El Congreso de los Diputados aprueba la toma en consideración de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que propone Sumar y con la que pretende recuperar la jurisdicción universal con tal de que los tribunales españoles puedan perseguir crímenes que atenten contra los derechos humanos a pesar de que no se cometan en suelo español. De aprobarse la iniciativa, España podría luchar, tal y como explican desde la formación magenta, para que el genocidio israelí contra la población palestina no quede impune.

Enrique Santiago, portavoz parlamentario de Izquierda Unida y portavoz sustituto de Sumar, ha sido el encargado de defender la iniciativa, este martes, en la Cámara Baja.

Aunque existía la duda de cuál sería el voto de Junts per Catalunya, finalmente la formación que lidera Carles Puigdemont ha apoyado la iniciativa, que también ha contado con el voto favorable del Partido Socialista, EH Bildu, Esquerra Republicana de Catalunya, Partido Nacionalista Vasco (que registró una reforma a la ley similar), Podemos, Bloque Nacionalista Galego y Coalición Canaria.

Es una reforma que, de acuerdo con sus propias palabras, remienda otra que se aplicó a la ley en 2009 "a través de una modificación en buena medida impuesta ya entonces por Israel para cerrar un caso que se seguía en la Audiencia Nacional sobre ejecuciones extrajudiciales en Gaza mediante bombardeos contra la población civil".

En su intervención, Santiago ha hablado de "recuperar las herramientas para terminar con la impunidad" de crímenes como el de Gaza. Sumar no propone otra cosa que recuperar la ley tal y como estaba antes de ese 2009. "España ha sido un precursor en ese sentido desde 1996", ha apuntado el portavoz para añadir, después, que "cualquier Estado tiene la obligación de proteger a la población bajo su autoridad" y que "la soberanía nacional nunca puede ser una excusa para que se prive a las víctimas de los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación".

La reforma, que no ha sido redactada expresamente para combatir los crímenes de Israel contra la población palestina, pero que tendría incidencia en ese caso particular, otorgará, de aprobarse, competencias a España para investigar genocidios, crímenes de lesa humanidad, terrorismo, trata de seres humanos, piratería, delitos de desapariciones forzadas, delitos contra recursos naturales, tráfico ilegal de drogas o mutilación genital femenina, según puede leerse en la Proposición de Ley entregada a la Mesa del Congreso.

A partir de este punto, la ley continuará su tramitación en comisión parlamentaria, donde podrá se someterá a la inclusión de enmiendas por parte de los distintos grupos parlamentarios. Una vez supere ese procedimiento, se someterá a la aprobación definitiva en el Congreso de los Diputados y, después, pasará al Senado.