La Abogacía del Estado presentó este lunes un nuevo escrito dirigido a la titular del Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, encargada del caso 8M, en el que solicitó el archivo de la causa y cargó contra la propia magistrada y la Guardia Civil. En concreto, el órgano jurídico reprocha a ambos el iniciar una "causa general" contra las autoridades y "contra la gestión de la crisis sanitaria", además de iniciar una "búsqueda voraz de indicios de delito".

Según avanzó el diario El País, la Abogacía concreta en su escrito que "los más de 2.000 folios de investigación que han sido necesarios para poder llamar al delegado del Gobierno como investigado evidencian que al iniciar las diligencias previas no había ningún indicio, y sigue sin haber, como se desprende de los informes encargados para hacer acopio probatorio, sino meras sospechas huérfanas de apoyo". "La instrucción tenía por objeto, no investigar indicios de delito, sino encontrarlos", zanja.

Además, la Abogacía también carga con dureza contra la Guardia Civil. Acusa al instituto armado de intentar atribuir "oscuras maniobras" a la Delegación del Gobierno y afirma que los agentes han "tergiversado" las declaraciones de varios testigos para insinuar que se les presionó. "No hubo ninguna mano negra por más esfuerzo que se haga en encontrarla", señala el escrito.

El texto también le atribuye hasta 14 "errores" e "imprecisiones" a los dos informes enviados por el instituto armado a la magistrada, a la que recrimina que no haya practicado ninguna diligencia de investigación y haya dejado en manos de la Guardia Civil toda esta tarea. 

Además, el documento critica que el último informe cargara contra el Centro de Alertas Sanitarias y su director, Fernando Simón, insinuando que este estaba ocultando información útil. "Es evidente que se ha querido investigar y se ha investigado a quien no ha tenido nunca la condición de investigado por hechos que no constituyen el objeto de las presentes actuaciones", recalca el documento, que señala: "A la vista del informe aportado por la Policía Judicial el 1 de junio de 2020, queda patente que la investigación ha desbordado los límites de la prevaricación administrativa imputada al delegado del Gobierno para extenderse a la gestión de la crisis sanitaria por el Gobierno".

Este lunes, la Fiscalía Provincial de Madrid solicitó a la jueza que archive la investigación contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por la autorización de manifestaciones en los primeros días de marzo y, en concreto, la del 8M.

El mismo día también se conoció el segundo informe del médico forense adscrito al Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, que afirma que "la hecatombe en España" que ha devenido en la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus "se veía venir" desde semanas antes del 8 de marzo y que tanto el ministro de Sanidad, Salvador Illa, como el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, conocían la situación. Asimismo, señala al Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, dirigida por Enrique Ruiz.