El 10 de julio de 2019 Barcelona en Comú y el PSC suscribieron el llamado "Acuerdo de izquierdas para el gobierno de Barcelona". El segundo acuerdo entre ambas formaciones después de que el primero se resquebrajara en el momento que Ada Colau expulsó a los socialistas del gobierno municipal en el anterior mandato por el apoyo del PSOE a la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Catalunya. El acuerdo actual fue la primera piedra para que la alcaldesa reeditara la alcaldía después de perder las elecciones municipales frente al candidato de ERC, Ernest Maragall. El segundo puntal de la maniobra era disponer de los votos de los diputados de Ciudadanos afines a Manuel Valls. Sin ellos Colau no disponía de la mayoría suficiente y Maragall sería proclamado alcalde. Finalmente Valls, el candidato de las élites y la oligarquía de Barcelona, hizo alcaldesa a Colau tras una negociación que condujo el PSC, tal como ha reconocido recientemente su cabeza de lista y ahora primer teniente de alcalde, Jaume Collboni.

El "Acuerdo de izquierdas para el gobierno de Barcelona" está encabezado por el siguiente párrafo: "El presente acuerdo es para la configuración de un gobierno de Barcelona y por Barcelona, con su objetivo político centrado en la defensa de la ciudad. El gobierno realizará su labor con este único objetivo, y no se subordinará a ninguna otra lógica, criterio o institución. Ambos partidos que conforman el gobierno municipal expresarán de forma autónoma sus posiciones respecto al ámbito nacional, de acuerdo con sus propios posicionamientos políticos, y así se expresará en caso de que estos asuntos lleguen al Plenario Municipal o en los diferentes órganos de gobierno, garantizando en todo momento la estabilidad y la solidez del gobierno municipal y el respeto de la pluralidad de Barcelona". Un texto seguramente pensado desde la óptica que las discrepancias entre Barcelona en Comú y el PSC podían venir básicamente de posiciones en política extra municipal. Por ejemplo con respecto a la solución del conflicto político entre Catalunya y el Estado en el que los comuns apuestan por la celebración de un referéndum pactado mientras que los socialistas lo rechazan.

Pero lo cierto es que superado el ecuador del mandato el gobierno municipal acumula un importante cúmulo de discrepancias. Y si bien algunas se circunscriben al párrafo de encabezamiento del acuerdo, como por ejemplo la posición totalmente antitética respecto a la monarquía, la mayoría de divergencias de los dos socios del gobierno municipal están centradas en la gestión y el modelo de ciudad. Van desde la creación de una sede del Hermitage en la zona portuaria, a la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno 2030, pasando por el modelo turístico de Barcelona, o incluso los cambios urbanísticos en las calles de la ciudad o la elección del Síndic (Defensor del Pueblo local). Y la ampliación aeroportuaria se suma ahora a la lista de una forma contundente. Las importantes diferencias entre Barcelona en Comú y el PSC demuestran, según el principal grupo de la oposición y ganador de las elecciones, ERC, que el gobierno bipartito es un puro "matrimonio de conveniencia para mantener el poder" y en el caso de Ada Colau "para aferrarse a la alcaldía". Aunque sea a costa de grandes discrepancias en el modelo de ciudad y de los votos de un representante de los poderes fácticos y ultraconservadores y de talante racista como el que representa Manuel Valls, aseguran los republicanos.

La ampliación del aeropuerto

La ampliación del aeropuerto de El Prat-Barcelona hace crecer de forma exponencial las discrepancias que acumulan los socios del gobierno municipal del ayuntamiento de la capital catalana, Barcelona en Comú y PSC. Contrasta la dureza de las críticas de los cargos municipales de los comuns, encabezados por la propia alcaldesa, con la euforia de los socialistas. Para Ada Colau "se nos ha presentado un modelo del pasado, un negocio para unas pocas empresas a costa de especular con el territorio". También ha destacado que es "evidente" que incumple todos los compromisos contra el cambio climático y recordó los efectos que ya está teniendo la crisis climática, como las olas de calor o los incendios y ha defendido que es urgente actuar "con rigor". Según la alcaldesa, la propuesta de Aena es "la economía del pelotazo y la destrucción del territorio" y lo único que garantiza es aumentar 20 millones de visitantes de turismo "masificado".

Las duras críticas de la alcaldesa de Barcelona contrastan con las eufóricas declaraciones de su primer teniente de alcalde y jefe del grupo del PSC en el Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni: "Es una magnífica noticia para Barcelona y para Catalunya que nos permitirá convertirlo en un hub Intercontinental, atraer inversiones y generar miles de puestos de trabajo. Nuestro futuro está en juego", exclamó al conocer la noticia del acuerdo sobre la ampliación del aeropuerto. Collboni también destacó el "triunfo del sentido común" gracias al impulso de la nueva ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez Jiménez, ex alcaldesa socialista de Gavà. "Ha hecho posible un acuerdo histórico para desatascar un proyecto vital para Barcelona. Después de años de parálisis, queda demostrado que el diálogo es la vía para hacer avanzar a Barcelona, Catalunya y España ", concluye el primer teniente de alcaldía del Ajuntament de Barcelona.

