resolución de la cámara parlamentaria autonómica.

En sendas providencias, el TC ha admitido por unanimidad los dos incidentes de ejecución de sentencia presentados por el Gobierno para anular los acuerdos del Parlament y ha suspendido los apartados que hacen referencia a la "orientación política general del Govern", donde la Cámara volvió a declarar ejercer de manera concreta el derecho de autodeterminación.

La Cámara dio luz verde ese día a una resolución en la que reclamaba la "legitimidad de la desobediencia civil e institucional" para defender "derechos civiles, políticos y sociales" y una respuesta institucional a la sentencia del procés que pase por el "ejercicio del derecho a la autodeterminación" y por reclamar una "amnistía" si hay condenas.

Las providencias que el Constitucional ha acordado se notificarán al presidente del Parlament, Roger Torrent; al secretario de la Mesa de la cámara, Xavier Muro; y a los miembros de la Mesa Josep Costa i Rosselló, Joan García González, Eusebi Campdepadrós i Pucurull, David Pérez Ibáñez, Laura Vílchez Sánchez y Adriana Delgado i Herreros. Asimismo, a Torra y al resto de su Govern, según figura en las providencias.

A todos ellos "se les advierte de su obligación de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir".

El Abogado del Estado amparó la presentación del incidente de nulidad en una sentencia del propio TC que declaraba la inconstitucionalidad y nulidad de una resolución de la cámara autonómica de 2015 que expresaba la voluntad de avanzar hacia la independencia.

El TC dará traslado al Ministerio Fiscal y al Parlament de la petición de declaración de nulidad de la resolución, con el objeto de que en el plazo de diez días formulen las alegaciones que estimen convenientes.