Los Juegos de Invierno Barcelona-Pirineos 2030

Otro de los temas estratégicos, nada menor, que divide a los dos socios del gobierno municipal es la participación de Barcelona en la candidatura olímpica para los Juegos de Invierno de 2030 que tendría los Pirineos como referente. Mientras Barcelona en Comú se muestra poco entusiasta por no decir en contra, el PSC es un firme defensor y de hecho el proyecto salió del último alcalde socialista que tuvo la capital catalana, Jordi Hereu, hace una década.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, exige que se consulte a la ciudadanía de la capital sobre el proyecto de Juegos Olímpicos de Invierno que impulsa el Govern de la Generalitat. "Si se hace una consulta a los Pirineos y se pide a Barcelona que acompañe este proyecto poniendo el nombre de la ciudad, doy por hecho que también se consultará a la ciudadanía de Barcelona. Me parece que es un mínimo exigible", asegura. La alcaldesa ha considerado que el proyecto olímpico "primero" debe garantizar unas "condiciones de sostenibilidad ambiental y económica".

Por su parte, el líder del PSC en Barcelona, Jaume Collboni, celebró y aplaudió que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, haya dirigido una carta al presidente del COE expresando la intención de optar a ser sede olímpica. Collboni ha asegurado que el Govern tiene el apoyo del grupo socialista en el Ajuntament de Barcelona. "Es una magnífica noticia que celebramos. Espero que la ciudad de Barcelona esté en el lugar que le corresponde como capital de Catalunya y como marca internacional referenciada al olimpismo", asegura Collboni.

Se da la circunstancia de que la divergencia entre los socios del gobierno municipal deja a la alcaldesa Ada Colau y a su grupo en solitario contra los dos proyectos en el consistorio. Tanto en la ampliación del aeropuerto, como en el tema de los Juegos, ERC y Junts han hecho frente común como socios del Govern de la Generalitat. Hecho que en el Ajuntament de Barcelona conlleva una amplia mayoría absoluta de estos dos grupos sumando a los socialistas. Y a la espera de la posición de Ciudadanos y el PP que probablemente será favorable a los dos proyectos y que en cualquier caso disponen de una mínima representación.

La construcción del Hermitage

Otro proyecto en clave totalmente local que fractura por la mitad el gobierno de Barcelona es la construcción en la zona portuaria de la ciudad de una sede del Museo del Hermitage en la bocana del puerto. Aunque el Port de Barcelona ha activado el proyecto, de iniciativa privada pero que incluye la participación del Liceu, la comisión de gobierno del Ajuntament de Barcelona cerró hace poco más de dos meses la puerta a los planes del Hermitage. Pero también lo hizo con la división entre los socios del ejecutivo local, ya que mientras Barcelona en Comú votó a favor de desestimar las alegaciones del Port de Barcelona y denegar el convenio entre las dos instituciones, el PSC se abstuvo.

Colau ha cerrado la puerta a la posibilidad de que el museo aterrice en el solar municipal de la nueva bocana del puerto. "No necesitamos más concentración turística", asegura, añadiendo que el proyecto va en la línea contraria del modelo de ciudad que defiende el consistorio y ha defendido la necesidad de estudiar alternativas.

En cambio, la teniente de alcaldía Laia Bonet, del PSC, no ve problemas en el proyecto y asegura que los socialistas son partidarios de la iniciativa cultural, y turística, en la ciudad. "También de la privada", recalca. Bonet ha valorado negativamente la decisión de los comuns. "Es fácil que se nos vea como el gobierno del no, y nosotros queremos ser el gobierno del sí", ha dicho. Para Bonet, la denegación del convenio es un "mensaje negativo" que compromete las negociaciones con el puerto de cara a un futuro proyecto y aumenta el riesgo de "judicialización". "Es un posible bastón en las ruedas", asegura.

El modelo turístico y el puenteo con los poderes fácticos

El tema del Hermitage va ligado a una discrepancia mucho más profunda como es la visión diferente de lo que supone el turismo para Barcelona y el modelo de gestión que hay que aplicar. Aunque con la pandemia y la necesidad de que el turismo vuelva a Barcelona las posiciones contrarias se han relajado, lo cierto es que históricamente comuns y socialistas han tenido posiciones distantes. Mientras Barcelona en Comú apuesta por una estricta regulación que limite un sector que se considera "masificado", los socialistas creen que hace falta una mayor flexibilidad para dinamizar un sector que consideran estratégico para la economía de la capital catalana. Temas claves del enfrentamiento entre los dos socios han sido el plan especial urbanístico de alojamientos turísticos que limitaba la apertura, la actividad crucerista del puerto o algunos hoteles en concreto como el Praktik de la zona de Drassanes que el mandato pasado comportó duros enfrentamientos en contra por parte de los comuns y a favor por parte de los socialistas. Pero no sólo es la diferencia en el modelo lo que ha generado tensiones entre Barcelona en Común y el PSC sino el hecho de que los socialistas se han erigido como interlocutores del gobierno municipal con poderes fácticos y económicos de la ciudad como los gremios de hoteleros o de la restauración que ven en las políticas de Colau un freno a sus intereses y buscan la intermediación de los socialistas, con quien mantienen una relación mucho más fluida, puenteando a la alcaldesa. Lo que despierta desconfianza en sectores de los comuns barceloneses.

Batalla por el nuevo Síndic de Barcelona

La más reciente discrepancia entre los socios ha sido la elección del nuevo Síndic de Barcelona que había que elegir este mes de julio y que la división entre comuns y PSC ha obligado a retrasar hasta septiembre. La falta de acuerdo entre los dos socios de gobierno es la principal dificultad de un proceso que tiene en el nombre de David Bondia el centro de la polémica como sustituto de Maria Assumpció Vilà, la actual Síndica. Bondia fue el más votado por los ciudadanos en el proceso de consulta que se abrió. De los 3.300 votos que se emitieron, recibió 1.400, con 57 asociaciones dándole su apoyo. El segundo candidato, Ramon Nicolau, recibió 410 votos, pero el apoyo de 73 asociaciones. Desde el PSC se apoya a Nicolau, que había formado parte del equipo de gobierno del alcalde socialista Jordi Hereu. La maniobra dilatoria del PSC y la división en el gobierno ha generado las críticas del principal partido de la oposición, ERC, que también apoya la elección de Bondia como los comuns. La concejala republicana Elisenda Alemany avisó que "los números hablan por sí solos", y advirtió que su grupo tiene muy claro que "el candidato de la ciudadanía no lo puede tumbar ningún despacho".

Los cambios urbanísticos en las calles de la ciudad

Incluso las actuaciones urbanísticas realizadas en las calles de Barcelona han generado enfrentamiento entre los dos grupos del gobierno municipal. La concejala de Movilidad, Rosa Alarcón, del PSC, no ahorró críticas en su día a las medidas urbanísticas tomadas por el área de Urbanismo, que comanda una de las mujeres fuertes de Colau, Janet Sanz. Alarcón dijo que los bloques de hormigón situados para reducir carriles de circulación y ampliar el espacio para los peatones «no son adecuados para el siglo XXI». Sobre la pintura en el asfalto en otros puntos de la ciudad, Alarcón señaló que ello también está pendiente de revisión. Además, el PSC se opone a crear un peaje urbano para acceder a Barcelona como defienden los comuns y Alarcón recordó que "este concepto no se encuentra incluido en nuestro Plan de Movilidad ni en el pacto de gobierno". Y tampoco ha habido una gran sintonía en el proyecto de implementación de la reordenación viaria que suponen las ‘supermanzanas’ en algunos barrios.

Polémica por el retrato del rey

Aunque la monarquía es uno de los temas en que los dos grupos del gobierno de Barcelona quedan liberados para mantener discrepancias por no ser de carácter local, hace pocos días la cuestión tuvo una traslación directa al pleno municipal. El Ayuntamiento de Barcelona tuvo que colocar una foto del rey Felipe VI en una pared lateral del Salón de Plenos para cumplir la resolución judicial emitida por el Tribunal Supremo. La imagen de un monarca español retornaba así a la sala después de que hace seis años, en 2015, se retirara el busto de Juan Carlos I. Sólo empezar el pleno, la alcaldesa Ada Colau, que lucía una mascarilla con la bandera republicana, hizo una intervención en la que remarcó que el cambio en la simbología presente en el Consell Plenari es "por imperativo legal" y para no comprometer a la institución y a los funcionarios públicos del consistorio. Pero añadiendo que aquellos que defienden la monarquía deberían reflexionar, ya que si hay una imagen del rey en el Salón de Plenos no es "ni por estima ni por respeto" sino estrictamente por una resolución judicial.

La tensión con los socios surgió inmediatamente cuando en nombre del grupo socialista intervino el primer teniente de alcaldía, Jaume Collboni, criticando que se haga un "debate" sobre la simbología monárquica el Salón de Plenos "cuando hay temas importantes" en el orden del día. Collboni recriminó que Colau "habría podido hacer una intervención más descriptiva y haberlo dejado aquí". En una segunda intervención, Colau puntualizó a su socio de gobierno que "hacer una intervención contra la banalización del fascismo y reivindicar la memoria de miles de represaliados no va en detrimento de todo el orden del día". Collboni quiso replicar pero la alcaldesa le negó el turno de palabra. "Ha finalizado el turno, no tiene uso de la palabra", remachó Colau en aquel tenso pleno del 23 de julio ante las peticiones reiteradas del primer teniente de alcaldía y en una situación de alta tensión entre los dos máximos dirigentes del gobierno municipal.

Lista interminable de discrepancias

Estos son sólo algunos de los casos que han generado mayor confrontación pública entre la Barcelona en Comú de Ada Colau y los socios del PSC. Pero la lista es casi interminable. Se podría sumar muchos otros temas que a pesar de no haber generado tanto ruido también han comportado división de pareceres. Por ejemplo los relativos a la gestión pública de los servicios que impulsan los comuns mientras que el PSC es contrario, como la creación de una funeraria pública, o la remunicipalización del servicio de suministro doméstico de agua, o el modelo de seguridad en la ciudad por parte de la Guardia Urbana.

A la vista de esta retahíla de desencuentros se podría pensar que el gobierno municipal de Barcelona está a punto de la ruptura. Pero fuentes de ambos partidos aseguran que a diferencia del mandato pasado esta vez, sin embargo, el gobierno de coalición llegará hasta las próximas elecciones municipales del 2023. El propio dirigente socialista y primer teniente de alcalde, Jaume Collboni, lo asegura: "Es normal que se produzcan debates, nos ayudan a encontrar la solución de máximo consenso", asegura. Un hecho que lleva al principal partido de la oposición a definir el actual gobierno municipal como "matrimonio de conveniencia". Desde ERC consideran que las discrepancias entre los socios hacen evidente que el acuerdo se fundamentó en el objetivo de Colau de aferrarse a la alcaldía ya que los modelos de ciudad son muy diferentes. Y ponen en valor "la responsabilidad" que los republicanos aseguran han mantenido en temas centrales de la ciudad votando a favor del gobierno municipal y algunas veces "a pesar de las reticencias del PSC".

Pero desde el PSC, Collboni recuerda que temas como el aeropuerto no están incluidos en el acuerdo de gobierno, que asegura se está cumpliendo en su contenido, y que es a lo único a que se deben los socialistas. "En el resto de temas es normal que haya discrepancias", asegura. El "Acuerdo de izquierdas para el gobierno de Barcelona" consta de ocho puntos: 1. La lucha contra las desigualdades y la defensa de los derechos sociales, la diversidad y el feminismo. 2. La lucha contra la emergencia climática y la contaminación. 3. El progreso económico compartido. 4. El derecho a la ciudad, la vivienda y la transformación urbana en los barrios. 5. La apuesta por la educación, la cultura, el deporte y la ciencia. 6. La seguridad, la prevención y la convivencia. 7. Una administración fuerte, con valores democráticos, fácil para la ciudadanía y con unas finanzas saneadas. 8. El compromiso metropolitano y el liderazgo internacional de Barcelona, a partir de los principios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

ERC encabeza las encuestas para repetir victoria

Así pues, si hacemos caso a las fuentes de los dos partidos, el mandato acabará con el PSC en el gobierno municipal a pesar de las múltiples discrepancias con Barcelona en Comú. Otra cosa será el impacto que esto tenga en las elecciones municipales de 2023 en las que se vislumbra una fuerte competencia entre los dos socios, junto con ERC que aspira a revalidar la victoria de la última contienda electoral y esta vez alcanzar la alcaldía que les arrebató la operación Colau-Collboni-Valls. Los candidatos están aún por definir por parte de los tres partidos pero es muy probable que terminen repitiendo al frente de las candidaturas Ernest Maragall por ERC, Ada Colau por Barcelona en Comú y Jaume Collboni por el PSC.

De momento ERC ganaría las elecciones municipales en intención de voto con un 13,8%, según el último Barómetro Semestral del Ajuntament de Barcelona publicado el pasado mes de julio. Hace seis meses obtuvo un 12%. Barcelona en Comú sería la segunda fuerza con el 12,3% de los votos, por el 12,2% de la encuesta de diciembre pasado. En tercer lugar se situaría el PSC con un 9,6% de los sufragios (8,3% hace seis meses) y en cuarto Junts, que pasa del 3,5% obtenido en el último barómetro a un 7,2%. En cuanto a la nota personal de los líderes, el mejor valorado es el republicano Ernest Maragall (5,5). La alcaldesa Ada Colau mejora cuatro décimas respecto a diciembre y obtiene un 4,7, empatando con su socio de gobierno, Jaume Collboni (que se mantiene con la misma nota) y con la jefa de filas de Junts, Elsa Artadi.